Trabajo reducirá por ley la jornada laboral a 37,5 horas semanales: "La patronal se queda sola"

• Abrirá primero una consulta pública e intentará pactar los detalles con los sindicatos
• La mesa del diálogo social termina sin acuerdo tras 11 meses de negociaciones

Dos obreros durante la construcción de una obra, a 10 de mayo de 2023, en Madrid (España)

El Gobierno iniciará este viernes los trámites parlamentarios para reducir por ley la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras terminar la última reunión del diálogo social sin un acuerdo con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme: "La patronal se queda sola", ha declarado. "Le costará explicar por qué no ha participado en una consecuencia lógica de la evolución de los tiempos".

Después de 11 meses de negociaciones con escasos avances, Pérez Rey ha avanzado que el primer paso será abrir una consulta pública, al tiempo que intentarán acordar con los sindicatos UGT y CC.OO los detalles de lo que consideran "el proyecto de ley más importante de la legislatura". Las conversaciones con los grupos políticos —ha dicho— ya han comenzado: "Vamos a intentar llegar al Congreso de los Diputados a la mayor brevedad para que podamos poner en marcha el compromiso con los ciudadanos".

A falta de conocer el texto, el secretario de Estado ha aclarado que proponen reducir la jornada laboral semanal a 37,5 horas directamente en 2025 y no de forma gradual, como se recogía en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar, con un primer paso de 38,5 horas en 2024. "Hemos sacrificado ese escalón en aras del diálogo social", ha justificado, antes de asegurar que el Ministerio de Trabajo ha estado "atornillado" a la mesa de negociación, haciendo "verdadera orfebrería negocial" durante casi un año, por lo que se ha reconocido perplejo por la falta de acuerdo.

Este fin de las negociaciones, no obstante, no es ninguna sorpresa. Los representantes de las organizaciones empresariales han llegado a la última reunión adelantando su negativa a la reforma, que consideran una "intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución".

Los empresarios han apostado así por los acuerdos en cada sector o empresa, pero el Ministerio estaba decidido a hacerlo por ley. Lo deslizó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista el pasado domingo en el periódico El Correo al afirmar que "antes de que termine el próximo año" se implantará la medida, que considera necesaria para mejorar la productividad y la vida de los trabajadores.

Tanto el 'número dos' de Trabajo como los sindicatos han subrayado este jueves, además, la importancia de que la reforma garantice el cumplimiento de los horarios laborales, a través de un registro digital "eficaz" y una mejora en la legislación en cuanto a la desconexión digital.

Pérez Rey cree que el 'no' de la patronal es por motivos "partidistas"

Pérez Rey ha insistido este jueves en calificar de "tomadura de pelo" la postura de la patronal, que no ha puesto "un solo papel encima de la mesa" ni ninguna "contrapropuesta" a pesar de los "esfuerzos" del Gobierno para plantear "alternativas", con la posibilidad de distribuir el tiempo de trabajo, estímulos a la contratación y ayudas directas a los sectores. Por ello, en su opinión, el 'no' de los empresarios se debe a motivos "ideológicos" y "partidistas", "por no parecer que apoyan la política laboral del Gobierno".

"Nadie puede comprender que sea imposible reducir dos horas y media la jornada laboral en la era de los algoritmos, la inteligencia artificial y la automatización de tareas", ha afirmado el secretario de Estado, que ha reiterado que su objetivo es que la reducción pueda aplicarse a todos los trabajadores, también los comercios o la hostelería, y no solo a empleados tecnológicos, financieros o del sector público. Ya existe el consenso social y político —ha dicho—, "solo las fuerzas ultras se han quedado fuera".

El presidente vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, ha negado esta acusación en una entrevista en 24 horas de RNE. "Creemos que no es bueno para el país, no es bueno para el empleo y no es bueno para el bienestar social", ha afirmado, al tiempo que ha calificado la reforma de "absolutamente ineficiente".

UGT y CC.OO. negociarán sobre horas extras y control horario

En la rueda de prensa posterior a la reunión, el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján, ha hablado de una "sensación agridulce" por haber demostrado que sí es posible la reducción de la jornada, pero sentir también que han estado perdiendo el tiempo en la mesa de negociación.

Asimismo, Luján ha aclarado que ellos no negociarán medidas o ayudas destinadas a las empresas —"a nosotros no nos corresponde", ha dicho— y ha pedido sanciones "adecuadas" para que a las empresa que se salten la legislación no les salga "más rentable incumplir que cumplir". De cara a la negociación que se abre ahora con el Gobierno, ha reclamado también medidas como obligar a pagar las horas extras un 25% por encima del salario de una hora normal.

Por su parte, el secretario de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CC.OO., Carlos Gutiérrez, ha celebrado el "fin de una etapa" aunque ha coincidido al lamentar que se haya perdido el tiempo. Ahora, ha reconocido que existe un "horizonte compartido" con el Ministerio de Trabajo, aunque ha rehusado hablar de un "preacuerdo" o "acuerdo inminente" porque quedan "flecos" por cerrar.

Ninguna de las partes ha querido aventurar fechas para los siguientes encuentros e hitos, pero tanto Gobierno como sindicatos han expresado su intención de que sea lo más rápido posible.