Familiares de 115 residentes víctimas de la pandemia en Madrid presentan una denuncia colectiva ante la Fiscalía

• Denuncian la "discriminación" por la que no fueron trasladados a los hospitales en lo peor de la crisis del coronavirus
• Apuntan a altos cargos del entonces Gobierno de Ayuso y geriatras de los hospitales públicos

La denuncia apunta a altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia EFE/ Rodrigo Jimenez

Familiares de 115 mayores que sufrieron el impacto del coronavirus en las residencias de la Comunidad de Madrid han presentado este jueves una denuncia colectiva en la Fiscalía Superior de esta comunidad para que se investigue la "discriminación" que a su juicio sufrieron por no ser trasladados a hospitales.

Los 109 denunciantes, agrupados en las plataformas Marea de Residencias y la Asociación 7291: Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias, dirigen la querella contra altos cargos del Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso en aquel momento y contra los geriatras de 25 hospitales.

Les acusan de un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios. Los 115 residentes vivían en 72 residencias diferentes de la comunidad y 111 de ellos fallecieron.

Aportan "abundante documentación inédita"

Los denunciantes aseguran que aportan "abundante documentación inédita", incluidos "informes internos del Gobierno madrileño en los que se reflejaba día a día la situación en la que estaban todos los geriátricos de la región", según informan en una nota de prensa.

Entre los datos recopilados en esos informes figuran las "necesidades de personal", añaden. "Es fácil hacerse una idea de la dramática situación de abandono de las 72 residencias con el dato del 7 de abril de 2020: se necesitaban 37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultoras", denuncian.

También aseguran que la decisión de prohibir el traslado de los residentes a los hospitales se empezó a aplicar el 13 de marzo de 2020, "cinco días antes de la aprobación del conocido como 'protocolo de la vergüenza'", el documento de la Comunidad de Madrid que supuestamente impedía derivar a hospitales públicos a mayores residentes con alto grado de dependencia o discapacidad.

Sobre el anuncio de Ayuso de la "medicalización de las resistencias", señalan que dicho proceso "consistió en enviar 24 médicos y 25 enfermeras en marzo y abril de 2020, cuando 7.291 personas murieron en esos centros sin ser trasladados a un hospital".

Apuntan a los firmantes de los protocolos de no derivación

Los denunciantes consideran que se ha cometido al menos un "delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios", castigado en el artículo 511 del Código Penal. Para la consumación de este delito no se requiere un resultado posterior a la infracción. Es decir, lo que se castiga es la denegación de la prestación pública, en este caso sanitaria, "con independencia de cuál sea el resultado" en la salud de los afectados.

La denuncia se dirige contra 29 personas: los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes a su vez fueron el firmante y el autor de los dos Protocolos que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes madrileños; Pablo Busca Ostalaza, director del SUMMA 112 en aquel momento; Antonio Burgueño, autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional que incluía supuestamente una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo, y los geriatras responsables de aplicar el Protocolo de la Vergüenza en los 25 hospitales públicos madrileños.

Muchas familias siguen reclamando una reparación por las muertes de sus familiares en las residencias

Podría haber más responsables

Las asociaciones advierten de que "las responsabilidades no se detienen en estas 29 personas". "En la presente denuncia sólo se menciona a aquellas personas sobre las que existen pruebas claras o indicios sólidos de participación en los hechos denunciados. Pero es más que probable que, durante la investigación fiscal y judicial, aparezcan otras personas que hayan tomado decisiones que prueben su autoría en el delito", apuntan.

Los denunciantes detallan en su escrito la "discriminación sufrida por sus familiares en cinco ámbitos", el principal la no derivación a hospitales públicos, aunque también "el veto a atender a los residentes en los hospitales privados, salvo que el enfermo tuviera un seguro privado, en el hospital de IFEMA y en los hoteles medicalizados".

Junto a la denuncia, que tiene 160 páginas de extensión, los denunciantes aportan 60 documentos. Algunos son conocidos, como "las cuatro versiones del Protocolo de la Vergüenza o varias actas de inspecciones realizadas en residencias por la Policía Municipal de Madrid", a las que tuvo acceso RTVE.es y que publicamos en una serie de reportajes el pasado febrero.

Informes diarios de la Consejería de Políticas Sociales

Otros son "completamente inéditos", como por ejemplo los informes internos del Gobierno madrileño en los que se reflejaba día a día la situación en la que estaban los 475 geriátricos de la región. Esos informes se empezaron a elaborar el 18 de marzo y cada uno de ellos contiene miles de datos: desde el número de residentes positivos o aislados con síntomas de covid, al número de profesionales contagiados o en aislamiento domiciliario o las necesidades de personal que tenía cada centro.

Cada día, la Consejería de Políticas Sociales -en manos del dimitido consejero de Ciudadanos Alberto Reyero- elaboraba dos informes –uno con los datos de las 25 residencias de gestión pública y otro con las 450 residencias de gestión privada– y cada noche los enviaba a la Consejería de Sanidad, que era la responsable de adoptar las decisiones para frenar el abandono sanitario. 

Piden hacer más a la Fiscalía

Los denunciantes aportan hasta siete informes –correspondientes a los días 31 de marzo, 7 de abril y 15 de abril, además del realizado el 23 de marzo para los centros privados–, pero solicitan al Ministerio Público que pida al Gobierno madrileño todos los informes que se hayan elaborado.

Recuerdan que los hechos delictivos que se denuncian podrían prescribir a partir de marzo de 2025. "Es su única y exclusiva responsabilidad impedir que esto ocurra", reclaman, y lamentan que la Fiscalía no actúe de oficio. "Suficiente anomalía es que hayamos tenido que ser los familiares de las víctimas quienes buscamos y encontramos unas pruebas que a la Fiscalía y a los tribunales les habría costado muchísimo menos conseguir".

Los familiares de los fallecidos han tenido poco éxito hasta ahora en la vía judicial, y con esta denuncia colectiva abren otra vía. De las 380 demandas presentadas en la Comunidad de Madrid, solo 150 siguen su curso judicial, 60 en el Tribunal Constitucional. Del resto, la mayoría han sido archivadas, según explicaba Carmen Martín, de la plataforma Marea de Residencias, a este medio en febrero. En 2022, Amnistía Internacional denunciaba que la Fiscalía había archivado el 89% de las diligencias por muertes en las residencias.

Martín insistía en responsabilizar a la Fiscalía, que "no se está presentando en los juicios". "No entendemos por qué no entran a investigar lo que pasó", denunciaba.