El Supremo imputa al fiscal general del Estado por revelación de secretos en el caso de la pareja de Ayuso

• La investigación se centra en la revelación de información de varios medios antes de la publicación de la nota de la Fiscalía
• Nunca antes se había imputado a un fiscal general; Álvaro García Ortiz ya ha dicho que no se plantea dimitir

El Supremo imputa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos

El Tribunal Supremo ha decidido de manera unánime imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en la causa por fraude fiscal contra la actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la querella presentada por Alberto González Amador por la nota de prensa difundida por la misma Fiscalía, en la que se desmentía un acuerdo ofrecido por el Ministerio Fiscal al acusado.

Sin embargo, el Alto Tribunal ha descartado que la investigación que se le abre a García Ortiz, es la primera vez que se procesa a un fiscal general, sea por esa nota informativa, ya que considera que "aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos", ya que había publicaciones con esos datos en varios medios de comunicación en los días previos.

El delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 417 del Código Penal, recoge que se castiga a "la autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento de por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados".

Este delito que se le imputa a García Ortiz es por la información que se publica precisamente en los medios horas antes al 14 de marzo, fecha en que la Fiscalía emite la nota de prensa con el desmentido cronológico del supuesto acuerdo, con información contenida en los correos que intercambiaron la fiscalía del caso y el abogado de González Amador.

En el auto del Supremo, al que ha tenido acceso RTVE.es, los cinco magistrados Susana Polo -como ponente-, Manuel Marchena -presidente-, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, y Carmen Lamela han considerado la imputación de Ortiz basándose en la instrucción previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al tomar en consideración la declaración de Julián Soto, el fiscal encargado de la causa contra la pareja de Ayuso.

Extracto del auto del Supremo.

“Se desprende que horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial”, exponen de manera unánime los jueces del Alto Tribunal.

Una argumentación que también ha valido para que asuman la investigación contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por haber pasado esa información a Ortiz horas antes de esa nota de prensa emitida desde la misma Fiscalía. A pesar de no estar aforada, se ha tomado la decisión de asumir las competencias por tener vinculación directa con el caso investigado.

Información revelada por los medios antes de la nota de la fiscalía

La clave de la imputación del fiscal general del Estado ha sido ese intercambio de información contenida en dichos correos entre la fiscal jefa de Madrid y Ortiz en las horas previas a la publicación de la nota y de saber cómo varios medios de comunicación tuvieron acceso al contenido de esos mails.

El auto emitido por la Sala de lo Penal, recoge que las publicaciones de los medios contienen información a la que solo pudieron acceder las partes implicadas, es decir, la fiscalía y la defensa de la pareja de Ayuso, así como la fiscal jefa de Madrid y el propio Fiscal General del Estado, tras la solicitud de este de los mismos para la elaboración de la nota de la discordia.

“Como tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando los mismos estaban en poder del Fiscal General del Estado y de la Fiscal Jefa Provincial, enviados por el Sr. Salto a partir de las 22 horas del día 13 de marzo, y dispusieron de ellos ambos para elaborar y consensuar la nota informativa”, se expone en el razonamiento del auto del Supremo.

Parte del auto del Supremo.

Los cinco magistrados continúan su argumentación aludiendo a que las informaciones de varios medios sacadas el 12 y 13 de marzo ya revelaban contenido de los correos intercambiados entre las partes. En concreto, hacen alusión al mail mandado el 2 de marzo por el abogado de González Amador en el que este asumía el “reconociendo íntegramente los hechos” por los que estaba encausado, así como el pago de lo defraudado más intereses.

Sobre un posible perjuicio a la pareja de Ayuso, que denunció la revelación de secretos por parte de la Fiscalía de su caso, el Supremo ha considerado que “en este momento inicial de formación de la causa, resulta difícil de fijar y deslindar”. Aunque sí ha dejado patente que “sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa”

“Resulta obvio que el Sr. González Amador se enfrenta a un proceso judicial y que la revelación del correo del día 2 de febrero de 2024, asumiendo o reconociendo su culpabilidad de dos delitos fiscales […] no llevada a cabo conforme a los parámetros de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede tener repercusión en el derecho a la presunción de inocencia”, concluye el auto del Alto Tribunal, que ahora debe determinar con su investigación si tanto García Ortiz como la fiscal jefa de Madrid han cometido un delito de revelación de secretos.

Ortiz no dimitirá y convoca a la Junta de Fiscales y al Consejo Fiscal

A pesar de la imputación, un hecho inédito hasta ahora, el Fiscal General del Estado ya ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que “es consciente de la repercusión”, pero que seguirá en el cargo para “seguir ejerciendo plenamente” sus “atribuciones legales”.

"En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española, anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado", ha expuesto en el comunicado.

Además, Ortiz ha anunciado también que ha convocado para este jueves a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal para explicarles su decisión de continuar al frente de la Fiscalía General del Estado.

El jefe de los fiscales ha señalado que su imputación por parte del Supremo “impone máxima prudencia” en los pronunciamientos para evitar que puedan “interpretarse como una interferencia” en el proceso o “una influencia” hacia los cinco magistrados.   

"La atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado es inédita en nuestro país y obliga a realizar una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española", ha reflexionado Ortiz en su escrito.

A pesar de su decisión, la mayoría de la carrera fiscal le ha pedido que dimita, en concreto lo han hecho la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, así como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, para evitar un "daño reputacional" a la carrera fiscal.

Sin embargo, la Unión Profesional de Fiscales, de carácter progresista, ha mostrado su discrepancia con la argumentación de Tribunal Supremo para la imputación de Ortiz y ha defendido su actuación en la causa por la que ha sido imputado.