Un tribunal de Hong Kong condena a 45 destacados activistas prodemocráticos

• Han recibido penas de entre cuatro y 10 años de prisión
• Se trata del mayor juicio celebrado hasta ahora bajo la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en 2020

Un cartel con fotografías de algunos de los 47 activistas prodemocracia juzgados en el Tribnunal de West Kowloon en Hong Kong Anthony WALLACE / AFP

Un tribunal de Hong Kong ha condenado este martes a 45 destacados activistas prodemocracia a penas de entre cuatro y 10 años de prisión por "conspiración para subvertir el poder del Estado", en el mayor juicio celebrado hasta ahora bajo la polémica ley de seguridad nacional, impuesta en 2020 por Pekín.

Estas sentencias, que destacan como un momento culminante en la represión, colocan al movimiento prodemocrático en una coyuntura crítica y erosionan su ya exiguo margen de maniobra, además de coincidir con la inminente conclusión de los procesos judiciales pendientes contra el asediado magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai.

Entre los condenados se encuentra el exprofesor de Derecho Benny Tai, quien ha recibido la pena máxima de 10 años por su implicación en la organización de elecciones primarias extraoficiales, consideradas subversivas por las autoridades.

Por su parte, Au Nok-hin, Andrew Chiu y Ben Chung, quienes testificaron a favor de la acusación contra sus compañeros durante el juicio, han sido condenados a penas de seis años y nueve meses, siete años y seis años y un mes, respectivamente.

En virtud de la Ordenanza de Salvaguarda de la Seguridad Nacional de Hong Kong, promulgada en marzo para cerrar las “lagunas” de la legislación de Pekín, los condenados por delitos contra la seguridad nacional deben cumplir requisitos más altos para acceder a la libertad anticipada, lo que hace improbable su remisión.

La ley fue aprobada en 2020 por la Asamblea Nacional Popular de China con el objetivo de prohibir "cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central, robo de secretos de Estado, prohibición de organización de actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras y prohibición del establecimiento de lazos con organizaciones políticas extranjeras por parte de organizaciones políticas de Hong Kong".

EE.UU. considera las acciones de los condenados una "actividad política normal"

Australia ha manifestado su "grave preocupación" por la condena de Gordon Ng. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, ha reiterado sus "objeciones" a la aplicación de la ley de seguridad nacional promovida por Pekín.

Por su parte, Estados Unidos ha condenado las sentencias, considerando las acciones de los condenados una "actividad política normal". Maya Wang, de Human Rights Watch (HRW), ha afirmado que la severidad de las penas refleja el deterioro de las libertades civiles y la independencia judicial hongkonesa en los últimos años.

Mientras, la portavoz presidencial taiwanesa, Karen Kuo, ha tachado la resolución de "grave violación de la libertad y la democracia que los ciudadanos hongkoneses buscan".

Acusaciones de subversión

El veredicto del Tribunal de Primera Instancia, emitido en mayo, declaró culpables a 14 figuras prodemocráticas tras un proceso iniciado después de que Pekín introdujese en junio de 2020 una Ley de Seguridad Nacional en la miniconstitución de la ciudad -pasando por alto el poder legislativo local- un año después de multitudinarias protestas antigubernamentales.

Otros dos acusados fueron absueltos, mientras que 31 admitieron los cargos: en total, son 47 los implicados en el proceso, que comenzó a raíz de su participación en una elección primaria no oficial celebrada por el campo prodemocrático en 2020 y en las que más de 600.000 votantes eligieron candidatos para las elecciones legislativas.

En marzo de 2021, el bloque fue acusado conjuntamente de "conspiración para cometer subversión" en torno a dichos comicios, cuyo objetivo era ayudar a los partidarios de la democracia a seleccionar candidatos y asegurarse la mayoría.

Los condenados fueron señalados por haber planeado, en caso de obtener la mayoría, utilizar sus facultades como legisladores para bloquear proyectos de ley presupuestaria, paralizar el funcionamiento gubernamental y, eventualmente, forzar la dimisión de la entonces jefa del Ejecutivo, Carrie Lam.

Tres jueces del Tribunal Superior consideraron que las votaciones formaban parte de un amplio complot para “socavar, destruir o derrocar” el gobierno municipal provocando una “crisis constitucional” tras el comienzo de la legislatura.