La Policía brasileña presenta cargos contra el expresidente Bolsonaro por el intento de golpe contra Lula da Silva

• Bolsonaro ha sido acusado por el supuesto golpe de Estado de 2023
• Según la Policía Federal, Bolsonaro tendría pleno conocimiento de la tentativa de magnicidio

Lula da Silva en una rueda de prensa en Sao Paulo

La Policía Federal brasileña ha presentado este jueves una acusación formal ante el Tribunal Supremo contra Bolsonaro por un intento de golpe de Estado. El expresidente del país, inhabilitado por los jueces hasta 2030 por aprovecharse de su cargo para cuestionar el sistema de votación, podría enfrentarse a 12 años de prisión. Las autoridades detuvieron el pasado martes a cuatro militares y un agente de la Policía Federal por su supuesta implicación en un complot que buscaba derrocar al Gobierno tras las elecciones de 2022 y atentar contra la vida del actual presidente de Brasil.

"Primero, agradecer porque estoy vivo" después de "ese intento de envenenarme", ha dicho el mandatario en la que fue su primera reacción pública a ese frustrado magnicidio antes de que tomase posesión como presidente el 1 de enero de 2023. Según las autoridades, el intento de asesinato también apuntaba al vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez Alexandre de Moraes, miembro de la Corte Suprema. La institución ha denunciado a 37 personas, entre ellos varios militares de alto rango, por delitos de "abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita".

La trama se habría planificado, según los investigadores, en la casa de Walter Braga Netto, general de la reserva del Ejército y exministro de la Presidencia y de Defensa, además de candidato a la vicepresidencia de Bolsonaro en 2022. La Policía también ha acusado al exalmirante de la Marina Almir Garnier Santos del intento de golpe de Estado.

La investigación policial señala a Bolsonaro como actor clave en la conspiración y busca responsabilizarlo penalmente por el intento de golpe de Estado. Bolsonaro y sus principales asesores han negado cualquier irregularidad, y han calificado la investigación como una persecución política. El expresidente atribuye los cargos en su contra a la "creatividad" del juez que lo investiga".

"Yo no quiero envenenar a nadie ni perseguir a nadie. Quiero medir por números y datos quién hizo más escuelas, carreteras y obras en este país, pues eso es lo que vale de un Gobierno", ha dicho Lula, y añadió que eso se logra de "forma civilizada".

Lula ha enfatizado que su "deseo", desde que decidió postular a la Presidencia en 2022, "era devolverle a Brasil la normalidad y la civilidad democrática", después del conflictivo período en que el país se sumergió durante el mandato de su antecesor y líder de la extrema derecha, Jair Bolsonaro.

Una transición convulsa

Según las autoridades, el supuesto plan para el magnicidio fue planeado por cuatro militares y un agente de la Policía Federal a finales de 2022, después de que Lula derrotase en las urnas a Bolsonaro. La intención, de acuerdo a las pesquisas, era asesinar a Lula y a Alckmin, integrantes de la fórmula ganadora de las elecciones de octubre de 2022 y crear un "comité de crisis" integrado por militares que mantendría en el poder a Bolsonaro.

El líder de extrema derecha debía entregar el poder a Lula el 1 de enero de 2023, pero no reconoció su derrota y viajó a Estados Unidos dos días antes. Los planes barajaban el envenenamiento entre las posibilidades e incluían al magistrado De Moraes, a quien la extrema derecha acusaba de haber manipulado el proceso desde su posición de presidente del Tribunal Superior Electoral.

La existencia de este supuesto plan de magnicidio se vincula a las investigaciones sobre el asalto a los tres poderes del Estado ocurrido en Brasilia justo una semana después de la investidura de Lula. Ese 8 de enero de 2023, millares de activistas de extrema derecha intentaron llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno del líder progresista.

Los tribunales también investigan varias denuncias sobre diferentes maniobras para intentar impedir la investidura de Lula, en algunas de las cuales está salpicado Bolsonaro. Según fuentes judiciales, las investigaciones podrían concluir esta semana o la siguiente. La Policía Federal podría imputar por todos estos hechos a decenas de personas, incluidos algunos de los ministros del mandato de Bolsonaro.

Estos cargos serían un nuevo golpe a los planes de Bolsonaro de presentarse a las elecciones presidenciales de 2026. Sus aliados han tratado de revocar una decisión judicial que impide al líder ultraderechista postularse al cargo debido a sus ataques a la legitimidad del sistema de votación del país en 2022.

Quién es quién en la trama golpista

Las acusaciones son resultado de una investigación que comenzó hace casi dos años y está centrada en el convulso periodo por el que pasó el país tras las elecciones de octubre de 2022, donde Lula da Silva salió vencedor y el entonces presidente Bolsonaro no reconoció los resultados de las urnas.

De entre los 37 imputados, estos son los diez más influyentes:

Jair Bolsonaro, expresidente del país entre 2019 y 2022 y líder de la ultraderecha. Mantuvo un duro pulso con las instituciones, sobre todo con la Justicia electoral, a la que intentó desacreditar durante toda la campaña para las elecciones de 2022.

Walter Braga Netto, general de la reserva del Ejército y exministro de la Presidencia y de Defensa. Fue candidato a la vicepresidencia de Bolsonaro en las elecciones de 2022.

Augusto Heleno, general de la reserva del Ejército y nostálgico defensor de la dictadura militar de Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-7985). Fue ministro de Seguridad de la Presidencia.

Paulo Sérgio Noguiera: otro general de la reserva del Ejército. Fue ministro de Defensa con Bolsonaro.

Almir Garnier Santos, almirante y excomandante de la Marina. En los días en que se tramaba el golpe, le habría dicho a Bolsonaro que su "tropa" estaba "lista" para impedir que Lula asumiera el poder el 1 de enero de 2023.

Mauro Cid, teniente coronel y antigua mano derecha del líder de la ultraderecha. Auxilió a Bolsonaro y algunos de sus allegados en fraudes con certificados de vacuna anti Covid.

Filipe Martins, exasesor de Asuntos Internacionales de Bolsonaro. Era considerado el nexo entre los radicales brasileños y grupos de la ultraderecha estadounidense liderados por Steve Bannon, antiguo colaborador del ahora presidente electo Donald Trump.

Valdemar Costa Neto, actual presidente del Partido Liberal (PL), al que Bolsonaro se afilió para intentar su reelección en 2022. Un camaleón de la política, estuvo en la base de apoyo a Lula en sus primeros dos mandatos y en los últimos años se alió a la extrema derecha. En 2012, fue condenado a siete años de cárcel por un escándalo de sobornos parlamentarios y pasó un año en prisión.

Tércio Arnaud Tomaz, activista de la extrema derecha en internet, está vinculado a Bolsonaro desde hace más una década. Fue uno de los responsables de las redes sociales del expresidente en los dos primeros años de su mandato.

Paulo Renato de Oliveira Figueiredo, otro activista de redes, es nieto del general João Baptista de Oliveira Figueiredo, uno de los militares que presidió el país durante la última dictadura (1964-1985).