El juez Pedraz acuerda prisión provisional para Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas por fraude en hidrocarburos

• Ambos han sido trasladados este jueves a la cárcel de Soto del Real
• El magistrado ha dejado en libertad provisional a una tercera empresaria implicada, María Luisa Rivas

El empresario Víctor de Aldama, el pasado mes de mayo en la comisión de investigación del Parlament balear. Isaac Buj / Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado el ingreso en prisión para Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama Koldo, por su implicación en la causa que investiga un presunto fraude del IVA de hidrocarburos de más de 180 millones de euros. Aldama ha abandonado este jueves la Audiencia Nacional, donde había acudido por la mañana a declarar, en un furgón policial con destino a la cárcel de Soto del Real, a la que le ha acompañado su socio, Claudio Rivas, vinculado a la compañía comercializadora de combustible Villafuel.

Pedraz ha dejado en libertad provisional a una tercera empresaria detenida, María Luisa Rivas, hermana del socio de Aldama.

El magistrado, que ha atendido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que pedía el ingreso en prisión de Aldama, investiga un entramado societario en el sector de los hidrocarburos que en dos años habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros, no solo por las cuotas defraudadas a la Agencia Tributaria, sino mediante el blanqueo de capitales. Cabe recordar que Aldama y Rivas ya habían sido detenidos este lunes por la Guardia Civil junto a otras 13 personas por esta operación.

Investigados por organización criminal, blanqueo de capitales y fraude

En un auto, el titular del Juzgado Central de Cinco atribuye a los investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública y un fraude que ascendería hasta los 182.513.923,15 euros.

El instructor señala como responsables de esta organización criminal a los codirectores Claudio Rivas y Víctor de Aldama, como subdirectora a María Luisa Rivas, y a otros cooperadores y testaferros en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.

Pedraz explica que la organización criminal diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que usó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados. Así, a las cuentas bancarias tituladas por estas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente desde las cuentas de las suministradoras. Ya que el dinero procede de las suministradoras mercantiles, que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada.

La resolución del juez analiza con detalle la operativa puesta en marcha por los investigados para llevar a cabo la actividad defraudatoria utilizando varias sociedades instrumentales para operar en el mercado.

Blanqueo de capitales mediante fondos de bienes inmuebles y joyas

El magistrado indica que otro de los fines de esta organización estaba orientado al blanqueo de capitales que está parcialmente identificado y que consistía en el retorno de fondos con bienes muebles, inmuebles, vinos de alta gama, joyas u otros bienes de consumo que según el juez fueron disfrutados por Aldama.

Todas estas transferencias de fondos se habrían amparado bajo supuestos contratos de prestación de servicios. El magistrado indica que puede haber otras sociedades con cuentas bancarias en el extranjero que aún no han sido identificadas a través de las cuales los investigados podrían operar salvaguardando el patrimonio vinculado.

Pedraz justifica la medida de prisión provisional

El magistrado justifica la prisión provisional de Aldama y Claudio Rivas por la gravedad del delito con la pena que en su caso pudiera imponerse y que podría llevar a los imputados a eludir la acción de la justicia. Así, añade que en esta fase inicial de la investigación queda por analizar mucho material de las entradas y registros, de forma que podrían acordarse nuevas diligencias, a lo que se unen las medidas cautelares reales decretadas para recuperar en lo posible lo defraudado y que podrían verse perjudicadas en caso de quedar en libertad ambos investigados.

En el caso de María Luisa Rivas, el juez le impone como medidas cautelares la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado más cercano a su vivienda, la retirada de pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin autorización judicial, así como la fijación de un domicilio y un teléfono para las notificaciones.