El exministro Eduardo Zaplana, condenado a más de 10 años de prisión por cohecho y blanqueo
- El tribunal le impone más de 17 años de inhabilitación para empleo y cargo público y multas por más de 25 millones de euros
- La Sala condena a otros cinco acusados en el caso Erial a penas desde un año y tres meses a siete años y medio de prisión
La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al que fue ministro con el Gobierno del PP de José María Aznar, y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, a diez años y cinco meses de prisión al considerarlo culpable de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en el denominado caso Erial sobre fraudes en la concesión de las ITV y las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
La Sección Cuarta de la Audiencia le impone además 17 años y 10 meses de inhabilitación para empleo y cargo público, otros tres años para el ejercicio de su profesión y multas por un importe superior a los 25 millones de euros.
Por otro lado, Zaplana ha quedado absuelto del delito de grupo criminal, pero el tribunal ha decretado el comiso de diferentes bienes y cuantías intervenidas durante la instrucción de la causa.
Zaplana recurrirá la sentencia y se muestra decepcionado por la sentencia
Tras conocerse la sentencia, los abogados del exministro han emitido un comunicado en nombre de Zaplana en los que expresa de "decepción por haber sido condenado por unas pruebas basadas en pactos y acuerdos opacos y sin ninguna evidencia objetiva" sobre su participación en los hechos que se le imputaban a su parecer.
"A pesar de todo, sigo afirmando mi inocencia y confiando en la Justicia y tengo la certeza de que tarde o temprano se reconocerá lo infundado de las acusaciones y, para ello, recurriré a las instancias que sea necesario. En este momento, me alegro especialmente por la absolución de todas las personas cuyo único delito fue haber sido mis amigos o colaboradores y que han tenido que sufrir una acusación igualmente injusta y soportar durante largos años la amenaza de una condena penal sin ningún fundamento", finaliza el comunicado.
El Tribunal considera probado que Zaplana cobró comisiones por las adjudicaciones de estaciones de ITV entre finales de los años 90 y principios de los 2000, en favor a los pactos que había suscrito con el empresario y político Juan Cotino F., ya fallecido.
Igualmente, la Sala declara probado en su resolución que el expresidente de la Generalitat diseñó con la ayuda de varios colaboradores o se aprovechó de una compleja estructura societaria para canalizar los fondos recibidos, tanto en España como en países como Panamá o Luxemburgo, al igual que utilizó para ello cuentas bancarias abiertas en Andorra.
Según se recoge en la sentencia, existió en cuatro sociedades "una unidad de acción y dirección" y que fueron utilizadas por Zaplana y otros dos acusados con el "propósito finalista de permitir la repatriación y uso de fondos provenientes" de otra mercantil, Imison Internacional SA, "pero velando siempre la verdadera titularidad de los mismos".
El expresidente de la Generalitat era el "titular real o último beneficiario" de esos fondos con los que, utilizando otras sociedades, efectuó disposiciones en efectivo o inversiones inmobiliarias, tal y como apuntan los magistrados.
Otros ocho acusados, entre ellos Olivas, absueltos
La Sala ha condenado a otros cinco acusados en el caso a penas de entre un año y tres meses y siete años y medio de prisión por prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. En concreto, se trata de los empresarios Vicente y José C.E. y Francisco P.L., el abogado y asesor fiscal Francisco G.J. y el amigo de Zaplana que actuó como su testaferro Joaquín Miguel B.Ll..
Los ocho acusados restantes en el denominado caso Erial, entre los que se encuentra el también 'expresident' de la Generalitat José Luis Olivas –quien sustituyó a Zaplana al frente de la Comunidad Valenciana en 2002 y 2003– han sido absueltos después de que la Fiscalía retirara la acusación para tres de ellos o por no apreciar pruebas que sustenten una condena, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, tras el juicio que quedó visto para sentencia el pasado mes de mayo, consta de 364 páginas, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Seis años de proceso judicial
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo el 24 de mayo de 2018 a Zaplana y a otras cinco personas en el marco de la investigación por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y por la Fiscalía Anticorrupción sobre adjudicaciones "sospechosas" del Gobierno valenciano en la época de Zaplana (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros.
Zaplana fue enviado posteriormente a prisión preventiva en el penal de Picassent (Valencia), si bien a partir del 18 de diciembre de ese mismo año estuvo ingresado en el Hospital La Fe de Valencia debido a complicaciones derivadas de la leucemia que sufría y por la que había sido trasplantado de médula en 2015.
La jueza del caso Erial decidió, en el mes de febrero de 2019, dejar en libertad provisional a Zaplana y a los otros dos detenidos en el marco de este caso, el abogado Francisco Grau y el exdirectivo de Terra Mítica Joaquín Barceló. Una decisión adoptada al observar una considerable reducción del riesgo de fuga y tras haber logrado bloquear más de seis millones de euros supuestamente procedentes del cobro de mordidas.
En declaraciones a los periodistas, el actual presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha mostrado su "respeto" hacia las resoluciones judiciales "más allá de los sentimientos de cada uno", si bien ha señalado que "no son firmes" y que el proceso es aún "susceptible de continuar".
Además, ante las críticas desde el PSPV, ha considerado que los socialistas "tienen problemas muy graves sobre la mesa como para dar lecciones" y les ha instado a "demostrar el mismo respeto que los demás" hacia otras resoluciones que se están produciendo estos días "y que son muy graves para el PSOE".
En términos similares se ha expresado la vicesecretaria de Igualdad y Conciliación del PP, Ana Alós, que ha recordado que la sentencia "no es firme" y que el caso se remonta a hace dos décadas. "Zaplana no está en política desde hace años. El PSOE quiere hablar de esto y no de lo que ocurre ahora. El PP siempre será implacable con la corrupción", ha afirmado.