Consumo abre una investigación a inmobiliarias por el cobro de comisiones ilegales a los inquilinos

• Podría conllevar multas de 100.000 euros a un millón, en el caso de las muy graves
• El Ministerio cree que estas prácticas se han llevado en todo el territorio español

Consumo abre una investigación a agencias inmobiliarias por el cobro de comisiones ilegales. EFE/J.L.Cereijido

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a través de Consumo a inmobiliarias que operan en todo el territorio español por prácticas abusivas como el cobro de comisiones ilegales a los inquilinos por la gestión del arrendamiento o que les habrían obligado a firmar contratos temporales sin que la temporalidad estuviera justificada.

Estas prácticas que se habrían llevado a cabo están prohibidas por la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, además de que supondría un abuso según la Ley de Defensa de los Consumidores, según ha informado el Ministerio.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy asegura que estas prácticas podrían calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, o muy graves con sanciones de hasta un millón de euros.

Consumo tuvo conocimiento tras recibir varias denuncias

La Dirección General de Consumo, que es la unidad que formalmente ha abierto esta investigación, ha tenido conocimiento de que se estarían realizando estas prácticas irregulares a través de diversas denuncias recibidas sobre este sector.

El Ministerio ha recordado que la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, normativa que impide a las agencias inmobiliarias incluir cláusulas o prácticas que atenten contra los derechos que tienen los inquilinos.

Además, estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de infracciones recogidas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias: el incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas, el uso de prácticas comerciales desleales con consumidores o usuarios y la introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos.