El registro de viajeros entra en vigor este lunes entre las críticas y rechazo del sector turístico

• Pretende disponer de información "precisa e indispensable" para las fuerzas y cuerpos de seguridad
• Las agencias alegan que la recogida de datos añade una carga burocrática que no pueden asumir y encarecerá los precios

El nuevo registro de viajeros, que pide más datos personales, no convence al sector turístico

El registro de viajeros que deberán hacer agencias de viajes, hoteleras y alquiladoras de vehículos sin conductor se activa a partir de este lunes con la oposición del sector, que considera que añade una carga burocrática y encarecerá los precios de los viajes.

A partir de ahora, deberán transmitir a la aplicación SES Hospedajes aquellos datos que ya recaban de manera habitual las empresas hoteleras y se incorporan a esta obligación las agencias de viajes. Este registro está recogido en un real decreto de 2021 y está activo desde 2022, aunque solo será obligatorio a partir del 2 de diciembre.

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Persigue disponer de información "precisa e indispensable" para las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque la normativa estaba obsoleta (el registro de pernoctaciones existe desde 1959 y el control de alquiler de vehículos desde 1974) y no recogía las nuevas modalidades de negocio, como las viviendas turísticas, los portales y las centrales de reservas digitales, según fuentes del Ministerio del Interior.

Deben aportar información los hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural, campings, zonas de estacionamiento de autocaravanas, apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter turístico. También los operadores turísticos que presten servicios de intermediación, las plataformas digitales que den servicios en España y las alquiladoras de vehículos sin conductor.

¿Cuáles son los datos que tienen que proporcionar?

Los datos que deben dar de los clientes son nombre y apellidos, sexo, DNI, nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual, teléfonos, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco (en el caso de que alguno sea menor de edad) y los datos de la transacción.

Además, los proveedores del servicio tienen que comunicar su nombre, DNI o CIF, municipio, provincia, teléfono, dirección de correo electrónico, web de la empresa, datos del establecimiento y otros de la transacción, como el tipo de pago, el titular del medio de pago o la fecha de caducidad de la tarjeta bancaria, entre otros.

Quejas desde el sector

Las agencias de viajes, representadas por las asociaciones CEAV, Fetave, Acave y Unav, se quejan de que la nueva norma exige recoger datos que afectan a la intimidad de las personas. Acusan al Gobierno de demostrar un "flagrante desconocimiento" de sus operativas y un "manifiesto desinterés por paliarlo".

Las agencias de viajes alegan que la recogida de datos añade una carga burocrática que no pueden asumir, porque un 95% son pymes y en muchos casos con un solo empleado, con lo que deberán prorrogar tiempos de trabajo. Además, alertan sobre la posibilidad de que provoque cierres y un hipotético encarecimiento del precio de los viajes.

Acave denuncia que, en un "procedimiento ya caótico de por sí", las agencias tienen además que trabajar con al menos tres plataformas diferentes" y que estas están presentando "muchos errores técnicos". Por su parte, la CEAV cree que pone en riesgo la evolución favorable que está teniendo la industria turística, con la afectación quepueda suponer para la economía española.

En una carta abierta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el comité ejecutivo de CEAV llama a estos a una "reflexión que derive en la apertura de un diálogo real, leal, sincero y efectivo que permita poner freno a un hecho que puede derivar en un gravísimo perjuicio de ámbito nacional, más allá del que ya está suponiendo para las agencias de viajes españolas".

Entre otras razones, señalan que no conocen ningún problema de seguridad que justifique que ellos deben registrar los numerosos datos que se les exige de los viajeros. También indican que ningún país del entorno ha dispuesto nada similar y que incluso "puede llegar a poner en peligro la propia seguridad ante una ciberdelincuencia que, tristemente, avanza a pasos agigantados".

Con todo, aseguran que varios tour-operadores, especialmente europeos, están centrando su atención en destinos competidores de España ante el rechazo que en sus respectivos países está teniendo esta cuestión.

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Norma dirigida a garantizar la seguridad

El Ministerio de Interior, por su parte, aclara que no introduce exigencias de información adicional a la que ya se solicita actualmente.

Fuentes de Interior señalan que las agencias de viajes no debían quedar ajenas a estas obligaciones y añaden que se trata de una norma dirigida a garantizar la seguridad, por lo que "no se puede permitir que nazca con huecos" que puedan ser usados por los delincuentes.

También los hoteleros, a través de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), han mostrado su rechazo a la norma y anuncian que estudian acciones legales.

Hasta ahora, 61.540 establecimientos hoteleros, 1.094 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y 1.720 empresas de alquiler de vehículos han aportado 4,77 millones de datos a la aplicación.

Con ellos, el Ministerio del Interior ha localizado a 18.584 personas sobre las que constaba alguna requisitoria policial y que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o en el sistema de información del Espacio Schengen. Estas personas están vinculadas con operaciones policiales, pero no significa que sean delincuentes en potencia, sino que puede darse el caso de que, únicamente, se requiera alguna información valiosa para el caso, normalmente de terrorismo, criminalidad organizada o criminalidad grave.