Gobierno y PP trasladan el choque político a la arena judicial en una semana marcada por la imputación del fiscal general

• El último informe de la UCO sobre el caso Koldo apunta al "papel relevante y de responsabilidad" que podría tener Ábalos
• Por otro lado, el expresidente valenciano Eduardo Zaplana ha sido condenado a más de diez años de prisión

Gobierno y PP llevan el choque político a la arena judicial

Los desencuentros entre el Gobierno y el PP continúan caldeando la arena política. Esta vez, sin embargo, han trasladado sus enfrentamientos de las Cortes a los tribunales a raíz de las últimas revelaciones por el caso Koldo y la imputación del fiscal general del Estado.

Aunque la preocupación social por la crisis de vivienda, la polémica reforma legal que beneficiará a etarras o la incógnita sobre el futuro de los Presupuestos Generales continúan estando vigentes en los debates parlamentarios, la avalancha de novedades sobre las diferentes causas judiciales han marcado no solo la actualidad diaria, sino también el orden del día en los plenos.

En el Congreso, por ejemplo, esta semana la corrupción se ha convertido en la gran protagonista hasta el punto de que el PP pidió –sin éxito– cambiar todas las preguntas de la sesión de control del miércoles para centrarla exclusivamente en esta cuestión y tratar de lograr que el Gobierno "diera la cara".

El caso Koldo y el papel de Ábalos

El pistoletazo de salida a este 'tsunami judicial' lo daba el pasado 10 de octubre el informe de la UCO sobre el caso Koldo y las presuntas irregularidades en los contratos de material sanitario, la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y la adquisición de varios bienes inmuebles. En este documento, la Guardia Civil apuntaba al "papel relevante y de responsabilidad" que habría tenido el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien fue número dos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Precisamente, la aparición de su nombre en el informe de la UCO por las conversaciones que mantenían Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se ha convertido en el nuevo argumento de los 'populares' para exigir su dimisión, ya que le acusan de haber sido conocedor de la trama y el "nexo de unión" de todo ello.

El PP, que de momento ha dado por descartada una moción de censura por falta de apoyos, que no de motivos, sí que ha decidido dar un paso más en su estrategia y presentar una querella contra el PSOE ante la Audiencia Nacional por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias.

Para pedir esta investigación, se ha basado en la información publicada por el diario The Objetive sobre el testimonio de un empresario anónimo que afirma que ofrecía dinero a cambio de favores políticos en Ferraz. "Si un empresario va a la sede de un partido con bolsas llenas de dinero, obviamente a eso apunta la financiación irregular", defendió el portavoz del PP, Borja Sémper, que consideró que “todo se va a terminar por saber”: “Lo que hoy son sospechas, se acabarán convirtiendo en evidencias”.

"Todos los caminos conducen" a Sánchez, afirmaba también el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cargó en el Congreso contra el presidente por ser el "señor uno" de la trama Koldo.

El PSOE ha salido al paso negando su implicación y advirtiendo de que acudirá también a la Justicia para acusar al PP de difamación en caso de que la querella sea rechazada. "Que la presenten en la Fiscalía, que es donde tienen mano", respondieron ‘los populares’ con ironía, aludiendo al nuevo frente judicial abierto en el Tribunal Supremo con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La imputación del fiscal general del Estado

El salto a los tribunales continuaba el miércoles con la imputación de García Ortiz por la presunta revelación de secretos en el marco de la causa abierta por fraude contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En una decisión inédita, el Alto Tribunal anunció que –partiendo de la querella presentada por la defensa de Amador– investigaría al fiscal general por la publicación en varios medios de unos correos electrónicos en los que, con el fin de alcanzar un acuerdo, el empresario se habría declarado culpable y se ofrecería a pagar el dinero defraudado.

Mientras PP y Vox piden el cese de García Ortiz, que ha descartado dimitir y al que acusan de estar "atrincherado" en el cargo y poner en cuestión la credibilidad de la institución, el Gobierno ha cerrado filas en torno al fiscal general, defendiendo su gestión y asegurando que "hizo lo que tenía que hacer" ante la "propagación de un bulo" que, en palabras de Sánchez, intentaba "situar la mentira del lado de la Fiscalía".

"Es un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda, como él mismo ha reconocido, y que además se ha lucrado con las mascarillas durante la pandemia", afirmaba el jueves un Sánchez visiblemente molesto que apuntaba a la dirigente autonómica como posible beneficiaria indirecta de las acciones de su pareja e instaba a Feijóo para que le exigiera a su "jefa" las "responsabilidades políticas" necesarias, entre ellas su dimisión.

La condena de Zaplana: el PSOE recuerda las causas del PP

Por su parte, los socialistas se defienden contraponiendo su "contundencia, determinación, transparencia y colaboración" contra la corrupción con la de los 'populares' y apuntando a la "máquina del fango" como origen de esta nueva batalla judicial. "Recordemos cómo acaban dentro del PP los que exigen responsabilidades. Que le pregunten al señor Casado", lanzó Sánchez desde Bruselas en alusión a la crisis interna del PP, en la que hubo acusaciones cruzadas de corrupción y espionaje, y que desembocó en la salida de Pablo Casado del partido.

De hecho, la condena a más de diez años de prisión por cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación para el que fue ministro con el Gobierno de José María Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, ha dado pie a que desde el PSOE se enumeren casos relacionados con el PP, desde la "sede reformada con dinero negro" a las tramas Gürtel y Púnica. "De la A de Ayuso a la Z de Zaplana, tienen un caso de corrupción para cada letra del abecedario", enarboló el presidente del Gobierno, que ha rechazado "lecciones" del PP.

En el PSOE, no obstante, tampoco renuncian a pasar a la acción y desde Ferraz han insistido en que adoptarán medidas legales, incluso llevando ante la Justicia Feijóo si no da explicaciones sobre contratos otorgados por la Xunta de Galicia a sus familiares durante su etapa como presidente autonómico. "Esperemos que no use la mayoría del PP para esconderse de los contratos otorgados a su familia", advirtió la portavoz socialista, Esther Peña.

Mientras tanto, Sánchez ha recibido un varapalo judicial al ver que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza la querella por prevaricación que había presentado contra el juez que instruye la causa contra Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, por tomarle declaración en la Moncloa y no por escrito, como le habilitaba la ley.

El auto del tribunal, crítico con la postura de la Abogacía del Estado a favor de la admisión de la querella, afirma que "concebir como un ataque innecesario a la actuación del Gobierno la citación en calidad de testigo de su presidente en una causa penal carece de la más elemental justificación". Unos argumentos que han sido criticados desde la Moncloa, que ha tachado esas manifestaciones de "inusuales e innecesarias para la motivación jurídica".

Por su parte, el PP ha convocado una manifestación este domingo, afirmando que, frente a "un Gobierno más pendiente de su defensa en los tribunales que en solucionar los problemas de los ciudadanos", el PP "representa la única alternativa".