Ortega propone una reforma constitucional en Nicaragua para ampliar sus poderes y aumentar la Presidencia a seis años
- El presidente coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales
- El Parlamento nicaragüense está controlado de forma absoluta por los sandinistas
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha propuesto una reforma parcial de la Constitución para ampliar los poderes presidenciales y aumentar la duración del mandato de cinco a seis años. La iniciativa, divulgada por la Asamblea Nacional, establece que la Presidencia coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales, y estará integrada por un co-presidente y una co-presidenta, elegidos mediante sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, por mayoría relativa de votos.
La propuesta de reforma, enviada el martes al Parlamento, donde los sandinistas tienen mayoría absoluta, también plantea incluir como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007. La iniciativa también establece que la Presidencia de la República es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
Asimismo, según recoge Reuters, la reforma, que plantea reformar centenares de artículos de la Carta Magna, busca además controlar los medios de comunicación para "evitar que estén sometidos a intereses extranjeros".
El control del Parlamento permite a los sandinistas aprobar leyes ordinarias o reformar parcial o totalmente la Constitución. Ortega, de hecho, ha pedido reformar la Constitución en doce ocasiones desde 2007, incluida la modificación que le permite reelegirse de forma indefinida. El actual presidente se proclamó vencedor en las últimas elecciones que celebró el país, el 7 de noviembre de 2022, en las que no participaron sus rivales políticos por estar encarcelados.
Desde 1997, el período presidencial es de cinco años y Ortega, de 79 años, culmina su quinto mandato, y cuarto consecutivo, el 10 de enero de 2027.
Mandato de seis años e inmunidad para los co-presidentes
La enmienda también contempla que el co-presidente y la co-presidenta ejercerán sus funciones por un período de seis años, que se contará a partir de su toma de posesión y que, dentro de ese período, gozarán de inmunidad. Para optar a este cargo, los candidatos tienen que haber residido de forma continua en el país los seis años anteriores a la elección, salvo que durante ese período, por mandato oficial del Estado, cumpliese misión diplomática, trabajase en organismos internacionales o realizase estudios en el extranjero, entre otras.
Asimismo, no podrán ser candidatos a la Presidencia quienes encabecen o financien un golpe de Estado, los que alteren el orden constitucional, quienes hubiesen adquirido otra nacionalidad y los altos funcionarios del Estado "a menos que hayan renunciado al cargo doce meses antes de la elección". La nueva iniciativa de reforma dice que por falta definitiva de uno de los copresidentes, el otro co-presidente o copresidenta terminará el período por el que fueron electos.
En caso de falta definitiva de los dos copresidentes, el Consejo Supremo Electoral deberá convocar inmediatamente elecciones, que se celebrarán en un máximo de 60 días, y durante ese tiempo el titular del Parlamento asumirá las funciones de manera interina.
El 9 de febrero de 2023, Ortega anunció sus intenciones de reformar la Constitución Política para nombrar a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como "copresidenta de la República". "Aquí está la compañera Rosario Murillo, copresidenta de la República. En verdad así es: ¡Es copresidenta de la República!. En la Constitución tendremos que hacer algunas reformas", anunció el mandatario sandinista en presencia de su mujer, tras referirse a la excarcelación y expulsión hacia Estados Unidos de 222 presos políticos nicaragüenses, incluido sacerdotes católicos.
Ortega propone crear la Policía Voluntaria
La iniciativa de reforma constitucional también contempla la creación de la Policía Voluntaria como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional que, según los opositores, estaría compuesto de fuerzas parapoliciales y paramilitares. Según la propuesta, se trata de un grupo integrado "por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria".
Pese a que este cuerpo no existe en la Constitución, Ortega afirmó en septiembre de 2022 que el Ejército, la Policía y la "policía voluntaria" ayudaron a restaurar "la paz" en Nicaragua tras la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que dejaron cientos de muertos.
Según organismos humanitarios y opositores, esos civiles armados son "grupos parapoliciales y paramilitares" que actuaron con la aquiescencia de la Policía Nacional en la denominada 'Operación Limpieza' con la que el Gobierno neutralizó las manifestaciones en su contra.