Las dudas legales del plan migratorio de Meloni: "Es coger la Convención de Ginebra, romperla y tirarla a la papelera"

• Varios expertos consultados por RTVE cuestionan la medida de enviar a solicitantes de asilo a terceros países
• Von der Leyen llevará a la cumbre de líderes de la UE el plan de la primera ministra italiana, que España rechaza

Dudas sobre la legalidad del plan de Meloni de enviar a solicitantes de asilo a centros en Albania

El desembarco este miércoles en Albania de 16 solicitantes de asilo que llegaron a Italia de forma irregular sienta un precedente en la Unión Europea: es la primera vez que un país miembro envía migrantes rescatados en el Mediterráneo a otro país de fuera del club comunitario. Ha ocurrido mientras en Bruselas se está debatiendo sobre la legalidad de este polémico experimento del gobierno ultraderechista de Georgia Meloni, y al que algunos países miran con buenos ojos.

En los centros de las localidades albanesas de Schengjin y Gjader, una vez identificados, han comenzado a gestionarse las solicitudes de asilo de estas personas, diez de Bangladés y seis de Egipto. Algo que, para muchos expertos, supone una ilegalidad.

"Desde un punto de vista estrictamente legal me parece una barbaridad. Coger y decir 'yo a estas personas las mando a un tercer país', es como coger la Convención de Ginebra, romperla y tirarla a la papelera. Es un incumplimiento flagrante", explica el abogado especialista en derecho extranjería, Paco Solans.

La UE estudia adaptarlo a todo el territorio comunitario

El jueves, Von der Leyen llevará a la cumbre de líderes de la UE la posible creación de centros de deportación migrantes irregulares fuera de la UE. Aunque España lo rechaza, muchos otros suscriben la propuesta de Meloni y la presidenta comunitaria.

"No vamos por buen camino ni por uno de respecto a los derechos humanos, a la legislación internacional a la que está obligada la Unión Europea y los países que la conforman. Hablamos de la Convención Europea de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra del derecho de las personas refugiadas..." , recuerda la directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López.

Justo antes del verano, Europa firmó el pacto de migración y asilo, que recoge que los Veintisiete tienen que garantizar todos los derechos de asistencia letrada y de intérprete en todas las fronteras. Sobre esto hay "muchas dudas de que se vaya a cumplir por parte de los Estados que se han comprometido en ese pacto", explica López.

Mónica López, directora de CEAR, sobre el pacto migratorio de Italia: "Condenamos este tipo de sistemas"

No tendrán libertad de movimiento

El año pasado solicitaron asilo en la UE algo más de un millón de personas, y más del 70% se presentaron en solo cuatro países: Alemania, España, Francia e Italia. 

Según el plan italiano, en 28 días serán resueltas las peticiones de asilo de los migrantes que han llegado este miércoles a Albania. Durante ese tiempo, estas personas tendrán prohibido salir del centro, es decir, no tendrán libertad de movimiento. Otra duda que surge es la asistencia legal a la que tienen derecho.

La primera premisa que se está incumpliendo actualmente es la inexistencia de una autoridad independiente que monitorice la situación de las personas y los procedimientos en fronteras. "Contactar con abogados que les informen de sus derechos va a ser algo totalmente distinto en Italia que en Albania. En Albania va a ser mucho más difícil porque, además, estas personas van a estar detenidas en estos centros", según Carlos de las Heras de Amnistía Internacional.

Son hombres adultos de países "seguros"

Italia defiende que los migrantes enviados son hombres adultos. En cambio, tras llegar a suelo albanés, dos de ellos fueron devueltos a la embarcación, después de que las autoridades identificaran a dos de ellos como menores. Además, los medios italianos hablan de la posibilidad de que otros dos menores estén entre ellos. De confirmarse esta información, solo 12 de las 16 personas trasladadas serían adultos.

También provienen de países que el Gobierno italiano considera "seguros", es decir, que si no consiguen el asilo serán deportados a sus países de origen. En dicho índice hay 21 Estados, entre los que se encuentran Bangladés y Egipto.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) emitida a principios de octubre puede suponer un obstáculo, ya que limita la definición de lo que puede considerarse un país seguro fuera de la UE. El Tribunal, que se pronunció sobre un caso distinto que afectaba a la República Checa, ha dicho que un país no perteneciente Unión no puede declararse seguro a menos que todo su territorio se considere libre de peligro. El Ministerio del Interior italiano ha declinado hacer comentarios sobre la sentencia del TJCE. 

"Una persona no puede ser desviada, expulsada, desplazada a un país no seguro, a un país donde corra peligro su integridad física", analiza el director de la fundación Alternativas, Diego López Garrido. Del polémico plan italiano quedan excluidos los menores, las mujeres y las familias.