Claves de la imputación de García Ortiz, el primer fiscal general del Estado investigado en democracia

• El fiscal ha estado inmerso en varias polémicas desde que accedió al cargo en 2022
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El Tribunal Supremo imputa al fiscal general del Estado por revelación de secretos

Álvaro García Ortiz se ha convertido este miércoles en el primer fiscal del Estado imputado por el Tribunal Supremo en democracia, un hecho inédito y sin precedentes en la historia judicial de nuestro país, y que llega tras varias polémicas en las que se ha visto inmerso desde que asumió el cargo.

La Sala de lo Penal ha decidido por unanimidad investigarle tras la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por difundir información sobre el presunto fraude fiscal por el que está siendo investigado a su vez.

Quién es Álvaro García Ortiz 

Álvaro García Ortiz llegó a la Fiscalía General del Estado en julio de 2022, después de que su predecesora, Dolores Delgado, renunciara alegando molestias tras una operación de espalda.

Desde el principio fue cuestionado al ser considerado como el heredero de Delgado. Aun así, logró superar el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con doce votos frente a siete en contra, el mismo resultado que obtuvo en su momento la anterior fiscal general del Estado, aunque meses después el órgano de gobierno de los jueces, de mayoría conservadora en ese momento, lo considero "no idóneo" por haber hecho un uso "espurio" de sus poderes.

Previamente a su nombramiento, este licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y en la carrera fiscal desde 1999, estuvo trabajando como fiscal jefe de la Secretaría Técnica -órgano de apoyo al fiscal general- en la etapa de Dolores Delgado.

Antes, había desarrollado el grueso de su carrera en Galicia, donde fue fiscal delegado de Medioambiente y coordinador especial de incendios, además de defender los intereses públicos en el caso Prestige.

De polémica en polémica

Tras la investidura de Pedro Sánchez después del 23J, el Gobierno decidió mantener en el cargo a García Ortiz hasta 2027. No obstante, en los pocos más de dos años al frente de la Fiscalía General del Estado, su trabajo no ha estado exento de polémicas. 

Primero fue el nombramiento de su predecesora para dos cargos, que fueron anulados después por el Tribunal Supremo. Inicialmente, la propuso como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Supremo, nombramiento que fue anulado meses después por apreciar "desviación de poder" en la propuesta de García Ortiz. Lo mismo sucedió cuando la nombró fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que también fue tumbado por el Alto Tribunal.

La ley de amnistía es otra de las razones por las que ha sido criticado. García Ortiz se negó en dos ocasiones a informar al Senado sobre la norma, tal y como le reclamaba la Cámara Alta, alegando que podía "ser una distorsión en el debate jurídico".

Al respecto, la mayoría del Consejo Fiscal, compuesta por los vocales electivos de la Asociación de Fiscales (AF), se opuso a la decisión del fiscal general del Estado y redactaron su propio borrador sobre dicha norma, que consideraban "manifiestamente inconstitucional" porque vulneraba la separación de poderes.

También un grupo de fiscales del Supremo le criticaron por "ignorar deliberadamente" la petición de "amparo institucional" de los fiscales del 'procés' frente a las comisiones de investigación pactadas por el PSOE y sus socios parlamentarios sobre casos de 'lawfare' y guerra judicial.

Por su parte, el Senado, con la mayoría absoluta del PP, reprobó al fiscal general del Estado el pasado mes de mayo y exigió al Gobierno su cese por sus "incumplimientos graves y reiterados" respecto a sus funciones y su "servilismo descarado".

Quién es Alberto González Amador y de qué se le investiga

Alberto González Amador es la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se le investiga por la presunta comisión de fraude a Hacienda de 350.951 euros mediante facturas falsas, que se habría cometido en 2020 y 2021 a través de una empresa de la que era administrador único.

Fue la Fiscalía Provincial de Madrid la que presentó la denuncia fundamentada en una investigación de la Agencia Tributaria. El juzgado de instrucción número 19 de Madrid decidió imputar a González Amador, después de que la propia pareja de Ayuso admitiera en un escrito los hechos por los que está siendo investigado y planteara un pacto la Fiscalía.

En el escrito, González Amador aceptaba "íntegramente" la existencia de "dos delitos contra la Hacienda" y proponía asumir ocho meses de cárcel y pagar 525.000 euros para no ir a juicio.

El conflicto entre el fiscal y la pareja de Ayuso

Precisamente, ante la difusión de este acuerdo de conformidad que ofreció el empresario a la Fiscalía, Alberto González Amador, presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por supuesta revelación de secretos.

En una nota de prensa, el Ministerio Público había informado del cruce de correos entre la defensa de González Amador y el fiscal relativos al caso que se investigaba. El fiscal general del Estado asumió la responsabilidad de la nota de prensa y alegó que autorizó su difusión para "poner fin a un bulo" y "desmentir , con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces".

Tras esta asunción de responsabilidades, el TSJM pidió al Supremo que investigase al fiscal general del Estado. El Alto Tribunal pidió a la Fiscalía que informase si debía admitir a trámite la petición, algo a lo que se opuso el Ministerio Público, que pidió archivar la querella.

Sin embargo, finalmente el Tribunal Supremo ha decidido abrir una causa contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos. No obstante, García Ortiz ya ha anunciado que seguirá en el cargo.