La Audiencia Nacional juzga al narcotraficante Sito Miñanco junto a medio centenar de acusados por la Operación Mito
- La operación intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína
- Entre los acusados sentados en el banquillo se encuentra Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont
La Audiencia Nacional juzga de este lunes al histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, junto a otro medio centenar de acusados entre los que se encuentra el abogado Gonzalo Boye, defensor del expresidente catalán Carles Puigdemont, en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares por presunto blanqueo de capitales en el marco de una causa abierta por la Operación Mito.
Todos los acusados están vinculados a la investigación sobre la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España más de 4.000 kilos de cocaína en dos operativos diferentes que fueron truncados por los investigadores que le seguían la pista desde 2016.
Esa organización, según el escrito del fiscal, recogido por Europa Press, se dedicaba principalmente a la importación y distribución de sustancias estupefacientes (especialmente cocaína) y al blanqueo de capitales, y todo ello mientras el narcotraficante gallego se encontraba en tercer grado penitenciario fruto de una condena previa a 16 años y 10 meses de prisión.
El juicio, que está previsto que se prolongue hasta el 30 de enero de 2025, reunirá a casi medio centenar de acusados en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. En total se juzga a un total de 46 personas físicas y cinco jurídicas por su implicación en la organización del narco gallego.
Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont, ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares arropado por una veintena de dirigentes de Junts, para quienes el juicio contra él por presunto blanqueo de capitales es "un montaje con claras motivaciones políticas".
El portavoz del partido catalán, Josep Rius, ha denunciado que Boye no estaría sentado en el banquillo de los acusados, si no fuera el abogado de Puigdemont y considera que es "una nueva muestra de la falta de calidad democrática de la cúpula judicial española, como también la no aplicación de la ley de amnistía.
Boye, en concreto, fue procesado por la magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, por su presunta participación en el operativo orquestado con el objetivo de recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas en febrero de 2017.
Estos 'correos humanos', que llevaban el dinero oculto en una maleta para moverlo hacia Colombia, fueron interceptados y esto provocó, según el relato de la magistrada, que los 'narcos' contactaran con Boye y con otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.
De este modo, Boye y otros dos abogados se sentarán en el banquillo por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía.
Esta será la segunda vez que Boye se enfrente a un juicio como acusado en la Audiencia Nacional. El primero resultó en su condena a 14 años de prisión, en 1996, junto a otros dos miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno por colaborar con ETA en el secuestro del industrial español Emiliano Revilla.
En esta ocasión, la Fiscalía Antidroga pide para él 9 años y nueve meses de prisión por supuestamente blanquear beneficios de operaciones de narcotráfico de Sito Miñanco, al que hasta el momento de su detención representaba como letrado.
Para el narcotraficante gallego, Antidroga solicita una pena de 31 años y medio de prisión por dirigir presuntamente una red que pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, y el pago de una multa de más de 950 millones de euros por los delitos de tráfico de droga en el seno de organización criminal, blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial.
Por estos dos últimos delitos el fiscal acusa también a Gonzalo Boye y le reclama al menos 3,1 millones de euros de multa, por contribuir, junto a otros dos abogados, a acreditar el origen lícito de los 889.620 euros, que incautaron al entramado el 6 de febrero de 2017 a través de contratos de compraventa de letras de cambio.
Detención de presuntos correos que Sito Miñanco utilizaba
Ese día varios de los investigados - presuntos correos humanos que Sito Miñanco utilizaba para enviar el dinero a Colombia- fueron detenidos en el aeropuerto de Barajas (Madrid) cuando transportaban oculto en el fondo de su equipaje 889.620 euros.
La detención de los correos que llevaban el dinero oculto en una maleta para moverlo hacia Colombia, provocó, según el relato de la magistrada, que los 'narcos' contactaran con Boye y con otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.
De este modo, Boye y otros dos abogados se sentarán en el banquillo por su presunta implicación en la elaboración de documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía.
En la estrategia para acceder al dinero incautado confeccionaron una serie de documentos para simular unas operaciones de compraventa ficticias "y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia", expone el fiscal.
Por estos hechos, la Secretaría General del Tesoro impuso a estos abogados una multa por infracción grave tipificada en la Ley de Prevención del blanqueo de capitales.