La jueza cita a declarar el 29 de noviembre como investigado a la pareja de Ayuso en la causa por presunto fraude fiscal

• Inmaculada Iglesias ha llamado a comparecer el mismo día a los otro cuatro investigados del caso
• La magistrada abrió hace unos días una nueva investigación a González Amador para aclarar si incurrió en otros delitos

Albert González Amador (archivo) EFE / RODDRIGO JIMÉNEZ

La jueza Inmaculada Iglesias ha citado a declarar en calidad de investigado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el próximo 29 de noviembre por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid.

En una providencia de citación, adelantada por la Cadena Ser, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid llama a comparecer el mismo día a los otro cuatro investigados en este mismo procedimiento judicial.

Las comparecencias estaban previstas el pasado 24 de junio, pero fueron aplazadas a instancias de la acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid tras solicitar en un escrito que se investigaran cinco nuevos supuestos delitos a raíz de analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento.

El pasado miér, la jueza acordó abrir una pieza separada para investigar si la pareja de Isabel Díaz Ayuso habría incurrido en la comisión de delitos distintos de los que ya se instruyen en la causa principal, como el de administración desleal, al usar una empresa pantalla para ocultar sus negocios con el Grupo Quirón.

La jueza aludió a un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una "operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria" en 2021 por la que, presuntamente, habría utilizado una sociedad pantalla (Masterman S.L.) mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, empresa propiedad de González Amador, y su cliente, Quirón Prevención S.L..

Indicios delictivos en los años 2020 y 2021

La investigación en relación a un supuesto fraude fiscal se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

En el auto de apertura de diligencias, la jueza argumentó que supuestamente y "como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros".

Dichas conductas, añadía, están tipificadas con "delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".

La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria recibido el 22 de enero que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades" que no se correspondían con los servicios prestados. Según la denuncia fiscal, el objetivo era "ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades".  

"Un fraude tributario en cuantía superior a 120.000 euros"

El informe, referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer". 

A raíz del informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que derivó en la presentación de la denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid. Según el fiscal, la dirección de la sociedad en el periodo comprobado corría a cargo de un administrador único Alberto G. A., pareja de la presidenta regional. Por parte de la Agencia Tributaria se iniciaron actuaciones de comprobación el día 12 de mayo de 2022.

En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la citada sociedad, según la denuncia, "se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación".