La Fiscalía Anticorrupción solicita el ingreso en prisión inmediato de Eduardo Zaplana
- El exministro ha sido condenado por cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y prevaricación en la privatización de las ITV
- La vistilla para tomar una decisión sobre la petición de la Fiscalía se celebrará el próximo 7 de noviembre
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión inmediato del exministro y expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana tras la condena a 10 años y cinco meses de prisión por cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y prevaricación en la privatización de las ITV y las adjudicaciones del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado de que la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha convocado una vistilla el próximo 7 de noviembre, a partir de las 12:30 horas, para escuchar los argumentos de las partes y tomar una decisión sobre la petición de la Fiscalía.
El fiscal encargado del procedimiento aprecia riesgo de fuga y, por este motivo, ha solicitado su ingreso en la cárcel pese a que la resolución judicial no es firme todavía, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión.
Multas superiores a 25 millones de euros
El Tribunal dictó una sentencia de condena de prisión a Zaplana el pasado 15 de octubre y le impuso multas por importe superior a los 25 millones de euros en el marco del caso Erial.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, según ha recordado el TSJCV.
De hecho, Zaplana ya ha anunciado que recurrirá la sentencia de 10 años y 5 meses de prisión que le ha sido impuesta por delitos de corrupción por considerar que está "basada en acuerdos opacos" y "sin evidencias" contra él.
En un comunicado difundido a través del despacho de su letrado, Daniel Campos, Zaplana se mostró "decepcionado" por el pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Valencia.
En la actualidad hay dictadas medidas cautelares sobre el expresident de la Generalitat, que tiene que comparecer periódicamente ante el juzgado.