La pareja de Ayuso demanda a Montero ante el Supremo y le pide 40.000 euros por intromisión en el derecho al honor

• Recurre al alto tribunal después de que la ministra no acudiera a un acto de conciliación

Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llega al Tribunal Superior de Justicia de Madrid,

La pareja de Isabel Diaz Ayuso, Alberto González Amador, ha presentado una demanda contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante el Tribunal Supremo. Le reclama 40.000 euros por intromisión ilegítima en su derecho al honor.

Según ha adelantado El Confidencial y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, González Amador ha optado por acudir al Supremo después de que Montero no acudiese el pasado 2 de octubre al acto de conciliación convocado en un juzgado madrileño tras la demanda que interpuso el novio de Díaz Ayuso en relación a unas declaraciones de la ministra relativas al presunto delito fiscal cometido por este.

La demanda se centra en concreto a las declaraciones realizadas por Montero el 12 marzo y los días 3, 23 y 24 octubre de este año, según las fuentes consultadas. González Amador anunció esta demanda por las palabras que pronunció Montero en la sesión de control en el Senado el 12 de marzo, cuando dijo que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude".

La vicepresidenta primera hizo estas declaraciones en referencia a las informaciones periodísticas que avanzaban la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y que la presidenta autonómica residía en un piso de un millón de euros que se pagó después de que Hacienda estuviese investigando a su pareja.

La defensa de González Amador anunció entonces varias demandas contra Montero por intromisión al honor y por revelación de secretos tras conocerse algunos de sus datos fiscales, además de otra querella contra la Fiscalía por la nota difundida en la que se informaba del pacto alcanzado con Hacienda en el que reconocía la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades.