Bolaños confirma al PP que no retirarán la ley que beneficiaría a los presos y le recrimina su "cambio de opinión"

• El ministro de Justicia ha mantenido una conversación telefónica este martes con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra
• El PP reconoce haber cometido un "error injustificable", pero recuerda que su voto en contra no habría impedido su aprobación

Bolaños confirma al PP que no retirarán la ley que beneficiaría a los presos y le recrimina su "cambio de opinión"

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha trasladado personalmente a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que el Gobierno no retirará la ley de antecedentes penales que beneficiaría a presos de ETA, y le ha cuestionado su "cambio de opinión" sobre la norma, que los 'populares' avalaron en el Congreso.

Según fuentes del Ministerio a RTVE, Bolaños ha mantenido una conversación telefónica este martes con la secretaria general del PP después de que Gamarra le pidiera hablar sobre esta reforma legal, que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido retirar por considerarlo una "indignidad".

La posición del PP llega tras la denuncia de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que advirtió este lunes de que si la modificación de la ley orgánica de 2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE salía adelante, significaría que 44 etarras podrían ver acortadas sus penas de prisión.

A raíz de esta información, el PP ha decidido utilizar su mayoría absoluta en el Senado para aplazar el debate y la votación de la reforma legal, que finalmente será abordada el próximo lunes a las 12 horas.

"Todos estos textos eran públicos y sobradamente conocidos"

En este contexto, el titular de Justicia le ha preguntado a Gamarra "por el inesperado cambio de opinión" de los 'populares' y le ha recordado que el PP votó, al igual que el resto de grupos, a favor de la ley en el Congreso, mientras que en el Senado no presentó ninguna enmienda.

Las mismas fuentes defienden que la norma sirve para aplicar el derecho europeo en España y ha justificado su aprobación en el respaldo de un dictamen favorable del Consejo de Estado de 2013, emitido por unanimidad. Además, señalan que hay una cuestión prejudicial de la Audiencia Nacional –fechada en enero de 2024– que ya plantea dudas sobre la adecuación de nuestra legislación vigente al derecho comunitario.

Feijóo pedirá a Sánchez en el Congreso que retire la ley 

Con la llamada de Bolaños, fuentes de la dirección nacional del PP dicen ver confirmado que la voluntad del Gobierno era excarcelar anticipadamente a terroristas de ETA y subraya que en el Ejecutivo no ha habido equivocación alguna.

Asimismo, ante la imposibilidad de impedir que salga adelante en la Cámara Alta por la ausencia de vetos y enmiendas, el líder del PP apelará al presidente Pedro Sánchez este miércoles en la sesión de control del Congreso para que retire la ley. En caso de que no reciba una respuesta afirmativa, tratará de que el jefe del Ejecutivo verbalice su apoyo expreso a esta iniciativa ante los grupos parlamentarios y los ciudadanos.

En cuanto a posibles recursos ante los tribunales, la formación asegura que está analizando las posibilidades de las que disponen a nivel jurídico y parlamentario y se comprometen a "recorrer cualquier camino" que puedan tomar.

El PP no tomará medidas internas

Desde el inicio de la polémica, el PP ha denunciado que se trata de una "jugarreta" del Gobierno y ha pedido disculpas a las víctimas del terrorismo. Este mismo martes, el portavoz 'popular' en el Congreso, Miguel Tellado, se ha reunido con los diputados del PP que han trabajado en esta ley, que han asumido su responsabilidad.

Aunque la ponente 'popular' de esta ley es Ana Belén Vázquez, fue la diputada María Jesús Moro quien asistió en julio en su lugar a la sesión en la que se aprobó el texto. Entonces, firmó un documento en el que se expresaba "haber estudiado con todo detenimiento" la iniciativa, una fórmula de redacción habitual en todas las ponencias.

Sin embargo, el partido avanza que no tomará medidas internas contra los ponentes implicados. Pese a que el PP no se siente "satisfecho" ni "cómodo" con cómo se ha desarrollado la tramitación por no percatarse de las consecuencias de esa reforma legal, consideran que se ha tratado de un error colectivo y que la responsabilidad debe ser compartida.

No obstante, desde Génova insisten en que si bien ellos han cometido un "error injustificable", su voto en contra tampoco habría impedido su aprobación porque el Gobierno y sus socios suman mayoría. Por todo ello, el PP pone el acento en que el Ejecutivo de Sánchez será el único responsable de la reforma, puesto que ha decidido no retirarla. "El PP no puede hacer nada para tumbar la ley, la responsabilidad es de Sánchez", insisten las fuentes.

Por su parte, el diputado de Vox Emilio del Valle, representante del partido en la ponencia de la ley, ha puesto su cargo a disposición de Vox al asumir "el error cometido por el Grupo Parlamentario". Según han avanzado fuentes de Vox a RTVE, el partido considera que el error fue coral y ha reiterado sus disculpas, aunque asegurando que la norma habría salido adelante de cualquier modo.

"Todos estos textos eran públicos y sobradamente conocidos: es imposible que el PP no los conociera y, por lo tanto, es exclusivamente a este partido a quien le corresponde dar las explicaciones pertinentes por su cambio de opinión", agregan.