La AIReF estima un gasto mayor al comprometido con Bruselas y avisa de que serán necesarios ajustes

• El gasto es superior en seis décimas al estimado por el Gobierno, según la AIReF
• El organismo advierte que no están garantizados los objetivos de déficit y deuda

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, en una imagen de archivo. EFE/Isabel Jinpeng Calvo

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el crecimiento del gasto neto en España en el periodo 2025-2031 será del 3,6%, frente al 3% comprometido por el Gobierno en el Plan Fiscal y Estructural remitido a la Comisión Europea (CE) para cumplir con las nuevas reglas fiscales.

En un informe publicado este martes, la AIReF ha alertado de que los compromisos de gasto asumidos por el Ejecutivo en el Plan Fiscal y Estructural no garantizan alcanzar los objetivos de déficit y deuda pública previstos.

En concreto, la AIReF estima que cumplir con las tasas de crecimiento de gasto comprometidas por el Gobierno llevaría el déficit público al 1,6% en 2031, frente al 0,8% estimado por el Gobierno.

La brecha en las previsiones crecerá hasta 2041

Estas diferencias se amplían hasta 2041, con un déficit en el plan del Ejecutivo del 2% del PIB frente al 3,3% en el escenario de ajuste de la AIReF. Al mismo tiempo, el organismo independiente advierte de que la deuda se situaría en el 87,5% del PIB en 2031, frente al 76,8% previsto por el Gobierno en el Plan Fiscal.

Así, el organismo calcula que, para alcanzar ese 0,8% estimado por el Ejecutivo, el gasto primario neto de medidas debería crecer al 2,8%, frente al 3% proyectado por el gabinete de Pedro Sánchez.

La AIReF considera así que el cumplimiento de la senda de gasto comprometida por el Gobierno supondría un avance en términos de sostenibilidad pero no garantiza por sí sola la reducción de déficit y de deuda pública, por lo que el organismo anticipa que serán necesarias más medidas.

Así, el organismo independiente que dirige Cristina Herrero ha advertido de que, aunque el plan español cumple con las orientaciones de la Comisión Europea, constituye más un compromiso político de objetivos fiscales agregados que una verdadera estrategia fiscal a medio plazo.