Venezuela aprueba una ley que castiga con hasta 30 años de cárcel el respaldo a sanciones extranjeras contra el Gobierno

• La norma incluye también inhabilitación política de 60 años de duración
• La Fiscalía abrió una investigación contra María Corina Machado por apoyar un proyecto de ley aprobado en EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Li Muzi / Xinhua News /EUROPA PRESS

La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, ha aprobado este jueves una ley que ordena entre 25 y 30 años de prisión y multas de hasta un millón de euros para las personas que promuevan o estén implicadas en las sanciones extranjeras impuestas al Gobierno y a las "autoridades" del Estado.

La 'Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela', que deberá ser firmada por el presidente Nicolás Maduro para su entrada en vigor, incluye también inhabilitación política de 60 años de duración a quienes incurran en estos "delitos".

Tampoco podrán concurrir electoralmente quienes hayan "promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución" de "acciones armadas o de fuerza, así como ataques cibernéticos" contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.

A las personas señaladas por estas acciones se les impondrá la misma condena e igual penalización económica, pagada con moneda local -bolívares- y con la tasa del euro como referencia, al ser más alta que la del dólar, usado de manera regular en el país.

La aprobación de la ley llega después de que el pasado viernes la Fiscalía de Venezuela anunciase la apertura de una investigación contra la líder del antichavismo María Corina Machado por apoyar un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que prohíbe a instituciones del Gobierno estadounidense contratar a personas o empresas que tengan lazos comerciales con el Ejecutivo chavista

Considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales

La ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, después de que el país recibiese más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, según los datos del Gobierno.

Este nuevo marco legal también define como "acciones que ponen en riesgo la soberanía" el desconocimiento a (la legitimidad de los) poderes públicos o el reconocimiento de investiduras a sujetos que "simulen" representar el poder público, en un país que celebró elecciones presidenciales en julio, cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos Gobiernos.

Además, se crea un registro nacional de personas bajo "presunción fundada" de incurrir en todas estas acciones, quienes corren el riesgo de que sus activos sean congelados, que se les prohíba hacer operaciones de compra y venta o, en el caso de extranjeros, de ser expulsados del país y sometidos a una "extinción de dominio" para que el Estado le despoje de bienes en el territorio nacional.

Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que "afecten a la República Bolivariana de Venezuela" también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.

Maduro tilda de "progresista" la ley

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha calificado este jueves de "progresista" la ley. "Es una ley avanzada, una ley en defensa de Venezuela, es una ley para acabar con la impunidad, era una ley necesaria", ha señalado el mandatario en el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro ha dicho que si Estados Unidos "aprieta su marcha" para "tratar de hacerle daño" a la nación caribeña, entonces su Gobierno lo hará para "hacerle bien al pueblo, proteger a la gente, fortalecer la institucionalidad".

Asimismo, ha pedido a los diputados explicar la ley en todo el país, al tiempo que ha anunciado que convocará a una "gran manifestación", sin precisar la fecha, para firmar el texto legislativo y que se publique en la Gaceta Oficial.