Bolivia trata de recuperar el control tras cuatro semanas de bloqueo de carreteras de los seguidores de Evo Morales

• Los llamados 'evistas' piden que se paralice la investigación contra el exmandatario por trata de personas y abusos sexuales
• Han sido detenidas decenas de personas en 22 de días de un bloqueo que afecta a la llegada de suministros

La Policía interviene en las vías desbloqueadas en Mainara, Bolivia EFE/ Juan Carlos Torrejon

Tras 22 días de bloqueo, Policías y militares han despejado este lunes la carretera del único punto que estaba bloqueado en Santa Cruz, la mayor región de Bolivia, por parte de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que se han movilizado para pedir que se paralice la investigación penal contra el exmandatario por trata de personas y abusos sexuales. Las acciones de los conocidos como 'evistas', que han tomado también varios cuarteles militares, afectan sobre todo al Trópico de Cochabamba, en el centro del país, bastión político y sindical de Morales, que lleva tres días en huelga de hambre.

"Mairana acaba de ser liberada por un operativo conjunto de las fuerzas del orden. Las tareas de desbloqueo continúan en nuestro país y no se detendrán hasta desbloquear todo el país", ha indicado el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, en sus redes sociales. En su mensaje asegura que las tareas de desbloqueo continúan en el resto del país "y no se detendrán" hasta desbloquearlo por completo. Actualmente, hay una quincena de tramos de carreteras bloqueados y decenas de personas han sido detenidas.

Según relata Efe, las fuerzas de seguridad han comenzado el operativo en la localidad de Mairana, a 133 kilómetros de Santa Cruz, sin encontrar la resistencia de los seguidores de Morales, que han retrocedido y han abandonado el lugar. El comandante de la región de Santa Cruz, Rolando Rojas, ha explicado en el canal estatal boliviano que el operativo "ha tenido éxito" después de una intervención "pacífica" en la que, según la Policía, han sido detenidas al menos 13 personas.

La tensión aumentó tras la toma de cuarteles militares

Aunque los bloqueos habían comenzado hacía semanas, la tensión aumentó el viernes, después de que el presidente de Bolivia, Luis Arce, —que también fue ministro de Economía y Finanzas en el Gobierno de Morales— denunciara la toma de tres cuarteles por parte de "grupos armados" afines al ex jefe de Estado. El mandatario indicó que durante la toma de las unidades militares, situadas en el Trópico de Cochabamba, los responsables habían tomado como rehenes a militares y a sus familias, "amenazando sus vidas".

Estas acciones fueron descritas por Arce como "traición a la patria", así como una "afrenta" a la Constitución, las Fuerzas Armadas y "al propio pueblo boliviano", que, según el presidente, rechaza "de manera contundente" los bloqueos "criminales". Además, el presidente dio un ultimátum a Morales y a sus seguidores y advirtió que ejercería "sus facultades constitucionales" para detener las movilizaciones.

Ese día, las fuerzas de seguridad detuvieron a al menos 66 personas que bloqueaban la carretera en Parotani, en el centro del país. Según informó Del Castillo, de ellas, 56 fueron trasladadas a la sede del Gobierno en La Paz para procesarlas por el delito de "terrorismo". Mientras tanto, Morales lleva 22 días atrincherado en Cochabamba y ha defendido que los bloqueos son el inicio de una "rebelión contra la traición de Lucho (Arce)", su antiguo aliado político.

El viernes, sin embargo, el expresidente pidió a sus seguidores que consideraran hacer una pausa en los bloqueos, que ya están afectando a la llegada de suministros a distintas zonas del país, para evitar "hechos de sangre" derivados de la intervención de las autoridades. Asimismo, anunció que haría una huelga de hambre — que inició el sábado — con el objetivo de conseguir un diálogo con el Ejecutivo de Arce con mediación internacional. El actual mandatario ya había adelantado que "ningún diálogo" era posible mientras se siga "asfixiando la economía".

Los 'evistas' exigen que se retiren los procesos judiciales contra su líder

El pasado 11 de octubre, la fiscal boliviana Sandra Gutiérrez emitió una orden de detención contra Morales para que prestara declaración en el marco de la investigación por trata de personas y abuso sexual. Según la denuncia que tiene en su poder la Fiscalía, el expresidente —que no acudió a declarar— habría cometido los delitos mencionados con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.

Tres días después de la citación, sectores sociales afines a Morales iniciaron bloqueos puntuales de carreteras en distintos puntos del centro del país para protestar ante la decisión de la Fiscalía. Para entonces, Morales, líder del partido Movimiento al Socialismo (MAS), ya había acusado al Gobierno de Luis Arce de haber trazado "una ruta judicial y violenta para acabar con el proceso de cambio". Aunque tanto Morales como Arce forman parte del MAS, están distanciados desde 2021 por diferencias políticas que se acentuaron ante la necesidad de renovar la directiva nacional de la formación y de elegir al candidato oficialista para las elecciones de 2025.

La tensión fue en aumento a partir del 27 de octubre, cuando Morales acusó al Gobierno de su antes aliado de intentar asesinarle. Aseguró que el vehículo que lo trasladaba hacia la emisora en la que conduce un programa los fines de semana ha recibido 14 disparos y que su conductor resultó herido. "Ahora él mismo hace una 'investigación' y dice que nosotros somos los responsables y nos inician un nuevo juicio. No puede ser que el principal culpable se investigue a sí mismo", aseguró en una publicación en X.

Del Castillo calificó a Morales de "mentiroso" y aseguró que la Policía se encontraba realizando controles antidrogas en el Trópico de Cochabamba cuando, desde el vehículo del exmandatario, dispararon con un arma de fuego a varios policías e hirieron a uno. "Nadie ni nada lo va a salvar de este proceso penal", aseguró el ministro, que añadió que el coche en el que iba Morales también arrolló a un agente. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, también negó la existencia de un plan elaborado junto a Arce para matar a Morales.

En plena escalada de la tensión, los 'evistas' exigen con los bloqueos que se retiren los procesos judiciales contra su líder y que se resuelvan los problemas económicos del país, al tiempo que defienden la candidatura presidencial del político para las elecciones de 2025. El Ejecutivo, que el domingo informó de que un cuartel militar seguía ocupado por seguidores de Morales, solo se abre al diálogo "con la premisa fundamental" de que se levanten los bloqueos de rutas se levanten en todo el país y trabaja para acabar con ellos con la intervención de la Policía el Ejército.