Consumo abre una investigación a inmobiliarias por el cobro de comisiones ilegales a los inquilinos

• Podría conllevar multas de 100.000 euros a un millón, en el caso de las infracciones muy graves
• El Ministerio cree que estas prácticas se han llevado en todo el territorio español

La Dirección General de Consumo investiga a agencias inmobiliarias por prácticas abusivas. EFE/J.L.Cereijido

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a través de la Dirección General de Consumo a agencias inmobiliarias que operan en todo el territorio español por prácticas abusivas contra inquilinos al cobrarles comisiones ilegales por la gestión del arrendamiento, obligarles a firmar contratos temporales sin que la temporalidad estuviera justificada o incluir cláusulas abusivas para los consumidores.

Las prácticas que investiga Consumo, según ha comunicado el Ministerio, están prohibidas por la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, además de suponer un abuso según la Ley de Defensa de los Consumidores. La Dirección General de Consumo, que es la unidad que formalmente ha abierto esta investigación, ha tenido conocimiento de que se estarían realizando estas prácticas irregulares a través de diversas denuncias recibidas sobre este sector.

El departamento que dirige el ministro Pablo Bustinduy ha recordado que la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la Ley de Arrendamientos Urbanos, normativa que impide a las agencias inmobiliarias incluir cláusulas o prácticas que atenten contra los derechos que tienen los inquilinos.

Desde Consumo afirman haber llevado a cabo acciones informativas con los operadores del mercado sobre potenciales conductas abusivas en los contratos de alquiler, como la exigencia de fianzas desproporcionadas, garantías adicionales o la exigencia de mensualidades adelantadas contrarias a la norma, así como las modificaciones normativas que impiden cobrar una comisión por la gestión a las personas interesadas en arrendar una vivienda.

Sanciones de hasta un millón de euros

Las prácticas abusivas, en el caso de calificarse como graves, podrían conllevar multas de hasta 100.000 euros, pero podrían alcanzar hasta un millón de euros en el caso de considerarse infracciones muy graves, según el Ministerio.

Además, otras prácticas - que podrían que ser constitutivas de infracciones recogidas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y de otras leyes - son: el incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas, el uso de prácticas comerciales desleales con consumidores o usuarios y la introducción o existencia de cláusulas abusivas en los contratos.

Las dos primeras infracciones podrían calificarse como graves y ser sancionadas, según el artículo 49 de la citada ley, con multas de hasta 100.000 euros, aunque pueden alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. En el caso de la tercera infracción, y en base al artículo 48, se podría, podría calificarse como muy grave y ser sancionada con multas hasta un millón de euros, pudiéndose sobrepasar hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Bustinduy aboga por una mayor intervención del mercado

En relación con el precio de los alquileres, Bustinduy - de Sumar- abogó la pasada semana en una entrevista en La Hora de La 1 de TVE por una mayor intervención del mercado de la vivienda, con la prohibición de las compras para "especular" en la zonas de mercado tensionado y el vaciado de los pisos turísticos.

Bustinduy defiende "intervenir" el mercado de la vivienda y señala a las comunidades por no aplicar la ley estatal

Así lo aseguró solo un día después de que miles de personas —22.000, según la Delegación del Gobierno, y 150.000, según los convocantes— salieran a las calles de Madrid para protestar por el alto precio de los alquileres, convocados por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y casi 40 colectivos más, entre los que se encuentran CCOO, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Amnistía Internacional o Ecologistas en Acción.

Precisamente, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, anunció el pasado sábado que su partido apoyará iniciativas del Gobierno como los Presupuestos Generales del Estado solo si baja por ley los precios de los alquileres de la vivienda y rompiera relaciones diplomáticas con Israel. "Si quieren el apoyo de Podemos van a tener que romper relaciones comerciales con Israel, bajar los alquileres por ley y terminar con la especulación de la vivienda", advertía Belarra durante su intervención en un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.