El Gobierno, el PP, Canarias y Ceuta retoman las negociaciones sobre la reforma de la ley de extranjería
- El PSOE celebra el retorno a las negociaciones mientras el PP enfría las opciones de acuerdo
- La presión migratoria se mantiene en Canarias y Ceuta, que piden un reparto solidario para asistir a los menores
El Gobierno, los presidentes de Canarias y Ceuta y el Partido Popular retoman este jueves las negociaciones sobre la reforma de la ley de extranjería para tratar de llegar a un acuerdo sobre los menores migrantes no acompañados. El punto clave a tratar será el artículo 35 de esta norma, con el que buscarán establecer la obligatoriedad del principio de solidaridad en la distribución de menores no acompañados entre todas las comunidades autónomas.
Tras dos meses sin contactos ni avances, la reunión llega en un clima político tenso por las discrepancias entre socialistas y 'populares' en materia migratoria, pero también con la urgencia de abordar una crisis humanitaria con cifras récord.
Con la recepción de más de 40.000 personas migrantes, 2024 se ha convertido en el año con más llegadas irregulares a Canarias en la historia, según el último balance del Ministerio del Interior. La presión también se ha elevado en Ceuta, donde las llegadas terrestres han aumentado un 126,3% respecto a 2023.
Mientras tanto, al complicado contexto social y político se suma Vox, contrario a la reforma migratoria y que este miércoles ha vuelto a redoblar la presión sobre el PP al romper las negociaciones de los presupuestos en aquellas comunidades donde los 'populares' no cuentan con mayoría suficiente.
Clavijo se muestra "optimista" y Torres espera "buenas noticias"
Con la vista puesta en la Conferencia de Presidentes del 13 de diciembre, el presidente canario, Fernando Clavijo, se mostraba a comienzos de semana "optimista" ante la posibilidad de alcanzar un consenso entre las partes. "Esta semana podemos tener la respuesta y si no, como ya he dicho, (...) Canarias llevará su propuesta con un amplio acuerdo político", indicó a los periodistas.
El Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, se muestra más prudente, si bien celebra el regreso de las reuniones. "Espero que esta semana tengamos buenas noticias", expresó el lunes el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que recalcó a los medios los intentos para acometer la reforma legislativa. "Yo no sé qué más podemos hacer", comentó, no sin antes indicar que lo "importante" es que estén todas las partes de nuevo en la mesa.
Sin embargo, en Génova no se muestran tan positivos y enfrían las opciones de alcanzar un acuerdo, pese a haber reactivado el diálogo, ya que, según fuentes 'populares' a EFE y Europa Press, el Gobierno debería mover su posición. En especial, ponen el foco en dos aspectos: en pedir ayuda a Frontex para frenar la inmigración irregular y en dotar de financiación suficiente a las comunidades autónomas para atender a los migrantes.
"Todo lo que nos han pedido lo hemos ido respondiendo", ha dicho ante esto el ministro Torres. "Estamos hablando de admitir a trámite una proposición de ley que, incluso, en el trámite parlamentario puede haber nuevas enmiendas y nuevas peticiones", ha subrayado este miércoles ser preguntado por la posición del PP.
El PP reclama el cumplimiento de sus peticiones
Desde el inicio de las negociaciones, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se mostró dispuesto a cumplir con sus "obligaciones" de solidaridad acogiendo a más de 300 menores migrantes. Pero para ello, planteó varias peticiones al Gobierno central, como que pusiera a disposición de las autonomías recursos económicos e instalaciones suficientes para ofrecer la asistencia o que asumiera "la parte que no puedan gestionar" las comunidades.
Conforme avanzaban las reuniones para tratar de llegar a un acuerdo, el PP comenzó a verter duras críticas a la gestión del Gobierno y denunció su falta de actuaciones ante la crisis migratoria.
Poco después, el primero de los frentes se abrió en el Congreso, donde se debatió la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería a petición de Coalición Canaria, PSOE y Sumar. Tras unas intensas negociaciones que se alargaron hasta el momento de la votación, PP y Junts tumbaron la proposición, afirmando que no se tomaba en cuenta sus exigencias.
El pasado 5 de octubre, finalmente, suspendieron las negociaciones bajo el pretexto de que no había pedido suficiente ayuda a la Unión Europea en materia migratoria, ante lo que Moncloa respondió semanas después enviando una misiva a Bruselas.
Entre tanto, el PSOE, el PP y el Gobierno canario también protagonizaron disputas públicas a costa del protocolo de atención a menores migrantes, suspendido por la Justicia canaria a petición de la Fiscalía, que apuntó a una posible vulneración del derecho de igualdad y de integridad moral.
El último reproche de los 'populares' llegó la semana pasada, tras el anuncio de la nueva reunión. El partido recordó entonces a Torres que seguían incumpliendo "las dos exigencias claras y concretas" que le plantearon desde el PP y le reprochó "la desidia" con la que habían gestionado la "grave crisis migratoria" que afecta a España.
Vox lanza un órdago al PP en seis comunidades
Paralelamente, Vox ha mostrado su rechazo frontal a los pactos migratorios rompiendo relaciones con el PP hasta en dos ocasiones. La primera fue en julio, cuando el partido de extrema derecha provocó un terremoto político al salir de los Gobiernos de coalición en Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura y Murcia.
Ahora, ha vuelto a lanzar un órdago ayudándose de la aritmética parlamentaria para hacer peligrar la aprobación de las cuentas públicas para 2025 en esas comunidades. "Nosotros no vamos a participar en el reparto de inmigración ilegal y de inseguridad que pretenden Feijóo y Sánchez", ha anunciado este miércoles el general de Vox, Ignacio Garriga, que ha asegurado que a su partido "no le va a temblar el pulso".
"Es el PP quien quiere y debe decidir si prefiere estar al lado del PSOE en el reparto de inmigración ilegal o decidir caminar de la mano de Vox para recuperar la seguridad y frenar la invasión migratoria", ha lanzado Garriga, que más tarde, en una entrevista en 24 horas de RNE, ha dicho "confiar" en que el PP opte finalmente por hacer "un acto de responsabilidad" alineándose con su partido.
Pese a la advertencia de Vox, el PP mantiene su postura, contenida en el pacto alcanzado con Fernando Clavijo en septiembre, y el líder 'popular' ha avanzado que su formación seguirá defendiendo "sus principios y sus convicciones, sin someterte a chantajes de ningún tipo, ni de un lado ni del otro".
En términos similares se ha pronunciado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que ha acusado a Vox de “bloquear por bloquear”. "Cada partido tiene que tener libertad para elegir y hacer lo que considere, y luego también los ciudadanos tienen la libertad para decir quién considera que es útil y quién hace propuestas, como nosotros", ha manifestado.