La Justicia inglesa rechaza el recurso de España para anular un laudo de renovables

• Se refiere a un acuerdo que obliga a España a pagar 120 millones a inversores perjudicados
• La Corte secunda un fallo de 2023 donde el juez descartó que España tuviera "inmunidad soberana" en la jurisdicción inglesa

Un parque de energía eólica. GETTY IMAGES

El Tribunal de Apelación de Londres ha rechazado este martes un recurso del Gobierno de España para que anulara el registro en Inglaterra del laudo arbitral Antin, que le obliga a pagar 120 millones de euros a unos inversores perjudicados cuando en 2013 redujo unas ayudas de 2007 a la energía renovable. Cabe recordar que un laudo es una decisión dictada por los árbitros componedores y que pone fin a un procedimiento.

La Corte ha secundado así el fallo del 24 de mayo de 2023 del juez Peter Fraser del Tribunal Superior, que descartó que España tuviera "inmunidad soberana" en la jurisdicción inglesa, después de que el grupo inversor Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar (los receptores del laudo Antin) lo inscribieran en este territorio para reclamar su cobro.

Fraser también ha rechazado que una reciente jurisprudencia de la Unión Europea (UE) revocara las obligaciones adquiridas por España bajo el convenio internacional de arbitraje de 1966 del CIADI (con sede en Washington y que emitió el laudo condenatorio) y el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) de 1994.

El Tribunal de Apelación coincide con el Superior en que, aunque la UE y España decidieron abandonar el TCE, aún están sujetos a los compromisos inicialmente suscritos.

"La sentencia deja claro que los Estados contratantes del Convenio del CIADI no pueden invocar la inmunidad estatal en Inglaterra para oponerse al registro de los laudos arbitrales dictados por el CIADI en su contra, ya que se sometieron a la jurisdicción en virtud del artículo 54 del Convenio del CIADI", indica Richard Clarke, del despacho jurídico de los demandantes, Kobre & Kim.

Con este dictamen, la corte londinense revalida la orden firmada el 29 de junio de 2021 por la jueza Sara Cockerill de registro del laudo, que fue emitido originalmente en 2018 por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), una institución dependiente del Banco Mundial.

Será considerado como si hubiera sido emitido por instituciones de Reino Unido

Esto significa que el laudo será considerado como si hubiera sido emitido por las instituciones del Reino Unido a efectos de su ejecución. La decisión de este martes acerca a los fondos que en 2011 financiaron las plantas Andasol 1 y 2 en Granada a poder cobrar la deuda.

En agosto de 2023, Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar consiguieron una orden provisional de embargo sobre los terrenos en los que se ubica el Instituto Español Vicente Cañada Blanch en Londres, a fin de forzar al Ejecutivo de Madrid a cumplir con la decisión del CIADI.

En otro proceso paralelo aún en curso obtuvieron, además, otra orden preliminar para embargar 120 millones de euros de los 855 millones que España podría cobrar si gana un pleito con la aseguradora The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association por el vertido del Prestige en 2003.

Tras su reforma del sistema de primas a la energía renovable, España afrontó 51 arbitrajes en varios países por esta causa, con reclamaciones por unos 10.000 millones de euros y 28 laudos dictados, de los cuales hasta ahora ninguno se ha ejecutado.