Bruselas retoma el expediente a España por falta de sanciones contra el abuso de interinos

• La Comisión Europea da un plazo de dos meses para responder y subsanar las deficiencias señaladas
• Tiene en cuenta los cambios efectuados, pero considera que "siguen sin abordar suficientemente los problemas detectados"

Imagen de archivo de una concentración de interinos ante el Ministerio de Hacienda EFE/ Chema Moya

La Comisión Europea ha abierto este jueves un procedimiento de infracción complementario a España por el "uso abusivo" de los contratos interinos en el sector público, una situación que infringe la directiva comunitaria sobre el trabajo de duración determinada y a la que España, según Bruselas, no le ha puesto suficiente remedio.

Esta directiva, ha señalado la Comisión Europea en un comunicado, "exige que los Estados miembros introduzcan en sus legislaciones nacionales respectivas medidas destinadas a evitar y, en su caso, sancionar los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos de duración determinada", algo que Bruselas no ha detectado "para determinados tipos de contratos temporales en el sector público" español.

Bruselas critica la falta de protección para determinados tipos de contratos temporales en el sector público, de modo que, por ejemplo, un trabajador percibe la misma indemnización con independencia de que haya sido empleado con sucesivos contratos temporales durante 20 o 30 años. 

También alerta de que si un trabajador que ha solapado contratos durante dos décadas debe dimitir para cambiar de puesto o para cuidar a un familiar, por ejemplo, no tiene derecho a ninguna indemnización aunque un tribunal declare abusiva la sucesión de contratos de duración determinada. 

Considera que "se sigue sin abordar suficientemente los problemas"

En su nuevo procedimiento de infracción, Bruselas tiene en cuenta los cambios a la legislación española que se llevaron a cabo después del anterior expediente sobre el mismo tema en 2015, pero considera que las enmiendas "siguen sin abordar suficientemente los problemas detectados, en particular por lo que se refiere a la eficacia de las medidas sancionadoras". 

El proceso de infracción arranca así con el envío a las autoridades españolas de una carta de emplazamiento complementaria que señala el incumplimiento y da al Gobierno un plazo de dos meses para tomar medidas que corrijan la situación. 

De no hacerlo, los servicios comunitarios podrán dar el siguiente paso en el expediente sancionador, con el envío de un dictamen motivado, que da un nuevo plazo de diálogo para enmendar la situación antes de decidir si eleva el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).