Luz verde al anteproyecto de economía social: se amplían los colectivos protegidos y los requisitos a las cooperativas

• El Consejo de Ministros aprueba el texto que ahora pasará al Congreso de los Diputados
• Díaz defiende la necesidad de evitar los "fraudes" a la ley laboral a través de falsas cooperativas

Rederos y otros trabajadores del mar urdiendo redes de pesca en Vélez Málaga EFE/Irene Martín Morales

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de economía social que introduce nuevos requisitos a las cooperativas, la forma más común en el sector, para evitar el "intrusismo" y el "fraude", al tiempo que amplía los colectivos protegidos en la regulación de las empresas de inserción.

La iniciativa ya comenzó a tramitarse en la pasada legislatura, pero no acabó el recorrido parlamentario por el adelanto electoral del 23 de julio y ahora se retoma. Tras la luz verde del Gobierno, que asegura que cuenta con el consenso del sector, pasa de nuevo al Congreso de los Diputados.

"Es una economía que no compite, sino que colabora, es una economía que cuida el planeta", ha destacado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al defender su apuesta en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, y ha mencionado a las cofradías de pescadores, cooperativas agrarias, de educación y vivienda y las empresas de inserción.

Según datos del Gobierno, estas entidades que persiguen objetivos económicos y sociales de interés general representan el 10% del PIB de España y emplean a más de 2,2 millones de personas. Más de la mitad son mujeres.

Requisitos a las cooperativas para evitar fraudes a las leyes laborales

El anteproyecto actualiza la ley de cooperativas, que es la forma más extendida en el sector de la economía social. Entre las medidas para "modernizar" su funcionamiento, exigirá a las de 500 socios o más que creen una página web con un contenido mínimo para garantizar la accesibilidad y la transparencia.

Desde Trabajo argumentan esta medida por la necesidad de adaptarse a las formas de comunicación y participación a través de Internet. Díaz ha asegurado que la ley es "profusa" a este respecto y que lo tecnológico "se va a inmiscuir en todas y cada una de las fórmulas".

Asimismo, introduce recursos para evitar el uso abusivo de la fórmula de las cooperativas —que ocurre, según el departamento de Yolanda Díaz— para "evitar cumplir la ley laboral". La ministra ha puesto como ejemplo una sentencia reciente del Tribunal Supremo que declaró que la empresa Servicarne actuaba en "fraude de ley" al constituirse como "falsa" cooperativa mientras su actividad se limitaba a facilitar mano de obra a la industria cárnica, que era la auténtica empleadora.

Por ello, la ley pone el foco en los casos de subcontratación cuando la dependencia económica de la empresa contratista es de al menos el 75%. Díaz ha explicado que la clasificación no quedará "al albur" de las mismas organizaciones para evitar dichos fraudes, algo que —ha reiterado— "es una de las grandes demandas" del sector cooperativista.

Entre los nuevos requisitos a las cooperativas, Díaz ha destacado la obligación de elaborar planes de igualdad, de la misma forma que ya ocurre con las empresas de más de 50 empleados.

Finalmente, se creará un registro único de cooperativas para todo el país, para dar "certezas y seguridad jurídica" y evitar tener que registrarse en cada una de las comunidades autónomas en las que se opera.

Amplía los colectivos protegidos

Por otro lado, el anteproyecto aprobado este martes amplía la definición de colectivos o personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social, de forma que se incluye, por ejemplo, a las personas sin hogar que trabajan.

Asimismo, se modificará la definición de las empresas de inserción (las que ayudan a introducir a personas en riesgo de exclusión en el mercado laboral) y su funcionamiento interno. El objetivo, según ha explicado Díaz, es las personas usuarias no se queden "atrincheradas en las empresas de inserción", sino que "transiten al empleo ordinario". Para ello, se crea un nuevo modelo de contrato de transición para facilitar ese paso en un plazo de seis meses a tres años, junto a otras medidas para ello.