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El Parlamento británico aprueba la proposición de ley para legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales

  • Serán necesarias dos declaraciones separadas, con testigos y firmadas, y someterse a la evaluación de dos médicos
  • El texto deberá ser aprobado ahora en la Cámara Alta y, previamente, podrán presentarse enmiendas

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El Parlamento británico aprueba la proposición de ley para legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales
Manifestantes a favor del suicidio asistido a las puertas del Parlamento británico REUTERS/Mina Kim

La Cámara de los Comunes británica ha aprobado este viernes la proposición de ley planteada por la diputada laborista Kim Leadbeater para legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales por 330 votos a favor frente a 275 en contra.

Esta diferencia de 55 votos en la Cámara baja permitirá que el texto prosiga su trámite parlamentario, con la presentación de enmiendas y escrutinio en la Cámara de los Lores, previo a un voto final que se retrasará meses.

Los diputados han expresado sus opiniones y debatido los diferentes puntos de vista desde las 9:30 GMT hasta casi las 14:30 GMT, cuando se ha dado a conocer el resultado de una votación en la que los partidos han dado a los parlamentarios libertad de sufragio, al considerar que se trata de un asunto de conciencia. El primer ministro británico, Keir Starmer, ya apoyó en 2015 la medida, se ha posicionado nuevamente a favor.

Pese a ello, no todos en el Ejecutivo han secundado la propuesta. Entre los partidarios, además del propio Starmer, también se han incluido la ministra de Economía, Rachel Reeves, y la de Interior, Yvette Cooper. Mientras, la viceprimera ministra británica, Angela Rayner; el ministro de Sanidad, Wes Streeting o los titulares de Justicia y Asuntos Exteriores, Shabana Mahmood y David Lammy, han votado en contra.

También se han observado diferencias en el Partido Conservador, pues mientras que el ex primer ministro, Rishi Sunak, se ha mostrado favorable, el actual líder 'tory', Kemi Badenoch, ha denegado la medida.

La denominada Proposición de Ley de fin de vida para adultos con enfermedades terminales, cuya iniciativa legislativa corresponde a Leadbeater a título personal, legalizaría, en caso de aprobarse de manera definitiva, que los mayores de 18 años que padecen una enfermedad terminal puedan recibir asistencia para morir tanto en Inglaterra como en Gales.

Un grupo de manifestantes contra la legalización del suicidio asistido

Un grupo de manifestantes contra la legalización del suicidio asistido AP Photo/Alberto Pezzali

Durante el transcurso del debate, a las puertas del Parlamento se han manifestado diversas organizaciones, incluidas de personas con discapacidad, tanto a favor como en contra de la medida. "El suicidio asistido no es la solución" o "Ayúdanos a vivir" eran algunos de los mensajes que llevaban en sus pancartas los manifestantes contrarios a la medida. Los que apoyaban la ley mostraban carteles con consignas como "Nuestras vidas, nuestras muertes" o "Dejadnos decidir".

La propuesta ha provocado un debate nacional en Gran Bretaña, en el que han intervenido tanto ex primeros ministros como líderes religiosos, médicos, jueces y ministros del Gobierno laborista de Keir Starmer.

Penas de hasta 14 años por presiones

A diferencia de propuestas pasadas, que habían resultado fallidas, la iniciativa de Leadbeater impone más requisitos a los interesados y convierte en delito, con penas de hasta 14 años por presionar, coartar o engañar a alguien para que se quite la vida o declare que quiere acabar con ella.

Los interesados deben ser residentes de Inglaterra o Gales y llevar al menos 12 meses registrados con un médico de cabecera, además de tener una expectativa de vida de menos de seis meses y estar en capacidad de tomar la decisión y expresar un deseo "claro, firme, informado y libre de coerción o presión".

Los afectados tendrán que hacer dos declaraciones separadas, con testigos y firmadas, sobre su deseo de morir, y deberán someterse a la evaluación de dos médicos y obtener una orden judicial. El texto aprobado dispone que, aunque un médico podría preparar el compuesto letal, debe ser la persona misma quien lo tome y nadie más estaría autorizado a administrarlo.