Iustitia Europa impugna el registro de viajeros y pide su suspensión cautelar ante la Audiencia Nacional

• La normativa, que entró en vigor este lunes, obliga a recopilar y almacenar más datos del cliente durante tres años
• Argumentan que supone un perjuicio irreparable y tendrá un “severo impacto en el turismo y en la imagen de España”

Imagen de archivo de una recepción de hotel Getty Images

Iustitia Europa y su presidente y abogado, Luis María Pardo, han interpuesto este miércoles un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el decreto del Ministerio del Interior que regula las obligaciones de registro de viajeros, solicitando su suspensión cautelar.

La normativa, que entró en vigor el pasado lunes 2 de diciembre, obliga a hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recopilar y almacenar hasta 42 datos personales de sus clientes durante tres años, ha recordado este miércoles el partido en un comunicado.

Iustitia Europa ha calificado dicho decreto como "una flagrante violación de los derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por parte de un Gobierno que camina hacia la deriva institucional".

A su juicio, el decreto "invade la privacidad de millones de turistas, ciudadanos españoles y extranjeros", al exigir información extremadamente sensible, como datos financieros, relaciones familiares o de parentesco y métodos de pago.

Pide la suspensión cautelar de la norma

Asimismo, Iustitia Europa ha solicitado la suspensión cautelar de la norma, argumentando que su ejecución supondría un perjuicio irreparable y tendría un “severo impacto en el turismo y en la imagen de España”.

Y es que considera que la obligación de recopilar datos sensibles podría disuadir a turistas internacionales de visitar España, afectando directamente al sector hotelero y a la competitividad del país. "No todo vale en nombre de la seguridad", ha recalcado su presidente.

En su opinión, estas medidas son "desproporcionadas, vulneran la intimidad de las personas, el reglamento general de protección de datos y carecen de base jurídica suficiente", ha afirmado Pardo.