El coste de la discriminación laboral y educativa a los extranjeros alcanza los 17.000 millones, un 1,3% del PIB

• Un estudio encargado por el Ministerio de Inclusión cifra en el 23% la brecha salarial frente a los nacionales
• Las mujeres son las más castigadas por las desigualdades en el acceso, permanencia y remuneración en el trabajo

Trabajadores durante el inicio de cosecha de la manzana, en Girona EFE/David Borrat

El coste económico de la discriminación laboral y educativa hacia la población extranjera en España asciende a 17.000 millones de euros, una cifra equivalente al 1,3% del PIB, según un estudio publicado este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

El informe, realizado por los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Mahía y Eva Medina y cofinanciado por la Unión Europea, se apoya en datos de 2022 y, principalmente, en el cálculo de los salarios que estas personas dejan de percibir por la discriminación.

Bajo el título 'Análisis del impacto económico de la discriminación y la desigualdad entre la población autóctona y la extranjera residente en España', el estudio divide este impacto económico principalmente en el ámbito laboral (12.300 millones de euros o el 1% del PIB) y el educativo (4.800 millones de euros o el 0,36% del PIB).

La discriminación laboral afecta más a las mujeres

Por sexos, el estudio subraya que las desigualdades en el acceso, permanencia y remuneración en el mercado laboral afectan de manera significativa a la población extranjera, especialmente a las mujeres.

A pesar de que la tasa de actividad entre extranjeros es más alta (71%) que la de los nativos (56%), hay importantes diferencias de participación laboral de las mujeres extranjeras, que tienen un 2,3% menos de probabilidad de empleo (una brecha que representa una pérdida de unos 1.200 millones de euros anuales).

Otra forma de discriminación laboral que señala el informe es la sobrecualificación: un 15% de los trabajadores extranjeros con estudios superiores y un número considerable de aquellos con estudios secundarios están empleados para un puesto de trabajo por debajo de su formación, un problema que también afecta más a las mujeres.

Cabe recordar la tasa de desempleo de las personas extranjeros es del 18,2% frente al 11,6% de la población autóctona, lo que supone una pérdida de 5.100 millones de euros. Sobre la discriminación salarial, las diferencias de sueldos entre la población extranjera y la autóctona alcanzan los 500 euros mensuales, esto es, un 23%.

Discriminación educativa: peor rendimiento y más acoso escolar

En el ámbito educativo también se observan profundas desigualdades que afectan a la población extranjera desde edades tempranas y limitan sus oportunidades futuras.

De acuerdo al estudio, la tasa de escolarización de estudiantes extranjeros es un 17% inferior a la de los autóctonos: más de 222.000 jóvenes extranjeros no acceden al sistema educativo en igualdad de condiciones, lo que tiene implicaciones directas en su desarrollo y capacidad de contribuir a la economía española.

Además, los estudiantes de otros países enfrentan mayores tasas de repetición, un peor rendimiento académico y mayor exposición al acoso escolar, factores que incrementan el riesgo de abandono y afectan a sus oportunidades futuras.

La discriminación educativa tiene su reflejo también en el nivel máximo de estudios alcanzado: la población extranjera tiene menos probabilidades de acceder a estudios superiores, lo que supone una pérdida de ingresos a largo plazo que, según el informe, se cuantifica en 4.800 millones de euros al año.

El Gobierno reivindica la reforma del reglamento de extranjería

En un comunicado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recalcado que el Gobierno trabaja en medidas que fomentan la cohesión y la integración de las personas que llegan a nuestro país y ha citado como ejemplo la aprobación, en los próximos días, de la nueva reforma del reglamento de extranjería.

Este tiene entre sus objetivos facilitar, con todas las garantías jurídicas, vías regulares para las personas migrantes y lograr su integración en la sociedad, lo que tendrá un "tremendo impacto" en la economía y el mercado de trabajo porque facilitará la incorporación de trabajadores extranjeros.

Reducir plazos, eliminar duplicidades procedimentales, trasponer varias directivas europeas pendientes y velar por los derechos humanos de todas las personas que quieren regularizarse en España son otras de las metas de esta modificación.

La ministra Elma Saiz ha asegurado que el camino que está tomando España en este sentido es "el correcto" y prueba de ello son los 2,9 millones de personas de otros países que están cotizando a la Seguridad Social, el 13,6% del total, dos puntos más que en 2022, y los autónomos y autónomas extranjeros, que ya suponen el 16%.