El Gobierno propone "blindar" el parque público de vivienda y el suelo público

• El Constitucional anuló el artículo de la ley estatal que impedía la descalificación por invadir competencias autonómicas
• "Decepción" en Sumar tras la comparecencia de la ministra Isabel Rodríguez en el Congreso a petición de sus socios

El Gobierno propone "blindar" el parque público de vivienda

"Es necesario blindar el parque público de vivienda, el suelo público y los esfuerzos que estamos haciendo para que sirvan al interés general para siempre". Así lo ha defendido este miércoles la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en el Congreso de los Diputados, donde ha defendido la acción de su departamento y ha pedido apoyo a los grupos políticos y las comunidades autónomas para desarrollar y aplicar la ley estatal de vivienda.

En su discurso, que ha comenzado admitiendo la "gravedad del problema", Rodríguez ha fijado como objetivo prioritario "ampliar" ese parque público y ha enumerado cinco ejes de su política de vivienda: el "refuerzo sin precedentes de los recursos económicos y la financiación destinada a la política de vivienda"; la regulación, con la ley estatal, antes citada, y el reglamento de alquiler de temporada, aún en trámite; la fiscalidad, con bonificaciones a quienes bajen el precio del alquiler o rehabiliten las viviendas; la movilización del suelo con protección del parque público; y el "diálogo" con los agentes involucrados.

Tanto el PSOE como Sumar, por separado, han presentado este mes en el Congreso proposiciones no de ley sobre la protección de la vivienda pública. "Apostamos por la protección permanente para las viviendas de protección pública, tanto en suelo público como en privado", se lee en el texto de los socialistas. La medida ya se incluyó en la ley estatal, pero el Tribunal Constitución la anuló por considerar que invadía la competencia de las comunidades.

La comparecencia de Isabel Rodríguez —solicitada por ERC, EH Bildu y el BNG y apoyada por PP y Sumar— llega después de las movilizaciones por el derecho a la vivienda en ciudades como Madrid o Valencia. Los grupos parlamentarios han cuestionado a la ministra por su "inacción" y "falta de medidas" ante la subida de los precios y, tras el debate, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha expresado su "decepción" con la ministra. Considera que esta ha demostrado poca empatía y autocrítica, y se ha quedado corta en propuestas.

"No hay una crisis de Gobierno, hay una crisis de vivienda", ha afirmado a la prensa y, tras ser preguntado si pedirán su dimisión, ha aclarado que "no es cosa de nombres", sino de la "orientación" de las políticas del Ministerio.

Pide "colaboración leal" a las comunidades autónomas

Durante el debate, que se ha extendido más de dos horas, la titular de Vivienda ha pedido "colaboración leal" a las comunidades autónomas, lo que se traduce en instarlas una vez más a aplicar los mecanismos de la ley estatal para intervenir en las zonas con elevados precios del alquiler. Rodríguez lo ha vinculado al desarrollo del mandato del artículo 47 de la Constitución, sobre el derecho a la vivienda digna y adecuada, y ha asegurado que piensa "agotar todo el margen de actuación" del Gobierno, en tanto que las competencias de vivienda están transferidas. Por ello, ha loado la acción del Govern catalán, en manos de su partido.

Igualmente, se ha dirigido a los socios del Gobierno, quienes "participaron" en la elaboración de la ley y "ya están deseando cambiarla", a la vista de las críticas al pedir su comparecencia. Les ha recordado que queda "mucho por desarrollar" de este texto y ha invocado la necesidad de "seguridad jurídica" en el sector. Más tarde, ha reclamado su firma a la ley de suelo registrada junto al PNV y que ya tuvieron que retirar en una ocasión por la falta de apoyos.

Al margen de la acción legislativa, la ministra ha celebrado los 500 convenios firmados con comunidades y ayuntamientos para promocionar el parque de vivienda pública, con una financiación de 1.000 millones de euros. Se han cerrado hasta el momento acuerdos para 25.000 viviendas, más de lo esperado.

"Lo que hemos hecho, tanto esta ministra como el conjunto del Gobierno, es no parar de trabajar", ha asegurado al inicio, y ha cifrado ese esfuerzo en 20.400 millones de euros en políticas de vivienda desde que Pedro Sánchez es presidente.

"Aprendizajes" del pasado en política de vivienda

La ministra ha ahondado antes en los "aprendizajes" de la política de vivienda de las décadas de democracia. "Si reconocemos lo que no funcionó, podremos evitar los errores", ha dicho. Así, ha lamentado la descalificación de las viviendas de protección oficial construidas hasta la crisis financiera, que "hace que hoy no podamos contar con ese parque que fue sufragada por todos". Sin embargo, ha valorado que supusieron "un ascensor social y económico para más de dos millones y medio de familias españolas".

“Rodríguez, sobre el 'boom': "Más vivienda no garantizaba mayor asequibilidad, si no hay regulación" “

Al mismo tiempo, ha criticado medidas "no tan loables" como la liberalización del suelo o el impulso a la construcción que causaron el boom inmobiliario: "Más vivienda no garantizaba mayor asequibilidad, si no hay regulación", ha concluido, y ha cargado contra la política crediticia que "llevó a la ruina a miles de personas", lo que resultó en desahucios y el rescate millonario a la banca "a costa de recortes a la ciudadanía". Finalmente, ha cuestionado la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy que siguió a la crisis.

"Hemos de ser rigurosos porque no existen varitas mágicas, hay que evitar los palos en las ruedas. Somos conscientes de que las medidas en marcha no van a tener efectos inmediatos pero sí van a contribuir a solucionar el problema", ha asegurado.

Rodríguez ha destacado también como "acción ejemplarizante" a la Operación Campamento, que construirá 10.700 viviendas en el suroeste de Madrid en suelos que pertenecieron al Ministerio de Defensa y compró el Gobierno a través del Sepes. "Serán 100% viviendas asequibles", ha sostenido, sin concretar el tipo de protección.

El proyecto acordado con el gobierno municipal, del PP, solo establece que un mínimo del 7% de las viviendas deberán ser de alquiler asequible y ha recibido la oposición de Más Madrid por permitir que los pisos en venta puedan salir al mercado libre a partir de los 15 años.

Aumenta la presión de los socios del Gobierno y el PP habla de "fracaso"

Una de las críticas más contundentes han venido del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que, en una pregunta parlamentaria dirigida a la ministra antes de su comparecencia, ha llamado a "intervenir el mercado" y "topar los precios" a través del Boletín Oficial del Estado, así como a actuar frente a los pisos turísticos y expropiar las viviendas a los fondos buitre. "Usted acaba de dar un dato que dice que en España hay cuatro millones de viviendas vacías, ¿sabría decirme dónde están?, ¿están en lugares donde existe demanda? Ahí es donde está la cuestión", le ha replicado Rodríguez.

Otros juicios broncos han llegado desde dentro del Gobierno, como avanzábamos en palabras de Íñigo Errejón, pero también en el Hemiciclo. El diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, ha prevenido a los socialistas de continuar con triunfalismo en materia económica, mientras la familias sufren para pagar el alquiler, y les ha pedido más contundencia en las medidas para que la vivienda sea un derecho y "no un bien de mercado". "No entiendo que a usted no le interpelen las movilizaciones de la calle", ha dirigido también a Rodríguez la diputada Gala Pin, y le ha advertido que con la vivienda está en juego la legislatura.

El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, ha preferido mantenerse "propositivo" en esta sesión y, de este modo, ha defendido la intervención del mercado ante la "emergencia habitacional" y ha propuesto imponer un gravamen a las viviendas vacías.

Desde la oposición, el diputado del PP, Sergio Sayas, ha calificado de "fracaso absoluto" la política de vivienda del Gobierno, que "demoniza al sector y desprecia la propiedad privada, favorece la ocupación y la inquiocupación". Así, ha pedido a Rodríguez "medidas serias" y que explique de dónde va a sacar los fondos para conseguir que el 9% de las viviendas sean sociales. "Es más fácil que te toque una primitiva que presentarse a un concurso de inquilinos", ha asegurado el diputado, sobre el descenso en un 17% de la oferta de alquileres.

Las críticas se han escuchado también desde Vox, que ha ironizado con que la vivienda pública "se ha convertido en una figura legendaria". El diputado Carlos Hernández ha cuestionado el "control de precios" y el Bono del Alquiler Joven, que considera una "buena chapuza".

Por su parte, Podemos ha condicionado su apoyo a los presupuestos generales del Estado a un compromiso del Gobierno para bajar "por ley" los alquileres un 40% —medida que fuentes del Gobierno tildan de "inviable"— y prohibir la compra de vivienda que no sea para residir. "Los rentistas son una clase parasitaria", ha dicho la diputada Ione Belarra, y ha reprochado a la ministra que tenga tres pisos alquilados. "Con mis tres propiedades no tengo ni para pagar la mitad del chalé de Galapagar. Lo siento, no me llega", ha replicado esta.

Asimismo, ante los comentarios de Sumar, ERC o Vox cuestionando estas ayudas a jóvenes, Isabel Rodríguez ha negado que exista evidencia de que eleva los precios del alquiler y, en concreto a sus socios en el Consejo de Ministros, les ha reprochado que se pongan "medallita" cuando la situación va bien, pero culpen al PSOE cuando van mal.

En la víspera, la ministra se sentó junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una treintena de organizaciones sociales y empresas del sector inmobiliario y de la construcción, en la tercera reunión para abordar el problema de la vivienda en España. No acudió el Sindicato de Inquilinas, que declinó la invitación por la presencia de la patronal inmobiliaria, que considera responsable del alza de precios del alquiler. El encuentro —positivo y propositivo, según la ministra— concluyó con la decisión de crear grupos de trabajo, mientras los activistas por el derecho anunciaron nuevas movilizaciones en noviembre en Sevilla, Málaga y Barcelona.