El Consejo de Europa falla contra España por la situación de la Cañada Real: 4.500 vecinos siguen sin electricidad

• Ante esta resolución, el Ayuntamiento de Rivas creará un consistorio para agilizar las ayudas

Imagen de una vecina del barrio la Cañada Real Ricardo Rubio / Europa Press

Los vecinos del barrio madrileño Cañada Real Galiana ―sobre todo los sectores quinto y sexto― siguen sin electricidad tras cuatro años desde que la empresa eléctrica Naturgy cortó el suministro por las subidas de tensión provocadas por los cultivos ilegales de marihuana en la zona. Después de una reclamación colectiva de cinco organizaciones de distintos países, entre ellas Comisiones Obreras (CC.OO.), al Consejo de Europa, este organismo ha declarado que España vulnera al menos diez derechos de la Carta Social Europea, según han confirmado fuentes del sindicato a RTVE.es.

El Comité Europeo de Derechos Sociales, perteneciente al Consejo de Europa, ha establecido que no se respetan los derechos a una vivienda digna; a tener protección social, económica, sanitaria y jurídica; a la protección contra la pobreza y la exclusión social o el de las personas con discapacidad a ejercer plenamente su derecho a la independencia, la integración social y la participación en la vida de la comunidad.

Para Manuel Rodríguez, secretario de políticas sociales de CC.OO. Madrid, también se está vulnerando el derecho a la educación, ya que muchos niños y niñas "no podían hacer los deberes por falta de luz". A su vez, ha denunciado que esta situación puede poner "en riesgo" la salud de los vecinos debido al aumento de las infecciones respiratorias, enfermedades dermatológicas y circulatorias.

Rodríguez ha expresado a RTVE.es que la resolución se publicará dentro de cuatro meses, el 26 de febrero de 2025. Este profesional ha indicado que la condena no es solo al Gobierno de España, sino también al gobierno de la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y al Ayuntamiento del municipio del barrio madrileño de Rivas. "Estas cuatro administraciones implicadas son quienes deberían garantizar estos derechos a las vecinas y vecinos de la Cañada Real", ha declarado.

Comisiones Obreras se mantiene a la espera de conocer las medidas específicas del organismo europeo y Manuel Rodríguez cree que "obligarán a que restituyan el suministro eléctrico de manera permanente".

"La solución no pueden ser los realojos"

Desde el 2 de octubre de 2020, en torno a 4.500 vecinos, de los cuales más de 1.800 son menores, sobreviven sin luz en sus casas. Ante esta situación, el secretario de políticas sociales ha señalado que "urge que las administraciones tomen medidas", pero que "la solución no pueden ser los realojos".

"Hay muchas vecinas y vecinos que no quieren irse de la Cañada Real", ha expuesto Rodríguez. Al mismo tiempo, ha apuntado que en tanto se producen esos realojos el "derecho a tener luz eléctrica sigue estando vigente" y que los vecinos "tienen derecho a tener una vida normal, como todos los ciudadanos de Madrid". En 2021 se puso en marcha el Grupo interministerial encabezado por el Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030 para dar ayudas a la población de la Cañada Real.

Creación de un consorcio para agilizar las ayudas

Como respuesta al avance de la resolución, el Ayuntamiento de Rivas ha propuesto este miércoles la creación de un consorcio entre las distintas administraciones implicadas. El objetivo es que se "avance y agilice" en la solución del problema de falta de luz en ese asentamiento para "garantizar los derechos fundamentales de su población".

Además, el consistorio ha recordado que esta figura, regulada en la Ley del régimen jurídico del sector público, permite que varias administraciones públicas "actúen de manera coordinada y con una gestión eficiente para abordar competencias de interés común".

La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, cree que esta medida también es necesaria para asegurar "el suministro eléctrico hasta que finalice el conjunto de realojos", ya que, según este ayuntamiento, en los sectores cuatro y cinco del Cañada hay electricidad, pero "con problemas puntuales". Con todo, apunta Castillejo que este consorcio tendrá una gestión más eficaz a la hora de destinar los recursos.

A su vez, el consorcio tendría como objetivo secundario "acelerar" la ejecución del plan de realojos establecido en el Pacto Regional de la Cañada Real, que cuenta con una dotación de 330 millones de euros para los próximos diez años.