La Fiscalía boliviana pide la detención del expresidente Evo Morales por los delitos de trata de personas y abuso sexual

• La defensa del expresidente boliviano ha alegado un "impedimento legal" para no asistir a la citación
• Según la denuncia, Morales habría cometido estos delitos con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo

El expresidente Evo Morales (2006-2016) habla en rueda de prensa este pasado martes en Cochabamba. Jorge Abrego / EFE

La fiscal boliviana Sandra Gutiérrez anunció este jueves la emisión de una orden de detención contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) para que declare ante el Ministerio Público dentro de la investigación que se le sigue en un caso de trata de personas y abuso sexual.

Según la denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y abuso sexual con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.

La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia, llamado 'Generación Evo'. El comandante general de la Policía de Bolivia, Álvaro Álvarez, ha informado que fue detenido el padre de la supuesta víctima

"Lo que corresponde es sacar el mandamiento de aprehensión ya que ellos [Morales y los otros investigados] han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos", señaló Gutiérrez, que es la fiscal departamental de la región sureña de Tarija, donde se investiga el caso.

Ni Morales ni los padres de la supuesta víctima asistieron el jueves a una citación de la Fiscalía para declarar, por lo que la fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, elevó la orden de detención para que puedan asistir al juicio.

Evo Morales ha alegado un "impedimento legal" para no asistir a la citación

Morales estaba citado a declarar este jueves en Tarija, pero su defensa presentó un informe para no asistir, alegando que existe una sentencia constitucional que ordena que el caso se trate en la región central de Cochabamba, donde vive el exmandatario y líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).

Según la investigación, esos hechos ocurrieron en la región sureña de Tarija, sin embargo, el abogado Pérez manifestó que el caso se debe indagar donde sea "habida" la persona acusada, es decir, en la zona central del Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical de Morales, donde vive el exgobernante.

Para la defensa del expresidente, la sentencia constitucional es un "impedimento legal" para que Morales se presente a declarar. A esa situación legal se suman los "impedimentos materiales" que no dan las garantías correspondientes de seguridad para el investigado.

La fiscal Gutiérrez señaló que, además del expresidente, fueron llamadas a declarar otras dos personas que también están investigadas en este caso y que tampoco se presentaron. "Para los tres va a ser la misma situación legal, ya que ellos no han justificado su incomparecencia", indicó.

La fiscal explicó que "el mandamiento de aprehensión que se va a emanar para que ellos se puedan apersonar a presentar su declaración informativa" y que también responderán a los memoriales presentados por la defensa de Morales.

Gutiérrez sostuvo que "no se está vulnerando ningún derecho", como han asegurado Morales y sus abogados defensores, y afirmó que "todo se está haciendo de manera transparente y apegados a la norma legal".

Entes afines a Morales amenazan con un bloqueo nacional de carreteras

Las organizaciones sociales afines a Morales advirtieron también el pasado jueves que si la Fiscalía emite una orden de detención contra el expresidente comenzarán un bloqueo nacional de carreteras.

El exmandatario boliviano, que está distanciado del Gobierno del presidente Luis Arce, ha manifestado que se defenderá de esa "batalla jurídica", que para él es una "persecución política" y ha señalado que hay más de 200 abogados que lo llamaron para defenderlo "gratuitamente".

La denuncia en contra del expresidente se presentó el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija, tres días después de la llegada a La Paz de una caminata liderada por Morales por diversas demandas, entre ellas la validación de un congreso partidario en el que fue nombrado "candidato único" del MAS para las elecciones generales de 2025.

El Grupo de Puebla, un foro político y académico que está integrado por representantes de la izquierda política de Latinoamérica, expresó su preocupación por la “campaña de lawfare” o judicialización política en contra el líder del MAS.

El abogado del expresidente, Pérez, criticó el movimiento de más de 600 policías en Tarija que el Gobierno de Luis Arce instruyó para la posible declaración de Morales.

"Definitivamente hay un escenario de amedrentamiento", opinó el abogado, que fue ministro de Gobierno (Interior) durante la gestión de Morales.