Un juez dicta 36 meses de prisión para el hermano de Dina Boluarte por un caso de tráfico de influencias

• Nicanor Boluarte está siendo investigado por el caso denominado 'Los Waykis (amigos) en la sombra'
• El magistrado ha considerado que tendría facilidad para salir del país por su parentesco con la presidenta de Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte (Archivo) Carlos Garcia Granthon/ZUMA Pres / DPA

Un juez peruano ha dictado este martes 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien está siendo investigado por la Fiscalía por presuntamente liderar una red criminal que buscaba "perpetuarse en el poder y continuar con el control del aparato estatal".

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ha tomado esta decisión en el caso denominado 'Los Waykis (amigos) en la sombra', abierto por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias. El tribunal ha ordenado a la policía que localizara y detuviera "inmediatamente" a Nicanor Boluarte, que no se presentó a las vistas judiciales del lunes ni del martes.

El juez cree que podría tener facilidad para huir del país

El magistrado ha considerado que Nicanor Boluarte tendría facilidad para salir del país debido a su condición de hermano de la presidenta, además de descartar que tenga arraigo laboral y domiciliario, tal como argumentó la defensa. Concepción Carhuancho asegura que se trata de una medida "idónea que servirá para evitar que fugue o perturbe la actividad probatoria".

Al inicio de la audiencia de este martes, el abogado de Boluarte, Luis Vivanco, ha informado de que el investigado no se encontraba en el tribunal, a pesar de que el juez le había convocado a una sesión presencial, tras haber realizado las dos anteriores de manera virtual.

Concepción Carhuancho ha desarrollado los argumentos de su resolución a lo largo de tres jornadas, con más de diez horas de duración en cada caso, en los que concluye "que los hechos imputados si tendrían connotación criminal". El domingo pasado, al comenzar a leer su resolución, declaró inaplicables las leyes 32108 y 32138, aprobadas recientemente por el Congreso para modificar los criterios del delito de crimen organizado, y anunció que seguiría la ley "que estuvo vigente cuando se presentó el requerimiento de prisión preventiva".

"Se cumplen los requisitos para aplicar el control difuso", dijo tras señalar que la llamada 'ley del crimen organizado' contraviene "derechos fundamentales a la tranquilidad y seguridad de las personas", por lo que va contra la Constitución peruana y los tratados internacionales suscritos por Perú.

Nicanor también había sido detenido en mayo durante varios días como medida cautelar, cuando la policía allanó su domicilio en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de la presidenta peruana después de que se cuestionara su uso de relojes Rolex y joyas de lujo. Dina Boluarte, cuya popularidad ha caído a mínimos históricos y tiene mandato hasta julio de 2026, ha negado las acusaciones.

La presidenta también se enfrenta a una investigación por las decenas de muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y principios de 2023, tras la detención de su predecesor Pedro Castillo, destituido tras intentar disolver el Congreso.

Los detalles del caso

En esta investigación también se ha comprendido a Dina Boluarte, a Mateo Castañeda, exabogado de la mandataria, y a otras personas por presuntamente haber intervenido en la designación de prefectos y subprefectos en el país, los representantes de confianza del Ejecutivo en las distintas regiones de Perú.

Durante las audiencias del caso, el Ministerio Público argumento su solicitud en el testimonio de un amigo de los Boluarte, Víctor Torres, quien aseguró que el hermano de la jefa de Estado actuaba como el "poder en la sombra" en el actual Gobierno.

El pasado 12 de noviembre, la Fiscalía ratificó ante el tribunal que Nicanor Boluarte daba directrices para la designación de prefectos y subprefectos en Lima y en las regiones de San Martín, Cajamarca, Apurímac, Cuzco, Puno, Ica y Junín.

En la audiencia de este martes, el juez también ha dictado 36 meses de prisión preventiva para el exjefe de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, Jorge Luis Ortiz, de Jorge Chingay y de Zenovia Griselda Herrera.

También informó que el próximo viernes dará a conocer su fallo respecto al pedido fiscal de también imponer 36 meses de prisión preventiva al abogado Castañeda y el exprefecto de la ciudad Cajamarca Noriel Chingay. Al término de la sesión, las defensas de los cuatros imputados anunciaron que interpondrán recursos de apelación, que deberán ser resueltos posteriormente por un tribunal superior.