La Guardia Civil registra durante diez horas el despacho del fiscal general del Estado por orden del Supremo
- Los agentes buscan documentos, móviles y correos electrónicos relacionados con la presunta revelación de secretos
- El Alto Tribunal requiere al fiscal general que busque abogado en la causa abierta contra él
La Guardia Civil ha registrado este miércoles durante diez horas el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por orden del Tribunal Supremo, que le investiga por presunta revelación de secretos en la difusión de datos de una investigación relacionada con Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Los agentes han entrado en el despacho en busca de documentos, móviles y correos electrónicos con el fin de "evitar la eliminación intencionada de información que pudiera ser de interés para la investigación". A las 20:00 de la tarde, los agentes continuaban en el despacho después de siete horas de registro.
García Ortiz está siendo investigado por un supuesto delito de revelación de secretos. En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Ángel Luis Hurtado, instructor de la causa, ha ordenado el registro "al objeto de proceder a la intervención de todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación" con dicho supuesto delito.
Además, el juez ha acordado permitir a los agentes la aprehensión del teléfono o teléfonos móviles del fiscal general, así como de otros dispositivos informáticos/telemáticos que pudiera portar.
Asimismo, ha autorizado el volcado de las cuentas de correo electrónico, perfiles de redes sociales u otros repositorios de información en Internet, desde el 8 de marzo hasta este miércoles; así como "el cambio de contraseñas de acceso a los servicios y servidores mencionados al objeto de evitar la eliminación intencionada de información que pudiera ser de interés para la investigación".
Emplaza a designar abogado y procurador
Además, el juez instructor ha emplazado a García Ortiz a designar abogado y procurador para "no generarle indefensión".
El magistrado indica que, si bien la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, "está representada por la Abogacía del Estado, no consta representación alguna por parte de Álvaro García Ortiz, por lo que procede requerirle para que designe profesionales que se encarguen de su defensa y representación". Fuentes fiscales consultadas por Europa Press han avanzado que será la misma Abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa del fiscal general del Estado en este procedimiento judicial.
Por otro lado, el instructor deja pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte, las diligencias que ha pedido practicar González Amador, que es acusación particular en la causa, y que ha reclamado en varias ocasiones que se acceda a los correos electrónicos de la cuenta personal y profesional del fiscal general del Estado entre el 5 y el 18 de marzo de 2024.
El magistrado decidirá próximamente si accede o no a esta petición, y hará lo mismo respecto a la reclamación del autodenominado sindicato Manos Limpias, que también figura como acusación, y que solicitó la suspensión cautelar de funciones del fiscal general.
En la misma resolución, da traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento como permite el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La causa contra García Ortiz
La causa del Supremo contra García Ortiz nació en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde el empresario González Amador presentó una querella contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal que le ha investigado por la difusión de una nota de prensa que aclaraba extremos sobre su investigación por presunto fraude fiscal.
El fiscal general asumió la responsabilidad de esa nota de prensa, que justificó en la obligación del Ministerio Público de informar y en la necesidad de desmentir un bulo, y el TSJM derivó la investigación al Supremo.
El Supremo no ha visto delito en la difusión de ese comunicado, pero sí quiere indagar en la filtración de los correos entre la defensa del empresario y la Fiscalía, en los que el primero ofrecía un pacto al fiscal.
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