Díaz da la "bienvenida" a una empresa pública de vivienda pero cree que no bajará los precios del alquiler

• Culpa del problema a las 11 comunidades del PP por no aplicar la ley estatal y aboga por retirarles fondos públicos
• La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, asegura que servirá para "combatir" los incumplimientos de las autonomías

Yolanda Díaz atiende a los medios a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas, a 2 de diciembre de 2024 EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado este lunes la "bienvenida" a la creación de una empresa pública de vivienda, si bien ha valorado que no servirá para bajar los precios del alquiler.

"La noticia es bienvenida, es una forma de gestión. Está bien, por tanto, que diseñemos las estrategias colectivas como país, desde lo público, en materia de vivienda, pero esto no sirve para bajar hoy el precio de vivienda", ha afirmado en declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo de Empleo de la Unión Europea en Bruselas.

Al margen del anuncio realizado en la víspera por el presidente Pedro Sánchez durante la clausura del 41 Congreso Federal del PSOE celebrado en Sevilla, Díaz ha culpado a las once comunidades gobernadas por el PP de mantener los elevados precios de los alquileres por no aplicar la ley estatal de vivienda y ha vuelto a proponer retirarles los "fondos públicos que perciben" si se mantienen "rebeldes".

"Es importante que España se dote de una agencia pública de vivienda, pero es más importante cumplir con el mandato constitucional y la Constitución española dice que no se puede especular con la vivienda", ha señalado.

Regular los precios del alquiler de temporada

Asimismo, la vicepresidenta segunda ha defendido que el Ejecutivo tiene que actuar "de manera inmediata" en la regulación de los mercados "de temporada y de alquiler", sectores que, en su opinión, "están elevando al alza el precio de la vivienda".

En este sentido, Díaz ha lamentado "profundamente" que el Partido Socialista haya votado en contra de subir al 21% el IVA a estas viviendas, una reforma fiscal que considera "clave" para el objetivo de regular los precios.

"Para bajar el precio hay que actuar de manera inmediata, como se hace en otros países, impidiendo la compraventa de viviendas que sean destinadas a la especulación", ha insistido finalmente.

Rodríguez dice que la empresa pública combatirá los incumplimientos

En cambio, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado también este lunes que la nueva empresa pública de vivienda servirá para "combatir" a aquellas comunidades que no cumplen con la ley de vivienda.

Rodríguez ha argumentado que dicha empresa continuará con la política de vivienda que desde el Gobierno se han comprometido a desarrollar durante la legislatura al poner "todos los recursos del Estado para dar respuesta a un problema muy importante que hoy tienen los españoles".

Según ha expuesto, es "un instrumento más", que se suma a la ley de vivienda y que tendrá "mucha importancia" para combatir a aquellas comunidades que no aplican la ley, como la Comunidad de Madrid, si bien no ha explicitado de qué forma.

Preguntada por las competencias de esta empresa pública, Rodríguez ha deslizado que "hay algunos instrumentos" que se han fortalecido y a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) se dotará de "más esfuerzos" para que se pueda dar cumplimiento a la ley de vivienda y al compromiso del Gobierno en materia de vivienda con la ciudadanía.

Bustinduy pide a la Comisión Europea una "intervención decidida"

En la línea de Díaz, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy, que forma parte también de Sumar, ha señalado este lunes que el Gobierno defenderá ante la nueva Comisión Europea una "intervención decidida" en materia de vivienda.

"España tiene que impulsar que las instituciones europeas asuman un papel de liderazgo para poder garantizar el acceso efectivo a ese derecho y creo que España tiene que dar ejemplo", ha afirmado en declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales en Bruselas.

En este sentido, ha apuntado que "con ocasión de los próximos presupuestos generales del Estado, hay que intervenir el mercado de la vivienda en España", que ha calificado de "rentista y especulativo": "Lejos de crear riqueza o valor, lo único que hace es extraerlo", ha añadido.

En relación con esa "intervención decidida del mercado de la vivienda", ha abogado por "topar los precios de los alquileres", "prohibir la compra especulativa de vivienda" y "desmantelar modelos de negocios que estén basados en prácticas ilegales o abusivas", entre los que ha destacado los pisos turísticos y las prácticas de "muchas grandes inmobiliarias".

Preguntado por qué medidas debería priorizar el Ejecutivo comunitario, Bustinduy ha argumentado que es necesario partir del diagnóstico y de la premisa "clara" de que "la vivienda es un problema estructural a nivel comunitario y que en muchos países se está convirtiendo en un factor de riesgo de exclusión social y de pobreza" y un derecho que "está gravemente amenazado" cada vez en más países, incluida España.

"Creo que lo primero es tener claro el diagnóstico y también poner los recursos necesarios para poder construir un parque de vivienda pública a la altura de las necesidades que presentan hoy muchos países europeos", ha zanjado.