El Gobierno recurrirá el protocolo de Canarias sobre los menores migrantes con el aval del Consejo de Estado

• El dictamen del Consejo de Estado subraya que el protocolo canario afecta a los "derechos fundamentales" de los menores
• El ministro Torres señala que las comunidades autónomas "no pueden dejar de cumplir con sus competencias"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Torres, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros EFE/ Javier Lizón

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Víctor Ángel Torres, ha anunciado este martes que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) el protocolo del Ejecutivo de Canarias sobre los menores migrantes no acompañados porque afecta a "derechos fundamentales" y porque "no pueden no cumplir con sus competencias".

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Torres ha explicado que el Consejo de Estado ha avalado dicho recurso en el dictamen que le solicitó el Gobierno la semana pasada sobre si podía llevar al TC el protocolo, por el cual Canarias no acepta en sus centros de acogida a menores migrantes no acompañados sin identificar.

"Existen fundamentos jurídicos suficientes para recurrir al Tribunal Constitucional [...]. Una comunidad autónoma no puede no cumplir con las competencias propias ni atribuirle otras al Estado", ha señalado tras leer parte del dictamen del Consejo de Estado, que ha sido aprobado por "unanimidad".

El dictamen del Consejo de Estado

En el informe, el Consejo de Estado pone el acento en los "derechos fundamentales" que tienen los menores, pues, indica que, aunque hayan entrado de manera irregular, "hay una obligación de asistencia por parte de las autoridades públicas".

Asimismo el órgano consultivo subraya que en materia de inmigración, "las entidades públicas de las comunidades autónomas están obligadas a atender y acoger a los menores" desde "el mismo momento de su localización y entrega por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Además, señala que "la dificultad para determinar su edad" la "insuficiencia de recursos" no son "circunstancias" que permitan "justificar un eventual rechazo".

Según el Consejo de Estado, la entrega de estos menores a los servicios autonómicos tampoco puede estar condicionada, como pretende el protocolo, a una previa decisión del Ministerio Fiscal sobre la minoría de edad del joven.

"Tanto si la minoría de edad es indubitada como si existen dudas acerca de la misma, las entidades públicas autonómicas de protección de menores del lugar de localización deberán hacerse inmediatamente cargo de los mismos sin que puedan rehusar o demorar su recepción", señala. 

El informe sostiene que el protocolo supone "una vulneración del derecho a la protección y asistencia especial que resulta imprescindible para garantizar su dignidad, el libre desarrollo de su personalidad y su integridad física". 

Preguntado por la reunión prevista para esta semana entre el Gobierno central, el canario y el PP con el objetivo de conseguir un acuerdo para modificar la ley de extranjería que establezca una acogida vinculante de los menores llegados a Canarias entre las comunidades, Torres ha señalado que la voluntad de las tres partes es que se produzca "cuando antes, en los próximos días". 

Ha reiterado que no cree que sea una reunión definitiva, pero sí definitoria y ha insistido en que el Gobierno seguirá trabajando para la reforma de la ley de extranjería.

Recurso a la ley de medidas fiscales riojanas

Pero el protocolo de Canarias no es lo único que recurrirá el Gobierno ante el Constitucional. Torres ha explicado que el Consejo de Ministros ha acordado también interponer un recurso de inconstitucionalidad contra uno de los artículos de la ley aprobada el pasado año por el Gobierno de La Rioja para tramitar de urgencia contratos públicos sobre la ejecución de los fondos de reconstrucción de la Unión Europeo.

Según Torres, los apartados 1 y 2 del artículo 12 de la Ley autonómica de Medidas Fiscales y Administrativas para el presente curso “son incompatibles” con las bases nacionales relativas a los fondos europeos e invaden competencias del Estado, por lo que son inconstitucionales.

También ha observado que podrían vulnerar la normativa de la UE en materia de contratación, lo que podría “tener riesgo de correcciones y afección económica” en cuanto a la concesión de los fondos ‘Next generation’, impulsados para reactivar la economía tras la pandemia.

Canarias acusa al Gobierno de agravar el problema

Por otro lado, el Ejecutivo canario considera que el Gobierno de España está agravando la crisis migratoria con su "manifiesta dejación de funciones" en esta materia y sostiene que "no existe competencia constitucional o estatutaria" que le obligue a acoger "a cuantos menores migrantes no acompañados la Administración del Estado decida traer al archipiélago".

El Gobierno de Fernando Clavijo aprobó este lunes un emplazamiento legal por el que da 30 días al Consejo de Ministros para que cumpla con las obligaciones que, a su juicio, le competen en la acogida de los menores que llegan a las islas en pateras o cayucos, con la advertencia de que, de lo contrario, acudirá a los tribunales.

Con una red de acogida de menores que ha crecido en los últimos meses de 29 a 81 centros y, aún así, está ya más que desbordada por casi 6.000 chicos, el Gobierno de Canarias ha dado un paso más en el pulso legal que mantiene con el Estado desde el 2 de septiembre, el día en que decidió no acoger a ningún menor más si la Policía no se lo entrega cumpliendo estrictamente los protocolos.

Canarias recuerda que, hasta la fecha, ha seguido atendiendo a todos los menores migrantes que le entrega la Policía, aunque esta se los confíe "con una lista de nombres, en algunos casos con datos tachados o incompletos e incumpliendo el Protocolo Marco estatal aprobado a tal respecto (de 2014)", lo que acaba constituyendo un perjuicio para los propios niños y adolescentes.