Glovo anuncia que impulsará un nuevo modelo laboral y que contratará a sus repartidores en España
- La compañía ha estado durante años en el punto de mira por su utilización de la figura de los autónomos
- Yolanda Díaz ha señalado desde Bruselas que "ninguna empresa, por grande que sea, puede imponerse a la democracia"
La plataforma de entregas a domicilio Glovo ha anunciado este lunes que cambiará su modelo de relaciones con sus trabajadores en España. A partir de ahora, realizará contratos laborales y sus repartidores dejarán de ser autónomos.
La compañía ha tomado esta decisión tras estar durante años en el punto de mira por su utilización de la figura de los autónomos, que ha llevado incluso a un juez de Barcelona a investigar si ha vulnerado los derechos de sus trabajadores.
En un comunicado, Glovo ha asegurado que ha dado este paso "en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado". Además, ha anunciado que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el proceso de cambio de modelo.
La firma tecnológica ha apuntado que el cambio de modelo se llevará a cabo en todas las ciudades en las que realiza entregas, que superan las 900, y en todos las verticales de la aplicación. Ahora bien, Glovo no ha concretado ni cuándo tendrá lugar ni tampoco cuándo se abrirá la mesa de diálogo.
La mesa de diálogo con los agentes sociales estará abierta al resto de operadores del sector "para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados", según apuntan desde la empresa. De esta forma, afirma Glovo, demuestra su compromiso "con el desarrollo de la economía digital" en España, y que este nuevo paso "refuerza y consolida" su proyecto en España.
Investigación judicial abierta contra Glovo
La investigación judicial contra Glovo se abrió a partir de la denuncia que la Fiscalía de Barcelona presentó el pasado junio contra el responsable de la compañía de reparto. El ministerio público considera que la compañía "suprime" los derechos de los trabajadores al contratar a falsos autónomos.
Según el relato de la fiscalía, los repartidores "se ven obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa". La diligencias de investigación ordenadas por el ministerio público se produjeron a raíz de un informe elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que remitió a su vez a la Fiscalía General del Estado el pasado mes de octubre.
El ministerio público recuerda que es "una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección a la Seguridad Social".
"Hoy ha ganado la democracia en nuestro país"
"Saben que he dicho durante mucho tiempo que un joven que transita en una bicicleta con un móvil en su mano en una ciudad cualquiera del mundo, no es un emprendedor", ha señalado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz desde Bruselas, que considera que "hoy ha ganado la democracia en nuestro país".
La vicepresidenta segunda ha recalcado la importancia de la Ley Rider. "Ninguna empresa, por grande que sea, por mucho poder que tenga, ninguna tecnológica puede imponerse a la democracia", ha reiterado. Además, defiende que el cambo de modelo laboral de Glovo es un mensaje para el resto de países: "Si es posible en España, es posible para el conjunto de Europa y para el resto del mundo".
También ha señalado que se trata del "movimiento afiliativo más importante de la historia de España realizado por la Inspección de Trabajo". De tal manera, alaba el trabajo de los inspectores, que va a resultar en una "recaudación de 267 millones de euros, aparte del coste de las sanciones", según ha explicado la ministra.