El PSOE y sus socios sacan adelante la ley de eficiencia judicial con el voto en contra de PP y VOX

• El texto reforma la planta judicial, desarrolla aspectos de la ley del 'solo sí es sí' y elimina la 'golden visa'
• Bolaños considera la ley un "paso decisivo" y el PP la tacha de reforma 'fake'

La vicepresidenta segunda, Yolanda Diaz (d), el ministro de Justicia, Félix Bolaños (c), y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero (i) EFE/ Fernando Villar

El Congreso ha aprobado este jueves el proyecto de ley de eficiencia de la justicia, que reforma la planta judicial, desarrolla aspectos de la ley del 'solo sí es sí' y da un plazo de nueve meses para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asuman las competencias en violencia sexual, además de eliminar la 'golden visa'.

El PSOE y sus socios han sacado adelante el texto —que ha recibido 106 enmiendas transaccionales— en el pleno con mayoría absoluta y con el voto en contra de Vox y PP. Ahora, será remitido al Senado, donde los 'populares' cuentan con mayoría.

De los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a la eliminación de la 'golden visa'

Durante su debate en el Congreso, Podemos ha acordado con el Gobierno introducir en esta ley varias medidas para garantizar el acceso a la Justicia de las víctimas de violencias sexuales, en cumplimiento de la ley 'solo sí es sí'. Así, se establece un plazo de nueve meses para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer asuman las competencias en violencia sexual. Además, el partido ha acordado con el Ministerio de Justicia poner en marcha la garantía de la justicia gratuita para las víctimas.

Otro aspecto que cambia respecto al texto original es el mantenimiento de los Juzgados de Paz. Durante su paso por la Comisión de Justicia, el PSOE llegó a un acuerdo con ERC y Junts para mantener esta figura, que para sus socios de Gobierno suponía una línea roja.

Entre las enmiendas, también se ha incluido una del PSOE que busca eliminar todas las 'golden visa' o 'visados dorados'. De esta manera quedarían suprimidas las autorizaciones por la adquisición de inmuebles e inversiones en depósitos bancarios, deuda pública, acciones, fondos de inversión y proyectos empresariales de interés general.

Además, se corrige el error técnico en la Ley de Paridad, impulsada por el Ministerio de Igualdad y que entró en vigor el pasado 22 de agosto, que ha acabado con la protección reforzada de las personas trabajadoras que se acogen a permisos o adaptación de jornada por cuidados.

Sin embargo, en el trámite parlamentario la ley del Gobierno ha perdido todo lo relativo a las acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, por falta de apoyo entre los socios. Tampoco ha sido posible encontrar una solución al contencioso de la mutualidad de los abogados.

Bolaños considera la ley un "paso decisivo"

Tras el debate, ha tomado la palabra el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien ha reprochado al PP que no se haya sumado al camino de "la mayor transformación de la justicia en décadas". "Vamos a dar un paso decisivo en la transformación y en la reforma de la Administración de Justicia", ha dicho, para luego agradecer a los últimos siete ministros de Justicia que, según ha dicho, han "soñado" con una ley como esta.

El diputado socialista Joaquín Martínez Salmerón, también ha tachado de "histórica" la ley, aunque ha admitido que aún "quedan cuestiones por conseguir" y ha criticado al PP y Vox por apostar por el "bloqueo sistemático".

El texto ha contado con el apoyo de Sumar, cuyo portavoz de Justicia, Enrique Santiago, ha considerado que la ley "acerca el servicio público de justicia a sus usuarios y combate el desplazamiento". "Las derechas no asumen que la justicia es de toda la sociedad, no suya, que es un servicio público fundamental, que requiere de eficiencia, de proximidad, de celeridad", ha agregado, dirigiéndose a PP y Vox.

Por Podemos, Martina Velarde ha reconocido que la ley incluye "algunos avances" pero ha echado en falta "una pata muy importante", en referencia a las acciones colectivas para la protección de derechos de los trabajadores. No obstante, ha celebrado el paso dado para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencias sexuales.

El PNV, por boca de Mikel Legarda, también ha mostrado su "opinión favorable" sobre el texto, al igual que Bildu, que en todo caso ha admitido que le hubiese gustado tener más tiempo para tratar una ley tan "compleja". "Es cierto que nos hemos dejado pelos en la gatera, es una obviedad", ha dicho Jon Iñarritu, pero ha insistido en que "se han conseguido avances".

De hecho, horas más tarde, Bildu ha emitido un comunicado en el que reconocen haber "cometido un error en la votación". Tras pedir perdón, han avanzado que intentarán "revertirlo y enmendarlo lo antes posible en coherencia con la postura contraria que hemos mantenido siempre".

Por su parte, el diputado del BNG, Nestor Rego, que este miércoles cerró un acuerdo con el Gobierno para apoyar la ley, ha mantenido sus críticas porque "consolida" una reforma ya iniciada en los juzgados de paz "que no demostró ser útil para agilizar los procesos". "Esta ley no nos satisface enteramente y sigue preocupándonos que pueda servir de excusa para eliminar servicios en los partidos judiciales más pequeños", ha apuntado.

El PP pide devolver el texto a la Comisión de Justicia

Frente a ellos, la portavoz de Justicia del PP, María Jesús Moro Almaraz, ha denunciado que esta ley es una "nueva modalidad de un decreto-ley ómnibus para leyes orgánicas", por las medidas que incluye ajenas al objeto de la reforma. Según ha dicho, se trata de una propuesta 'fake' que no servirá para "modernizar, agilizar y mejorar la justicia" con el acuerdo del resto de grupos parlamentarios.

"Esto no es un hito, porque si lo fuera no habría contaminado con tantas cosas esta ley que nada tienen que ver con la justicia ni con la eficiencia", ha apuntado, al tiempo que ha defendido que se trata de "un contenedor de intereses particulares". Es más, tras tanto cambio que ha experimentado el proyecto, ha pedido devolver el texto a la Comisión de Justicia porque cree que se vale de "trampas" para hacer "correcciones" que nada tienen que ver con el espíritu de la norma.

El diputado de Vox Juan José Aizborbe también se ha mostrado en contra del texto y ha reprochado al Gobierno que despache este "importante proyecto de ley" con una "rapidez inusitada en su fase final". Así, ha asegurado que se trata de una "norma repleta de consignas ideológicas" y que "carece de un eficaz y eficiente desarrollo de la carrera del personal de justicia".

Por otro lado, el pleno ha aprobado el incremento de la cuota con la que España contribuye al Fondo Monetario Internacional (FMI) y lo ha hecho con el Gobierno de coalición dividido, pues mientras el PSOE lo ha apoyado, Sumar se ha abstenido. De este modo, el dictamen ha salido adelante con el 'sí' de PSOE, PP, PNV, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, mientras que Sumar, ERC, Bildu, Junts y el diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos se han abstenido y Vox, Podemos y el BNG han votado en contra.