Garamendi asegura que mantener el impuesto a las energéticas "perjudica" a la industria y las inversiones

• Convertirlo en permanente es un compromiso del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, pero no tiene apoyos necesarios
• Las petroleras lo rechazan y creen que la medida "fomenta la pérdida de competitividad" de las empresas españolas

Varios torres de electricidad. GETTY IMAGES

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado este jueves que la decisión del Gobierno de mantener el impuesto a las compañías energéticas solo "perjudica a la industria" y a las inversiones. "Es un impuesto a la facturación, es incomprensible, ya que están en juego miles de millones de euros en inversiones industriales, por ejemplo, de hidrógeno verde", ha afirmado el presidente de la patronal en declaraciones a la prensa en el marco del evento 'Summit Reinventing Spain 2024'.

El representante de los empresarios ha calificado de "injusta" su permanencia y ha cuestionado que se prolongue una medida que se introdujo hace dos años de forma extraordinaria y, por lo tanto, "temporal": "Yo no conozco lo temporal-permanente".

"Es que las inversiones y las empresas buscan los espacios que tienen que buscar para que sus inversiones sean rentables", ha argumentado. Luego, ha añadido que los "cambios regulatorios como este suponen falta de seguridad jurídica", lo que provoca que "las empresas tomen la decisión de instalarse en otros países".

Un compromiso del Gobierno, a falta de los apoyos necesarios

La conversión de estos gravámenes a la banca y las energéticas en impuestos permanentes es un compromiso del acuerdo de Gobierno suscrito entre PSOE y Sumar, pero también del plan fiscal remitido a Bruselas la pasada semana, según ha recordado este miércoles el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista con EFE.

Sin embargo, el Ejecutivo parece lejos de contar con la mayoría necesaria para sus planes y esta cuestión se cruza con los contactos que mantiene en busca de apoyos para aprobar los presupuestos. Sus socios presionan en sentidos contrarios: mientras Junts y PNV han expresado sus objeciones, ERC y Sumar piden que salga adelante.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llegado a dejar en el aire su apoyo a las futuras cuentas si no hay avances en la negociación del paquete fiscal, que debe pasar por "la permanencia de impuestos que ya hemos conseguido en años anteriores, que tienen que ver con la banca y las energéticas".

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lamentado que la derecha española, catalana y vasca se junten contra la necesidad de gravar las actividades contaminantes de las empresas energéticas.

Las petroleras responden

En el terreno económico, la adopción de esta medida se ha complicado también en los últimos días, después de que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, amenazara con retirar inversiones. A estas advertencias y críticas por "populismo fiscal" se han sumado más críticas desde el sector empresarial, aunque la mayoría opta por la prudencia.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha aclarado este miércoles que su compañía todavía no ha contemplado, en sus previsiones para los próximos ejercicios, la posibilidad de que Moncloa haga permanente el gravamen, ya que "no se ha aprobado absolutamente nada". "Nuestras proyecciones se basarán en lo que sea real. Por ahora solamente son rumores, ruido, pero no hay nada concreto", ha afirmado a preguntas de los analistas durante la conferencia de los resultados del grupo hasta septiembre.

Consultadas por EFE, Naturgy y EDP han rehusado pronunciarse sobre el tema, al tiempo que Endesa ha manifestado que quiere esperar a que se concreten las variaciones.

La patronal eléctrica Aelec, que integran Iberdrola, Endesa y EDP, ha defendido en declaraciones a EFE que el gravamen energético "no está alineado" con la normativa europea, pues grava los ingresos de las empresas, mientras que la contribución solidaria del Reglamento recae sobre los beneficios extraordinarios. Critica también que grave a todas las empresas y no únicamente a las de petróleo, carbón y gas, lo que perjudicaría a la descarbonización.

Asimismo, defiende que "fomenta la pérdida de competitividad" de las empresas de electricidad españolas con respecto a las europeas, al estar estas últimas exentas del gravamen. Además, recuerda que al aplicarse sobre los ingresos de las empresas, limita el motor de crecimiento de las inversiones renovables en España. Por ello, cree que debería ser una medida "coyuntural y excepcional" y no mantenerse de forma permanente.

Repsol, la que más paga, enciende el debate

El debate se ha intensificado esta semana, a falta de poco más de dos meses para que acabe el año, a raíz de que trascendiera en prensa que Repsol va a materializar su inversión en un electrolizador de 4 megavatios (MW) en Sines (Portugal). Todo ello mientras que, en España, mantiene en suspenso proyectos con una capacidad de electrólisis de 350 MW, repartidos por Tarragona, Cartagena (Murcia) y Bilbao, en mitad de la incertidumbre acerca del impuesto.

La tribuna publicada por el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz en varios medios, fue, para muchos, la gota que colmó el vaso.

En ella, Imaz advertía de que la inversión en el sector energético español "se ralentizará al mínimo" por el "populismo fiscal" del Gobierno, que "va a penalizar esta actividad con un gravamen discriminatorio", lo que provocará que "miles de millones de euros" se desvíen a otros países.

Desde entonces, se han sucedido las reacciones de los sindicatos, preocupados por el futuro de las plantillas en España, y también de los partidos, que están divididos. El PP, rechazan este impuesto, Junts no apoyará ninguna iniciativa que "ponga en riesgo" inversiones en Cataluña, y Alianza Verde pide que Repsol devuelva las subvenciones recibidas si deslocaliza inversiones.

Por lo pronto, lo único cierto es que el plan fiscal estructural que el Ejecutivo ha enviado a la Comisión Europea incluye el mantenimiento de estas dos prestaciones.

A tenor de los datos del Ministerio de Hacienda, lo recaudado por las energéticas este último año se sitúa en 1.164 millones de euros, una cuantía que se suma a los 1.644 millones del ejercicio anterior.

Por compañías, Repsol, con casi 800 millones de euros (444 millones en 2023 y 335 millones en 2024) es la que más ha desembolsado en este concepto; seguida de Cepsa, con unos 570 millones (325 y 244 millones, respectivamente); Endesa, con 410 millones (208 más 202 millones); Iberdrola, con 370 millones (213 más 157 millones) y Naturgy, con 254 millones (165 más 89 millones).

¿Cómo funciona el gravamen actual?

El gravamen que se aplica ahora mismo fue aprobado en plena crisis energética, a finales de 2022, con un carácter temporal y extraordinario, para incrementar la aportación fiscal del sector en un momento de beneficios récord que se atribuyeron a los altos precios del gas y la electricidad.

El texto vigente afecta a todas las empresas eléctricas, gasistas y petroleras que facturaron más de 1.000 millones de euros en 2019, excepto aquellas cuya actividad energética no sea la principal; así como a las productoras de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino en España.

Conforme a lo previsto, ha gravado concretamente durante dos años (2023 y 2024), con referencia a las cuentas del ejercicio anterior- las ventas de estas compañías con un tipo del 1,2%, a excepción de los ingresos regulados y los procedentes de fuera de España.

El acuerdo de investidura, suscrito por PSOE y Sumar, incluyó el compromiso de que estos gravámenes temporales a ser permanentes (también el plan fiscal, en el que se consignan los correspondientes ingresos), un proceso que implica su conversión en impuestos, algo que solo puede hacerse a través de una ley.

Este proceso, por el momento, no ha comenzado y es difícil que pueda culminarse antes de final de año (incluso aunque se utilice una proposición de ley o una enmienda en otra ley), por lo que una opción para evitar que decaigan sería prorrogar una vez más ambas figuras como gravámenes temporales, aunque también esto requeriría del aval del Congreso.