El Constitucional suspende varios apartados del protocolo de menores migrantes del Gobierno canario

• Admite a trámite el recurso del Gobierno, que alega que el protocolo limita las competencias autonómicas
• Será suspendida por un plazo máximo de cinco meses, hasta que la corte de garantías resuelva el fondo del asunto

Una embarcación de Salvamento Marítimo a un cayuco en Tenerife EFE/Alberto Valdés

El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido este martes por unanimidad varios apartados del protocolo de atención a los menores llegados en pateras y cayucos aprobado por el Gobierno de Canarias, que actualmente estaba suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Fuentes de la corte de garantías han informado de que el pleno ha tomado esta decisión tras admitir a trámite el recurso del Ejecutivo, que había invocado el artículo 161.2 de la Constitución, que establece la suspensión automática cuando el Gobierno recurre una norma autonómica por un plazo de cinco meses, hasta que la corte de garantías resuelva el fondo del asunto.

El recurso se dirige en concreto contra  los apartados segundo, tercero y sexto del Acuerdo del Gobierno de Canarias del 2 de septiembre, en relación con los menores extranjeros no acompañados, así como contra la resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del 10 de septiembre, por la que se establece el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en Canarias. 

En opinión del Gobierno, este protocolo limita las competencias autonómicas sobre menores, modifica el concepto jurídico de desamparo, impone obligaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y regula "cuáles deben ser las actuaciones del Estado en el ejercicio de sus competencias".

Identificación y custodia policial: claves del protocolo

En el protocolo, el Gobierno de Fernando Clavijo sostiene que los niños que llegan solos a tierra sin un familiar adulto que cuide de ellos no están desamparados, sino bajo custodia de la Policía o la Guardia Civil, por lo que corresponde al Estado su primera acogida.

Y añade que solo se hará cargo de ellos en los centros de la comunidad autónoma con expedientes individualizados, si han sido correctamente identificados y siempre y cuando tenga plazas disponibles.

Esto implica que antes de la entrega del menor a las autoridades de las islas se haga su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal. 

Confirmada la disponibilidad de plaza, la recepción del menor por parte de la comunidad autónoma se hará en las comisarías de la Policía Autonómica de Canarias o, donde no existan, en los lugares habilitados. 

El TSJ de Canarias señala el riesgo de desprotección

Para la Fiscalía, que fue quien llevó el asunto a la jurisdicción ordinaria el pasado 18 de septiembre, este protocolo supone la "ausencia de atención inmediata" a la situación de desamparo patente en los menores migrantes que llegan desde el mar a las costas del archipiélago. 

Al margen de la decisión del TC, dicho protocolo ya estaba suspendido por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al entender que expone a ese colectivo a un riesgo de desprotección, aunque entiende las quejas del Ejecutivo autonómico.

"No le falta razón al Gobierno de Canarias cuando invoca el grado de saturación de los recursos de que dispone y seguramente también cuando se objeta la forma en que se procede a la entrega de los menores extranjeros, a la vista de la documentación que aporta", señalan los magistrados, que consideran, no obstante, que deben hacer primar el interés superior de los menores.

El ministro Ángel Víctor Torres anunció el pasado 24 de septiembre que el Gobierno había acordado llevar al TC el protocolo canario después de que el Consejo de Estado dictaminara que "existen fundamentos jurídicos suficientes" para recurrirlo. 

Haciéndose eco de dicho dictamen, Torres apuntó a un conflicto de competencias porque, si bien las comunidades autónomas pueden aprobar sus protocolos territoriales, "no pueden introducir requisitos no previstos en la normativa estatal para la recepción de los menores extranjeros no acompañados".