La Justicia obliga al Ayuntamiento de Barcelona a pagar el permiso parental de ocho semanas a un empleado

• El consistorio catalán deberá abonar una cuantía por valor de 4.000 euros
• CSIF exige que el Gobierno “regule ya este derecho que lleva más de dos años de retraso”

Una sentencia pionera obliga a pagar el permiso parental de 8 semanas a un trabajador

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Barcelona ha dictaminado una sentencia por la que se concede, por primera vez en España, el derecho a un empleado a disfrutar del permiso parental de ocho semanas, retribuido. Según establece la Directiva de la Unión Europea 2019/1158, "los Estados miembros deben adoptar medidas para asegurar que los trabajadores tengan un derecho individual a gozar de un permiso parental de cuatro meses hasta que el hijo tenga, como máximo, ocho años, y que este sea remunerado". Sin embargo, todavía está pendiente que esta directiva europea se transponga de forma íntegra por parte del Gobierno.

El dictamen afecta a un trabajador público del Ayuntamiento de Barcelona, defendido por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El empleado reclamó un permiso parental remunerado para el cuidado de un hijo menor de ocho años, y gozó de él entre los meses de octubre y diciembre de 2023.

El Ayuntamiento consideró en un inicio el permiso como retribuido, pero después cambió de parecer y lo declaró como no retribuido. En consecuencia, el funcionario reclamó lo sucedido a la Justicia.

La jueza que lleva el caso subraya el carácter vinculante de la normativa europea relacionada con la conciliación de la vida doméstica y la profesional. Tal y como explica, las disposiciones de la normativa “son incondicionales, suficientemente claras y precisas y atribuyen derechos a los particulares. Además, es innegable que el Estado español no ha traspuesto la directiva antes del plazo correspondiente”. A pesar de que todavía no existe una normativa que recoja el derecho a que se retribuyan estas ausencias, la magistrada de la sentencia ha reconocido que el consistorio catalán ha de abonar al trabajador una cuantía de 4.000 euros más los intereses legales requeridos.

CSIF exige al Gobierno que “regule ya este derecho”

En junio de 2023, la Administración aprobó un decreto sobre esta cuestión que evade de manera expresa el desarrollo de la prestación con carácter retribuido. CSIF pidió al Ejecutivo que dictase las instrucciones pertinentes sobre la obligatoriedad de la retribución, tanto en el sector privado como en las administraciones públicas. Por su parte, la Comisión Europea expedientó a España por quebrantar la directiva relativa a los permisos parentales.

Para el sindicato, esta sentencia es "pionera", aunque sea en primera instancia, e indican que el fallo promoverá reclamaciones similares en otros ámbitos de las administraciones públicas para que la justicia cree jurisprudencia sobre esta cuestión. "En todo caso, entendemos que el Gobierno debe adoptar sin más demora la directiva con carácter retributivo. No se entiende que un Gobierno que ha venido abanderando públicamente el reconocimiento de los derechos para las personas trabajadoras en materia de conciliación, restrinja el disfrute del permiso parental", indican en un comunicado.

La secretaria de Igualdad del sindicato CSIF, Eva Fernández, ha asegurado que esperan que “el Gobierno tome nota y demuestre que está de verdad comprometido con la defensa del derecho de los trabajadores y de la conciliación”, y le exigen que “regule ya este derecho que lleva más de dos años de retraso”.