El Consejo de Europa se muestra preocupado por las sentencias que imponen un mínimo de clases en castellano

• Critica también la situación de las lenguas en Aragón, Baleares o la Comunidad Valenciana por el "deterioro" sufrido
• El Consejo lamenta además la situación en la Administración del Estado en las comunidades con lengua cooficial

Banderas ondeando frente al edificio del Consejo de Europa GETTYIMAGES

El Consejo de Europa considera que las sentencias judiciales que imponen un mínimo de clases en castellano en comunidades autónomas con lengua cooficial infringen los compromisos que España ha asumido para proteger las lenguas regionales o minoritarias.

En su informe de evaluación de España sobre la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, los expertos del Consejo de Europa se muestran "profundamente preocupados" por las sentencias judiciales que imponen un mínimo de clases en castellano por las "incertidumbres" que han creado sobre el uso de una u otra lengua como vehicular en la educación.

Los expertos recuerdan que España cuando suscribió esa carta -algunos países miembros como Francia no han querido hacerlo para no estar obligada a garantizar a ninguna otra lengua, aparte del francés- optó por "el máximo nivel de protección".

Eso implica que la lengua regional o minoritaria debe utilizarse como lengua vehicular para la enseñanza de las diferentes asignaturas (por ejemplo, el catalán en Cataluña), y eso con la única excepción de las clases de lengua española y de lenguas extranjeras. 

Fijar porcentajes, contrario a los compromisos de España

Para el comité de expertos encargados de la evaluación, ese principio debe aplicarse de forma "flexible", y teniendo en cuenta que el preámbulo de la carta establece que la protección de las lenguas regionales o minoritarias "no debe hacerse en detrimento de las lenguas oficiales y de la necesidad de que se aprendan".

Es decir, que en algunas escuelas por sus circunstancias sociolingüísticas el uso del castellano como lengua vehicular en una o más asignaturas puede ser necesario para garantizar su aprendizaje. 

Pero al mismo tiempo, insiste en que "fijar un porcentaje mínimo de enseñanza en castellano para cada centro escolar es claramente contrario a los compromisos aceptados por España en virtud del artículo 8 de la carta".

La polémica resurgió sobre todo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que a finales de 2020 estableció que los centros escolares allí tenían que impartir un mínimo del 25% de las clases en castellano, lo que cuestionaba en parte el modelo de inmersión lingüística en esa comunidad autónoma, en la que el catalán es la lengua vehicular.

Los expertos del Consejo de Europa cargan también contra la acción de algunas comunidades autónomas, y destaca los casos de Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana porque constatan allí "un deterioro de la situación" de las lenguas regionales o minoritarias con "medidas que dificultan" el cumplimiento de las obligaciones de la carta.

Un buen desarrollo con cuestiones pendientes

En términos generales, el Consejo de Europa estima que el sistema de protección de las lenguas regionales y minoritarias está "bien desarrollado" y hace notar que se pueden utilizar las lenguas cooficiales desde 2023 en el Congreso y en el Senado.

Pero sigue viendo cuestiones pendientes en la educación -como las citadas sentencias-, en la Justicia, en la Administración del Estado en algunos servicios públicos y en los intercambios transfronterizos.

Sobre la Justicia, señala que la legislación actual o la interpretación que de ella se hace "no garantiza" que los tribunales lleven a cabo los procedimientos en las lenguas cooficiales, y aunque admite que no hay datos a nivel estatal, "es bien sabido" que "casi nunca se utilizan" ni en las audiencias, ni en los dictámenes, ni en los documentos o en la correspondencia con las partes.

Es más -añaden los expertos europeos- la mayoría de las instancias judiciales "no atienden las peticiones para recibir documentación" en esas lenguas cooficiales que son el catalán, el euskera o el gallego.

El Consejo de Europa critica igualmente la situación en la Administración del Estado en las comunidades con lengua cooficial, porque la proporción de la plantilla que tiene un conocimiento para poder trabajar con ella "sigue siendo demasiado baja y muchos textos administrativos y formularios continúan estando disponibles solo en castellano".