Marine Le Pen afronta el juicio por presunta malversación de fondos de la UE
- Está acusada de haber pagado con dinero de la Eurocámara a personal que trabajaba para la ultraderechista Agrupación Nacional
- Le Pen se ha mostrado dispuesta a convertir el juicio en un proceso político
La líder ultraderechista de Agrupación Nacional de Francia (RN, por sus siglas en inglés) Marine Le Pen se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados por un presunto desvío de 6,8 millones de euros del Parlamento Europeo para financiar su partido político cuando era eurodiputada, un juicio que pone en jaque sus opciones de presentarse por cuarta vez a la carrera por el Elíseo en 2027.
La actual cabeza de los parlamentarios de extrema derecha en la Asamblea Nacional está acusada, junto a otras 26 personas, de haber pagado con dinero de la Eurocámara a personal que trabajaba para el partido, haciéndoles pasar por asistentes parlamentarios de Bruselas, entre 2004 y 2016. Un delito por el que puede ser condenada a diez años de prisión, un millón de euros de multa y diez años de inhabilitación, lo que dejaría en suspenso su ambición de convertirse en la primera presidenta de Francia.
Marine Le Pen ha asegurado este lunes sentirse muy serena al comienzo del proceso en el que se le juzga y ha insistido en que confía en la Justicia y en que es inocente. "Tenemos un montón de argumentos para defender lo que creo que es la libertad parlamentaria, que es lo que se discute en este asunto", ha señalado Le Pen en declaraciones a la prensa a la entrada del Tribunal Correccional de París.
"La acusación se sustenta con calzador", ha declarado Le Pen a los periodistas. Mientras, el diputado Alexander Varault, designado como portavoz para este caso, ha denncadio lo que considera "un proceso a un partido lanzado por motivos políticos", en particular por "el ascenso inexorable" de la extrema derecha en las elecciones.
Ella y el resto de los acusados van a tener tiempo, durante los dos meses del juicio, según sus propias palabras, de "demostrar que no se violó ninguna regla, es decir, ninguna regla política y ninguna regla del reglamento del Parlamento" Europeo.
En anteriores ocasiones Le Pen ha afirmado sentirse perseguida por la justicia, a la que acusa de tratar de frenar su asalto al poder que los sondeos dan como posible tras un constante ascenso electoral en los últimos años que le llevó a ser la opción más votada en las pasadas legislativas con más de 10 millones de sufragios.
Es la misma línea de defensa en la que cuentan otros de los acusados, como el ex número dos del partido, Bruno Gollnish, quien ha asegurado que "en el momento en el que la Justicia se ocupa de lo que hacen los asistentes parlamentarios, controla lo que hacen los diputados, lo que atenta contra la separación de poderes".
"Los asistentes parlamentarios trabajaban para nosotros y para nuestra formación política. Es perfectamente legal, ninguna ley lo prohíbe, era una práctica generalizada (...) No hay ningún delito penal, es una cuestión de organización interna", ha agregado el veterano exeurodiputado.
Su entorno ha asegurado que Le Pen acudirá de forma regular al tribunal y que no se escudará en sus abogados, pese a que el juicio coincide con una cargada actualidad política, con los primeros pasos del nuevo Gobierno dirigido por Michel Barnier cuya supervivencia depende de la tutela de la extrema derecha.
Una "trama" para atribuir a la Eurocámara los gastos del Frente Nacional
Diez años de investigación y casi 2.500 pruebas han sacado a la luz lo que la acusación ha bautizado como "una trama para atribuir al Parlamento Europeo buena parte de los gastos del Frente Nacional", rebautizado posteriormente como Agrupación Nacional.
El dinero que la Eurocámara entrega a cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios servía en realidad para retribuir a empleados del partido, según la Fiscalía, que ha acumulado testimonios, mensajes internos y otras pruebas para apoyar la acusación.
En la cúspide de esa trama, según la investigación, estaba, en un primer momento, Jean-Marie Le Pen, él mismo diputado europeo durante más de 30 años, el gran ausente del banquillo de los acusados por su delicado estado de salud a sus 96 años.
El relevo lo tomó su hija Marine, que entró en la cámara de Bruselas en 2004 y que, siempre según la acusación, prosiguió con el sistema que permitió al partido superar la difícil situación financiera que le obligó incluso a vender su cuartel general histórico a las afueras de París.
Aunque la Fiscalía sostiene que el desvío de fondos es antiguo, fue a partir de 2014 cuando cobró una mayor fuerza, porque el FN ganó las Europeas francesas y sentó 24 parlamentarios en Bruselas y Estrasburgo, que tenían a su servicio 23.000 mensuales cada uno para contratar asistentes parlamentarios.
La propia Le Pen utilizó el dinero para pagar el salario de su jefa de gabinete y de su guardaespaldas personal, según la acusación, que cree que otros muchos de los supuestos asistentes parlamentarios apenas pisaban el Parlamento Europeo.
En el caso de su jefa de gabinete, Catherine Griset, actualmente diputada europea, entre octubre de 2014 y agosto de 2015 solo pasó doce horas en la sede de la Eurocámara, mientras que trabajaba entre 15 y 22 días por mes en la del partido, según la acusación.
En 2015, el entonces presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, fue quien denunció el caso y motivó la apertura de la investigación, tanto en la justicia francesa como en la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF).
Otros 26 acusados, entre ellos el ex número dos del partido
Además de Le Pen, están acusados once ex eurodiputados, entre ellos el actual alcalde de Perpiñán, Louis Aliot, expareja de la líder ultraderechista, el que fuera número dos del partido, Bruno Gollnisch o el todavía diputado europeo tránsfuga Nicolas Bay.
Junto a ellos, doce asistentes parlamentarios y cuatro colaboradores del partido figuran también entre los acusados, al igual que el propio partido como persona moral.
Jean-Marie Le Pen, fundador del partido y él mismo eurodiputado durante tres décadas, fue el gran ausente del proceso por motivos de salud a sus 96 años.
El juicio, que durará siete semanas, tiene muchos puntos en común con el que tuvo en febrero pasado François Bayrou, aliado centrista del presidente, Emmanuel Macron, que fue absuelto por falta de pruebas, pero cinco de sus diputados fueron condenados a pequeñas penas exentas de cumplimiento en un caso en el que el desvío de fondos era muy inferior, de apenas 293.000 euros.
La justicia investiga una acusación similar sobre los diputados europeos de la izquierdista La Francia Insumisa.