Las comunidades del PP rechazan la "amenaza" y el "chantaje" del Gobierno por no intervenir los precios del alquiler

• Se niegan a declarar zonas tensionadas en sus regiones y avisan de que no aceptarán la imposición de políticas "fracasadas"
• Gobierno y autonomías se reúnen este jueves en una conferencia sectorial de vivienda

Dos grúas y edificios en construcción, en una imagen de archivo GETTY

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han firmado un comunicado conjunto en el que expresan su "rotundo rechazo" a las políticas de vivienda del Gobierno y señalan que no tolerarán la "amenaza" y el "chantaje" del Gobierno de retirarles fondos.

Justo antes de la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebra este jueves, han respondido así al aviso de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien la semana pasada advirtió de que se podrían condicionar las ayudas para vivienda para las comunidades al cumplimiento de la ley estatal. "El Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan", le han replicado.

Las autonomías gobernadas por los 'populares' (Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla y León y las ciudades de Ceuta y Melilla) se reafirman en su negativa a declarar 'zonas tensionadas' en sus territorios, rechazando intervenir los precios de los alquileres al considerar que este tipo de medidas tienen el efecto contrario: elevan los precios y recortan la oferta de vivienda. 

Estas regiones califican de "fracasadas e inoperantes" las políticas de vivienda del Gobierno y defienden que esta es una decisión potestativa, y, por tanto, legal, de las comunidades autónomas, quienes tienen las competencias de en materia de vivienda.

Rodríguez ha valorado el mensaje lanzado por el PP, a su llegada a la Conferencia Sectorial: "No es el objeto de esta reunión, tenemos muchísimos foros para hacerlo, el parlamento es un lugar precioso para hablar de propuestas de distintos grupos políticos", ha comentado a la prensa, y ha defendido la acción legislativa de su Ministerio. "Nadie es capaz de rebatirla en su contenido, es una buena ley", ha dicho.

Rocío Díaz, consejera de Andalucía, en RNE: "El mercado se autorregula"

No obstante, los Ejecutivos del PP afean a Rodríguez que condicione el reparto de fondos "procedentes de los impuestos de todos los españoles" a un "posicionamiento político de una ideología concreta". De este modo, reclaman al Gobierno que "dialogue" y abandone la "unilateralidad" en sus políticas, un mensaje que ha trasladado también la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz Jiménez, en los micrófonos de Las mañanas de RNE. "Esta intervención del mercado principalmente lo que ha hecho es retirar viviendas del mercado y subir el precio", ha expresado, y ha añadido luego: "No se puede imponer la ideología".

Como en el comunicado, Díaz ha insistido en la necesidad de realizar un "análisis riguroso" de los efectos de la ley, que lleva ya más de un año en vigor. Entre las soluciones posibles, ha mencionado crear una bolsa de suelo para vivienda asequible, sumar suelos urbanos al uso residencial, construir nuevas viviendas para el alquiler asequible, marcando áreas prioritarias para que las administraciones concentren sus ayudas, y "optimizar el parque de vivienda en alquiler con un inventario único", que permita saber de cuántas viviendas se dispone.

"El mercado se autorregula y no hay que intervenir", ha zanjado la consejera andaluza.

Reproches y llamadas al acuerdo

Igual que el PP, Rodríguez ha tendido la mano a las distintas administraciones para alcanzar acuerdos en materia de vivienda, con la vista puesta en el Plan Estatal. La ministra ha hablado de una "gran alianza de país", que cuente con la colaboración privada también, al tiempo que ha fijado su objetivo en "consolidar y proteger" el parque público de vivienda. Pero las manos tendidas no acaban de materializarse en acuerdos. Los reproches se entrecruzan.

En el comunicado, las autonomías 'populares' consideran que la vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas de los ciudadanos como consecuencia de la "nefasta" política del Gobierno y que bajo la presidencia de Pedro Sánchez los alquileres se han vuelto prohibitivos. Según sus datos, el precio de los alquileres se ha incrementado un 32 % entre junio de 2018 y abril de 2024 y, desde la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la Vivienda en mayo de 2023, el aumento ha sido de casi un 13 %.

Por último, se refieren también a la ocupación ilegal, que cifran en 78.800 viviendas en el conjunto de España, y al fenómeno de la "inquiocupación", que aseguran que ha crecido "de manera alarmante en los últimos meses".

El PSOE pide proteger el suelo público y culpa al PP de la especulación

Fuentes socialistas han fijado también su posición y se han comprometido a asegurar que "el suelo público siempre sea público", a través de iniciativas parlamentarias en las asambleas autonómicas. Quiere evitar que el suelo público pase "a manos de los especuladores y fondos buitre, tal y como ha pasado años atrás" en algunas comunidades autónomas y culpan al PP de ello. "No puede volver a pasar", han añadido. "De esta manera garantizaremos que siempre tengamos un parque público de vivienda conforme a los estándares europeos".

Y es que, según estas fuentes socialistas, la desprotección del suelo ha llevado a que la mayoría de los 2,5 millones de viviendas públicas construidas en democracia hayan pasado al mercado libre, de modo que el parque de vivienda protegida podría ser del 9%, igual que la media europea, y, en cambio, es del 2,5% aproximadamente.

"El Gobierno de España ha multiplicado por ocho los presupuestos generales del Estado en materia de vivienda, por tanto, estos recursos siempre tienen que estar al servicio de los ciudadanos y ciudadanas de este país", han asegurado.