La Audiencia Nacional investigará al denunciante de Alvise Pérez por la presunta estafa piramidal de Madeira Invest

• Descarta enviar la causa al TS para que investigue al eurodiputado hasta que no haya "indicios de responsabilidad"
• Considera que es de su competencia por el número de perjudicados y la cuantía de lo supuestamente defraudado. 

Alvise Pérez, en una imagen en el Parlamento Europeo EFE/EPA/TERESA SUAREZ

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra el empresario Alvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, por una supuesta estafa piramidal cometida por Madeira Invest Club, una plataforma de inversiones de la que fue máximo dirigente. 

En un auto fechado este viernes, el magistrado admite las denuncias de la asociación de consumidores Ances, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. La Fiscalía ya se había pronunciado a favor de investigar la operativa de Madeira Invest.

Desestima enviar la causa al Supremo por el momento

Por otra parte, el magistrado Calama desestima en cambio la solicitud de una de las acusaciones de inhibirse ante el Tribunal Supremo para investigar a Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise Pérez -líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), porque según doctrina del Alto Tribunal se debe remitir una exposición razonada para investigar a un aforado cuando aparezcan "indicios de responsabilidad".

Cabe recordar que fue la Asociación de Usuarios de Criptomonedas la que amplió su denuncia inicial para solicitar que el juzgado enviase la causa al alto tribunal por su condición de eurodiputado y, por tanto, de aforado. 

El juez precisa que no basta con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado, sino que "ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar, con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente, el alcance objetivo y subjetivo de los hechos". 

Recuerda además el magistrado que un aforado puede asumir la condición de parte y declarar voluntariamente ante el juez. "Se establece también expresamente la facultad de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de todas las actuaciones y obtener copia de dicha denuncia o querella, en su caso; declarar voluntariamente ante el Juez, aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias", apunta. 

Competencia de la Audiencia

El magistrado indica que una vez determinado que los hechos son susceptibles de constituir una defraudación, sin perjuicio de la calificación jurídica que se realice en el momento procesal oportuno, aparece con "meridiana claridad" que pueden ser constitutivos de un delito de estafa y que serían competencia de la Audiencia Nacional por el número de perjudicados y la cuantía de lo supuestamente defraudado. 

El juez señala que el perjuicio globalmente denunciado por las acusaciones ascendería a más de 11 millones de euros, una cifra que supera la barrera de los 7 millones de euros que es la fijada por el Tribunal Supremo como parámetro para atribuir la competencia a la Audiencia Nacional. 

Además, el instructor se refiere a criterios de funcionalidad para concluir que la Audiencia Nacional es el órgano judicial que se encuentra en una posición más favorable para afrontar la investigación. 

En el presente caso, indica el magistrado, se atisba una compleja investigación, con un entramado delictivo de múltiples sociedades instrumentales y conexiones internacionales, con domicilios en Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Estonia y Albania, que hará necesario acudir de forma recurrente a la emisión de instrumentos de cooperación jurídica. 

Todo ello, indica, a fin "determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos, las personas que en ellos hayan participado y la localización de activos financieros". 

El juez señala que los documentos incorporados en las denuncias y enlaces a información externa apuntan a que la cifra de afectados podría llegar a los 27.000 y el perjuicio podría superar los 300 millones de euros. 

  LAS CIFRAS DE LOS AFECTADOS

  Desde Aránguez Abogados, que actúan en representación de Asociación de Usuarios de Criptomonedas y defienden los intereses de algo más de 500 afectados, cifran el fraude en más de 300 millones de euros. 

  El despacho aduce en su denuncia que Romillo, que se presentaba bajo el alias CryptoSpain, "alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas". 

  En su ampliación de denuncia, sostenían que Romillo habría manifestado "públicamente la vinculación de esta trama" con el eurodiputado, "motivo por el que argumenta y excusa la paralización de la plataforma y la no devolución del capital a los afectados". 

  Por su parte, desde Zaballos Abogados --actuando en representación de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas-- calculan que los estafados superan las 2.700 personas y el fraude alcanzaría los 600 millones de euros. 

  "Los afectados ingresaban en un supuesto club financiero de inversores. Entrar en dicho club no era barato, tenían que desembolsar la cantidad de 2000 euros al año. ╔ste era el gancho para ofrecerle todo tipo de publicidad agresiva y marketing falso, con el objeto de atraparlos en inversiones de una media de 100.000 euros", sostiene el despacho.