La jueza abre una nueva investigación a la pareja de Ayuso para aclarar si incurrió en otros delitos en sus negocios

• Busca esclarecer si usó una empresa pantalla para ocultar sus negocios con el Grupo Quirón
• La magistrada ha estimado parcialmente los recursos del PSOE y Más Madrid

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llega al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, EFE/ Rodrigo Jimenez

La jueza de instrucción 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, ha acordado este miércoles ampliar la investigación contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, para averiguar si pudo cometer nuevos delitos, como el de administración desleal, al usar una empresa pantalla para ocultar sus negocios con el Grupo Quirón.

En un auto adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso RTVE, la magistrada estima parcialmente un recurso interpuesto por las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid contra el auto en el que se denegó el pasado 31 de julio las diligencias.

La jueza alude a un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una "operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria" en 2021 por la que, presuntamente, habría utilizado una sociedad pantalla (Masterman S.L.) mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, empresa propiedad de González Amador, y su cliente, Quirón Prevención S.L.

El objetivo, explica la jueza, sería "ubicar de forma ilícita y fraudulenta en esa mercantil parte de los ingresos generados por servicios prestados realmente por Maxwell Cremona" y así generar unas "bases imponibles negativas a compensar para el futuro". De este modo, la resolución analiza si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad Masterman para "ocultar unos ingresos" que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona "pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados".

El auto explica que González Amador lograría "remansar" y poner a su disposición "los importes facturados y cobrados a Quirón Prevención" a través de esta supuesta empresa pantalla, que también él controlaba, pese a que "servicios así facturados fueron realmente prestados por Maxwell Cremona".

La jueza, no obstante, no especifica en su resolución qué posibles delitos investigará en la pieza separada, si bien recalca que la Abogacía del Estado entiende que "en la simulación subjetiva de ese negocio jurídico" podría haber "una administración desleal", y que la acusación también apunta a un posible delito de corrupción en los negocios.

Importes a cambio de "una contraprestación"

La acusación popular entiende que pudo haber "una administración desleal" o incluso "un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas", todo ello atendiendo al importe pagado de "casi 500.000 euros por las participaciones" de Masterman, que en ese momento era propiedad de la esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino.

Entiende, por tanto, que podría tratarse de "una contraprestación" que derivaría por una adjudicación de contratos a Maxwell y a Masterman por Quirón Prevención.

También indican que podría deberse a una operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores "adquirió productos sanitarios", ya que como resultado de esas operaciones "Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020".

El informe de la Agencia Tributaria, recuerda también la jueza, aludía a que la pandemia "supuso una oportunidad de negocio" para la empresa de González Amador, "que dio lugar a un incremento muy sustancial de sus ingresos de actividad", si bien "no se produjo un incremento de su tributación (...), consecuencia de diversos comportamientos fraudulentos como lo son la deducción de gastos improcedentes con origen en la factura que se reputan falsas o falseadas".

Ayuso tilda a España de Estado policial

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que España es ya un Estado policial con derechos civiles restringidos. Se ha expresado así durante su intervención en la VII edición de los Premios Influyentes 2024.

La líder madrileña, además, ha indicado que la judicatura, la policía, las grandes instituciones públicas "están tomadas por políticos". En referencia a su pareja, ha explicado que "un ciudadano particular ve troceada y convenientemente publicada su declaración de Hacienda, con escarnio, algo que es completamente ilegal, por ser el novio de una adversaria política. Eso es un Estado policial".

"España está viviendo el peor momento institucional de su historia democrática. Las prácticas que han arrasado con la democracia en muchos países hispanoamericanos han llegado a Europa de la mano de nuestro presidente aconsejado por el anterior (...). España ya es un Estado policial", ha afirmado Ayuso en el encuentro organizado por el medio El Confidencial.

La acusación popular presentó un recurso en junio

Las peticiones de la acusación popular se solicitaron en un escrito presentado el pasado 24 de junio. Ese día, la jueza tenía previsto tomar declaración como investigados a González Amador y al resto de los imputados en la pieza central, pero las comparecencias se aplazaron a la vista del citado escrito.

PSOE y Más Madrid alegaban que la resolución en la que la jueza rechazó sus diligencias carecía de motivación suficiente al denegar genéricamente la práctica de las diligencias solicitadas, "sin individualizar los motivos de denegación de cada una de ellas, dejando mermada la capacidad para rebatir dicha denegación, incurriendo, además, en contradicciones".