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La Iglesia debe informar más a las víctimas y agilizar las dimisiones por abusos sexuales, según el Vaticano

  • El primer informe oficial contra los abusos sexuales en la Iglesia exige el fin de la opacidad y las dimisiones rápidas
  • La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores quiere analizar las 114 conferencias episcopales en cinco años

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El cardenal Patrick O'Malley asiste a una conferencia de prensa para presentar el primer informe de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, en el Vaticano, el 29 de octubre de 2024. En diciembre de 2014, el papa Francisco estableció un panel internacional de expertos para recomendar cómo proteger a los menores.
El cardenal Patrick O'Malley ha presentado el primer informe de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores este martes en el Vaticano. AFP / TIZIANA FABI

La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, instituida por el papa Francisco para atajar la lacra de los abusos, ha publicado este martes su primer informe anual, en el que se reclama acabar con la opacidad y acelerar la dimisión de religiosos pederastas, entre otras muchas indicaciones.

La Iglesia católica debe dar mayor transparencia y agilizar los procesos civiles y canónicos por casos de abuso, concluye la comisión en su documento. Este primer informe ha analizado un total de 20 países y varias instituciones y congregaciones religiosas.

Los expertos que han trabajado en el estudio concluyen la necesidad de "promover un mejor acceso de las víctimas" a las informaciones que necesiten para "afrontar el problema de la opacidad". Asimismo, el texto aboga por "agilizar y acelerar los procesos de dimisión" de responsables eclesiásticos.

Se trata del primer informe oficial "sobre las políticas y procedimientos de tutela en la Iglesia" realizado por la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores creada en 2014 por el papa Francisco en su lucha contra la lacra de los abusos, que ha salpicado a la Iglesia en todo el mundo. Es un documento piloto en el que la Comisión analiza los casos de los países cuyos obispados han acudido en 2023 a Roma en visita 'ad limina', el viaje que deben hacer a la Santa Sede cada cinco años, entre estos los de Colombia y México.

Estudiar políticas de "indemnización"

Entre las observaciones más destacadas, el informe reconoce "el derecho de cada ciudadano a acceder a cualquier información que le afecte", también en los casos de abuso, y también se apunta la "necesidad" de estudiar políticas de "indemnización" a las víctimas.

La justicia no puede darse a costa de mayores traumas

Asimismo, se recomienda "consolidar y aclarar" las competencias de cada dicasterio —"ministerio"— de la Curia Romana para "garantizar una gestión eficiente, rápida y rigurosa" de cada posible caso de abuso que llegue a las estancias de la Santa Sede. El documento admite que para las "víctimas y supervivientes" los "procesos civiles y canónicos pueden ser difíciles, lentos e incluso fuente de una continua victimización" por lo que recomienda agilizarlo porque, subraya, "la justicia no puede darse a costa de mayores traumas".

El informe repasa la legislación puesta en marcha por los últimos tres papas, desde los primeros cambios en el Código de Derecho Canónico de Juan Pablo II en 1983 hasta las últimas medidas de Francisco, como la obligación de denuncia amparada en su 'motu proprio' de 2023 'Vos estis lux mundi'.

Evitar procesos largos

Con ese contexto, además de analizar las luces y sombras de la gestión de los abusos en las iglesias locales del planeta, también se adentra en instituciones importantes del Vaticano. Por ejemplo señala varios "desafíos" para el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que canaliza los juicios canónicos sobre este tipo de delitos, como "la necesidad de evitar procesos largos".

Asimismo reconoce "la complejidad de la gestión de los casos por su volumen" y subraya "la importancia de recursos adecuados a nivel central y local" para llevarlos a cabo de una forma más eficaz. Además, exige una mayor transparencia: "La Comisión sabe que el dicasterio comunica en modo principalmente interno los casos con las autoridades eclesiásticas locales (...) Sería útil estudiar conjuntamente cómo dar más transparencia" a eventuales futuras medidas disciplinares.

Diez claves del primer informe

1) Fin de la opacidad: "Medidas que garanticen el derecho de todo individuo a acceder a cualquier información que lo afecte".

2) Concepto de vulnerabilidad: Desarrollar "una definición mayormente uniforme de vulnerabilidad".

3) Más rapidez: "Garantizar una gestión eficaz, rápida y rigurosa" de cada caso de abuso.

4) Dimisión fulminante: "Agilizar y acelerar el proceso de dimisión" de un líder eclesial acusado de abuso.

5) Compensación: "Estudiar las políticas de indemnización" para el proceso de "sanación" de las víctimas.

6) Magisterio contra los abusos: "Desarrollar aún más el magisterio de la Iglesia" sobre "la dignidad de los niños".

7) Especialización: Proceso de "profesionalización" a quienes estén en contacto con menores.

8) "Faltas preocupantes": Hay escasez de estructuras de denuncia y de acompañamiento de las víctimas.

9) "Conversión continua": La publicación de estos informes anuales pretende "facilitar un proceso de conversión continua".

10) Un lustro: En el planeta hay un total de 114 conferencias episcopales, el objetivo es estudiar todas en 5 años.