La Fiscalía se opone a que el Supremo investigue a García Ortiz por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso

• No ve delito en el fiscal general al informar sobre el novio de Ayuso y pide archivar la querella
• El novio de Ayuso se querelló por informar del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen atendiendo a la prensa EFE/ J.L.Cereijido

La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, ha emitido este lunes un informe donde se opone a que el alto tribunal investigue al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos por la difusión de información sobre el procedimiento por presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

El empresario González Amador presentó una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra dos fiscales por la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. 

Tras investigarlo y asumir García Ortiz su responsabilidad, el TSJM envió la causa al Supremo por si había indicios contra él, algo que rechaza de plano la teniente fiscal, que defiende que los hechos "no son constitutivos de delito" y pide "archivar las actuaciones".

El TSJM elevó la causa al Supremo

Sánchez-Conde se ha pronunciado después de que el pasado julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevara al alto tribunal la causa por la querella que el novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, presentó contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. 

El TSJM consideró que la difusión de la nota "no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal" (desmentir un bulo), porque "aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros". 

Una vez que se ha pronunciado la Fiscalía, corresponde al Tribunal Supremo decidir sobre la posible imputación del fiscal general. La ponente del asunto es la magistrada Susana Polo, a quienes acompañan en esta sala los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.