La violencia sexual hacia la infancia cuesta casi 4.500 millones de euros al año, el 0,31% del PIB, según un estudio

• Uno de cada seis niños y niñas sufrirá violencia sexual durante sus primeros 18 años de vida

El daño es incalculable pero un informe pone cifra al coste de la violencia sexual infantil

La violencia sexual hacia la infancia en España tiene coste económico de 4.453.873.167 euros, es decir, el 0,31% del producto interior bruto (PIB), según concluye el informe '¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia', realizado por Educo y la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas.

"Hablamos de 4.500 millones de euros que suponen un coste para la sociedad, tanto un coste económico como un coste en términos social de oportunidad y de productividad actualmente y en el futuro. Y lo que queremos es básicamente empezar a visibilizar un problema del que conocemos solo la puntita del iceberg", ha explicado en la presentación a los medios la directora de Incidencia política de Educo, Macarena Céspedes.

Uno de cada seis niños y niñas sufrirá violencia sexual durante sus primeros 18 años de vida (se calcula que afectará a 1.393.267 millones de niños, niñas y adolescentes) y solo un pequeño porcentaje acabará denunciando, publica el estudio. Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 hubo 9.185 casos denunciados, de los 77.407 que estima la ONG.

Se han triplicado las denuncias en los últimos seis años. Este aumento, según la directora de Educo, ha tenido mucho que ver la ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, (LOPIVI), la sensibilización, las campañas de concienciación. "Mientras más hablemos de esto, más visible será y, por lo tanto, tendremos más posibilidades de acabar con ello", añade.

"Unos 77.000 menores sufrirán violencia sexual cada año", estima la ONG Educo

Cada año las consecuencias de la violencia sexual hacia los niños y niñas suma 1.275.670.086 euros. Esta cifra se refiere a casos denunciados y a determinados costes derivados de casos no detectados (por ejemplo, atención psicológica a una niña que no lo ha contado), cuantificados a partir de la prevalencia (porcentaje de la población general que ha sufrido violencia sexual durante su infancia y que los autores estiman en 17,29%).

“Cuando un niño, una niña, un adolescente, sufre violencia sexual, hay un daño que no se puede reparar“

"Hay que entender que cuando un niño, una niña, un adolescente, sufre violencia sexual, hay un daño que no se puede reparar", explica a RTVE, Céspedes. "Pero hay daños que sí son mitigables, que se pueden reparar, o minimizar el impacto que está sufriendo, que son las actuaciones en salud mental, en detección precoz", añade. Estos costes suponen 1.300 millones de euros en pruebas forenses, médicas, atención psicológica o procesos judiciales. Lo que supone "un coste real y efectivo".

A esta cifra, los investigadores han sumado un gasto mínimo de 3.178.203.081 euros al año, que suponen otros daños de difícil monetización como la pérdida de productividad, la destrucción de riqueza, los daños emocionales de la víctima y su familia, etc. Un dato que no se había calculado antes y estaba "completamente invisibilizado".

Ilustración del informe: ¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado?

"Hemos intentado sondear ese otro coste que no somos capaces de materializar. Le hemos puesto un valor económico a lo que ocurre cuando en mi edad adulta, cuando siendo niña sufro un tipo de violencia. Tendré un desapego del sistema educativo, no tendré el rendimiento académico que debería tener, no me relacionaré igual. Seré una persona adulta que probablemente falte más al trabajo, que tenga más enfermedades, que tenga más problemas de salud física y mental y eso tiene un impacto en la sociedad y ese es el coste con el que intentamos aproximarnos con esos 3.200 millones", explica la directora de la ONG.

Una estimación "muy justa y conservadora"

La suma de ambas cifras supone un total de 4.453.873.167 euros, es decir, el 0,31% del PIB. Para Céspedes, esta es una estimación "muy justa y muy conservadora" de lo que es el problema de la violencia sexual. "No seremos capaces de saber cuál es el coste de sufrimiento", ha afirmado, para después reclamar la puesta en marcha de políticas de prevención y detección precoz, formación para las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes, y una implementación "correcta, efectiva y rápida" de la Ley orgánica de protección integral frente a la violencia contra la infancia.

"Pero se requiere un esfuerzo presupuestario grande que, seguro que será rentable, tanto en términos monetarios (ahora que se conocen mejor los costes) como en mejora del bienestar y el desarrollo de toda la sociedad", afirma. "El dinero que se destine a erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia más que un gasto es una inversión con un retorno claro que beneficia a toda la ciudadanía", concluye.