El PSOE estudia impugnar la decisión del Senado contra la ley de antecedentes penales y niega que sea un veto
- Los socialistas señalan que el texto no había sido enmendado ni se había registrado ningún veto
- Espadas acusa al presidente del Senado de haber actuado "al margen de la Constitución y del Reglamento"
El PSOE considera que el rechazo con mayoría absoluta del Senado a la reforma legal sobre antecedentes penales y de la que se beneficiarán presos etarras no se trata de un veto y ha anunciado que estudiarán medidas para impugnar la decisión del presidente de la Cámara, Pedro Rollán, de devolver la reforma al Congreso.
"Hay motivos suficientes para analizar y utilizar los recursos legales posibles contra esta decisión", ha afirmado el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, en una entrevista en 24 horas de RNE, donde ha criticado no solo la devolución de la reforma legal, sino también la decisión que adoptó la Mesa del Senado para retirarla del orden del día del anterior pleno e incorporarlo al de este lunes.
Este lunes, el PP ha usado la mayoría absoluta que posee en la Cámara Alta para escenificar su rechazo con un 'no' momentáneo, tras lo cual Rollán ha anunciado que, entendiendo ese rechazo como un veto, devuelve la reforma al Congreso.
Espadas, sin embargo, ha recordado que el PP votó "de forma unánime y favorable" el proyecto de ley en el Congreso y que no se presentaron enmiendas ni vetos previos durante la tramitación, por lo que debería considerarse un rechazo.
Así, ha acusado a Rollán de haber actuado "al margen de la Constitución y del Reglamento" al interpretar "unilateralmente" que el rechazo suponía un veto: "El PP vuelve a buscar y generar un conflicto jurídico con el Congreso".
El PP se basa en un informe de la Secretaría General del Senado
El PP se ha basado en un informe de la Secretaría General del Senado solicitado por la Presidencia de la Cámara y ha hecho valer su mayoría absoluta para rechazar la aprobación de la ley e interpretar que ese resultado implica un veto.
El informe de los letrados señala que "no existen precedentes comparables", pues en anteriores tramitaciones hubo vetos que fueron rechazados o enmiendas aprobadas, mientras que "en el presente caso, la voluntad inequívoca y única de la Cámara es la del rechazo frontal y global en votación final del conjunto del proyecto por mayoría absoluta".
Los socialistas, por su parte, inciden en que el texto no había sido enmendado ni había sufrido el registro de un veto por parte de ningún grupo durante su tramitación parlamentaria en el Senado, por lo que entienden que tendría que pasar directamente al BOE.
En este sentido, mencionan que el artículo 90.2 de la Constitución establece que el Senado, en el plazo de dos meses, puede, "mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo". Además, apuntan que el Reglamento del Senado recoge en su artículo 107.2 que estas propuestas de veto "deberán formalizarse por escrito y con justificación explicativa".
Por otro lado, Espadas ha denunciado que el presidente del Senado no ha remitido al resto de grupos parlamentarios el informe jurídico en el que sustenta su decisión hasta que no ha terminado el pleno, a pesar de tenerlo "desde el viernes", ni tampoco ha permitido el uso de la palabra al final de la sesión.
"Llueve sobre mojado con las decisiones de Mesa del Senado y el asesoramiento jurídico de la letrada de la Secretaría General", ha agregado el senador socialista, quien también ha lamentado que los 'populares' vuelvan "a utilizar a las víctimas como escudo para decir, en definitiva, que no están de acuerdo con una directiva europea".
Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha defendido que "no ha habido un veto, ha habido una votación en contra, punto, podría ir directa al BOE". "El veto tiene un recorrido reglamentario que esta votación no ha cumplido", ha argumentado ante los periodistas a su llegada al Ateneo de Madrid.
Por ahora, el Senado ya ha enviado su veto al Congreso, donde la Mesa lo estudiará en una próxima reunión. Por orden de registro, estaría previsto que fuera abordado el asunto la próxima semana, pero no se descarta que este mismo martes ya se tome alguna medida para agilizar el tema, como pudiera ser encargar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara Baja.