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El Gobierno sube un 17,12% la prima del concierto sanitario de Muface para los próximos dos años

  • Dicha cantidad es inferior a la subida del 24% que pedía Muface en los últimos días y del 40% que reclamaban las aseguradoras
  • El concierto sanitario de Muface da cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios, entre titulares y beneficiarios

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El Gobierno sube un 17,12% la prima del concierto sanitario de Muface para los próximos dos años
Estudiantes toman nota en sus cuadernos en clase Getty Images

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la licitación del concierto sanitario de Muface, que da cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios, con una subida del 17,12% en la prima para los próximos dos años. Dicha cantidad se distribuirá en un 16,5% en 2025 y un 0,62% en 2026, pasando del 1.032,12 euros actual a 1.208,81 al final del periodo.

Según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se trata del mayor cifra de la historia desde que existen registros homologables, aunque sigue por debajo de las exigencias de Muface, que deslizaba en los últimos días una subida del 24%, y de la previsión de las aseguradoras, que reclamaban un incremento del 40%.

Cabe recordar que el concierto de Muface ofrece cobertura sanitaria a través de aseguradoras a parte de los funcionarios que prestan servicios en España y en 123 países. En total, el colectivo supera los 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios: el 65% son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.

El sindicato CSIF amenaza con movilizaciones

Fuentes de las aseguradoras implicadas a Efe habían señalado estar abiertas a asumir una subida inicial por ejemplo del 25% el primer año, siempre que el segundo se aplicara otra del entorno al menos del 10%. Ese 25% es precisamente la subida que en su día planteó el Estado: un 24% en 2024 y un 1% en 2025.

Sin embargo, el pasado 27 de septiembre, desde el ministerio se vino a transmitir al sector que no podía elevar la prima más del 14% (13,7% el primer año y un 0,3% el segundo).

El presidente del sindicato de funcionarios CSIF, Miguel Borra, dijo la víspera que confiaba en que el Gobierno mejorase su propuesta de subir la dotación económica, porque si no el sistema "morirá de inanición". Finalmente, la cifra ha quedado por encima del 17%, una propuesta a su juicio "insuficiente" y advierte de que convocará movilizaciones si se producen recortes en el servicio.

Así, hasta que se pronuncien las aseguradoras -que habían reclamado una subida de la prima del 38 %-, CSIF advierte de que estará "vigilante" y no descarta "ninguna medida" de presión porque "la calidad de la atención sanitaria del funcionariado no puede estar comprometida por la falta de inversión del Gobierno".

Las aseguradoras pierden 200 millones cada año

Las tres empresas prestatarias del servicio -SergurCaixa Adeslas, Asisa y DKV- llevan tiempo advirtiendo de que este contrato es altamente deficitario y, según un estudio encargado por el sector, supone unas pérdidas conjuntas de 200 millones al año entre 2022-2024 (los tres años del actual concierto).

El actual convenio acaba a final de este año y en enero de 2025 los mutualistas tienen que decidir de nuevo si apuestan por la sanidad pública o por alguna de las aseguradoras que haya ganado el siguiente concurso con Muface.

Si para entonces no se ha cerrado el concurso, las personas que ahora están atendidas por las mutualidades pasarían a la sanidad pública, que ya de por sí está muy sobrecargada y que afectaría especialmente a Madrid, donde hay un mayor número de funcionarios. 

Al mismo tiempo, también pondría en riesgos centros sanitarios, infraestructuras y empleos que dependen de la atención sanitaria privada y que perderían de la noche a la mañana más de 1,5 millones de usuarios.

De hecho, y según cálculos de la Fundación IDIS, que representa a la sanidad privada, la desaparición de la cobertura de las aseguradoras tendría un coste anual de 1.214 millones para la Administración y supondría por ejemplo la necesidad de sumar 3.975 nuevas camas en el sistema público.